María Guadalupe Garduño Acevedo

Expediente 1889/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1889/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • María Guadalupe Garduño Acevedo
  • Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México Y Municipios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación con los puntos 8.1.2. en su numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el amparo solicitado. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Principal

    R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********, respecto de los actos y la autoridad reclamados en el presente juicio, y por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese como legalmente corresponda.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; catorce de febrero de dos mil veintitrés. ESCRITO AUTORIZADO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos el escrito signado por Benito Sánchez Salinas, quien se ostenta como representante legal de la quejosa María Guadalupe Garduño Acevedo, todo vez que no acredita con documento alguno tal carácter, dado que del escrito inicial de demanda se advierte le asiste el carácter de autorizado en términos amplios de la Ley de Amparo; escrito con el cual pretende desahogar el requerimiento formulado por este Juzgado respecto a la ampliación de la demanda de amparo. En ese sentido, de conformidad con el artículo 27, párrafo segundo, 6, 12 y 108 de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener por desahogado el requerimiento; lo anterior es así ya que si bien es cierto el promovente se encuentra autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo cierto es que no cuenta con atribuciones para pronunciarse sobre la ampliación de la demanda, ya que existen actos jurídicos que deben provenir directamente de la voluntad del interesado por influir en la configuración de la Litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J. 37/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, junio de 2011, página 68, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. Notifíquese como legalmente corresponda.

  4. Principal

    En cumplimiento al apercibimiento realizado mediante aviso de quince de febrero de dos mil veintitrés, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, la determinación de catorce de febrero de dos mil veintidós que dice: Toluca, Estado de México; catorce de febrero de dos mil veintitrés. ESCRITO AUTORIZADO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos el escrito signado por Benito Sánchez Salinas, quien se ostenta como representante legal de la quejosa María Guadalupe Garduño Acevedo, todo vez que no acredita con documento alguno tal carácter, dado que del escrito inicial de demanda se advierte le asiste el carácter de autorizado en términos amplios de la Ley de Amparo; escrito con el cual pretende desahogar el requerimiento formulado por este Juzgado respecto a la ampliación de la demanda de amparo. En ese sentido, de conformidad con el artículo 27, párrafo segundo, 6, 12 y 108 de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener por desahogado el requerimiento; lo anterior es así ya que si bien es cierto el promovente se encuentra autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo cierto es que no cuenta con atribuciones para pronunciarse sobre la ampliación de la demanda, ya que existen actos jurídicos que deben provenir directamente de la voluntad del interesado por influir en la configuración de la Litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J. 37/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, junio de 2011, página 68, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. Notifíquese como legalmente corresponda.

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