María Guadalupe García Rodríguez

Expediente 165/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
165/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
20/02/2018

Partes del expediente

  • María Guadalupe García Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO EJECUTORIA,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA...

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ................... fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa en esencia reclama la dilación de resolver su solicitud de pensión de viudez con número de ................ misma que fue ingresada el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, y que en términos de lo establecido por el acuerdo .................... dictado por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, debió resolverse en el término de doce días hábiles. En mérito de lo anterior, lo procedente es desechar la demanda de amparo, toda vez que este juzgador advierte la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 1º fracción I y 5° fracción II, del mismo ordenamiento legal, los que a la letra, establecen: ...................................................................El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. A consideración de quien resuelve, la causa de improcedencia invocada se surte plenamente en el presente asunto, toda vez que la conducta que se reclama, no resulta ser acto de autoridad, sino un acto emanado de la relación entre beneficiario y órgano asegurador, toda vez que el acto consistente en la dilación de resolver su solicitud de pensión de viudez con número de folio ...................... la que fue ingresada el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, es un acto en ejercicio de una potestad pública, dado que emana de la relación entre beneficiario y órgano asegurador; sin embargo, no actúa como autoridad alguna para los efectos del juicio constitucional, pues, en la especie, el citado instituto no está investido con facultad o poder de imperio, sino sólo determina la procedencia de una prestación solicitada en relación con los requisitos que deben cumplirse para ello. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es corolario de lo anterior que, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Así pues, cualquier decisión que adopte el organismo público, en su carácter de órgano asegurador, con motivo del desempeño de las labores, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación beneficiario y órgano asegurador, que actúan en el mismo plano de igualdad; de ahí, que los conflictos que se susciten entre éstos, deben ser ventilados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es un órgano creado por la ley para ese fin; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295, de la Ley del Seguro Social. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPOROCEDENTE la presente demanda de amparo promovida. Por otro lado no ha lugar, a tener como domicilio para oir y recibir notificaciones el que señala, pues las listas es una forma de notificar a las partes, no propiamente un domicilio para que aquéllas las señalen como domicilio procesal, por ello, mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado. Téngase por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado.

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