María Guadalupe García Pamatz
Expediente 505/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Guadalupe García Pamatz
- Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Acuse de recibo. Téngase por recibido el oficio de cuenta, enviado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, por medio del cual acusa recibo de los diversos 6608/2022 y 6609/2022, de diez de marzo de dos mil veintidós, por el que se ordenó el archivo del juicio en que se actúa, y se le devolvieron seis tomos de prueba. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 505/2020. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El diecinueve de agosto de dos mil veinte, María Guadalupe García Pamatz, por su propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. El veintiuno de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, ordenando registrarla con el número 505/2020. Previo los trámites de ley, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 2 Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos de autoridad residente en la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán; y Actuario Adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán; La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil número 105/2010, sobre reivindicación de inmueble promovido por Arnulfo Tinoco Saucedo en contra de MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 3 María Socorro Huerta Ruiz, al aducir que tiene un contrato de arrendamiento y por ende la posesión respecto del inmueble objeto de la controversia ubicado en la calle Revolución Oriente, número ochenta y uno de la tenencia de Opopeo, municipio de Salvador Escalante, Michoacán. TERCERO. Existencia del actos reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juzgado Primero en Materia Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, pues así lo manifiesta en su informe justificado. Existencia que además se corrobora con las constancias remitidas del juicio de origen número 105/2010, del índice de la responsable; las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. Respecto a la diversa autoridad responsable Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán negó la existencia del acto reclamado, manifestando que no le fue ordenado ejecutar la sentencia definitiva del juicio de origen, sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada toda vez que de las constancias relativas al juicio ordinario civil número 105/2010, se desprende que en proveído de ocho de julio de dos mil diecinueve, se ordenó la ejecución de la MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 4 referida sentencia proveído que fue confirmado en resolución de once de septiembre de dos mil diecinueve. Con lo que se advierte la existencia del acto reclamado al Actuario Judicial, desvirtuándose la negativa de la referida autoridad responsable. Es previo añadir que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, lo que trae como consecuencia que deba decretarse su sobreseimiento. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que en párrafos que anteceden se tuvo como cierto. CUARTO. Causales de improcedencia. Procede analizar las causas de improcedencia que pudieran actualizarse en el juicio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 5 establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia ; [.]". En relación con lo anterior, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]". De dichos preceptos se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, que la norma o el acto reclamado causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 6 En efecto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica la jurisprudencia1 que dice: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 en relación con la fracción I, del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a demostrar la titularidad del derecho que 1 Registro digital: 220965 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 3o. J/26 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Diciembre de 1991, página 117 Tipo: Jurisprudencia MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 7 estima violado, esto es, que las prerrogativas que en su caso pudieran verse afectadas a través de los actos reclamados, le corresponden. Por otro lado, el interés jurídico es una cuestión atinente a la legitimación en la causa del promovente del amparo; de modo tal que, si no se demuestra ésta, ello imposibilita a los juzgadores a realizar cualquier análisis respecto de los derechos fundamentales que aduce la quejosa se violentan en su perjuicio. En esa medida, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo, se concibe como la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la Constitución o por la ley; y, la existencia de un acto de autoridad que lo vulnere o restrinja. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis2 de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la 2 Registro digital: 185149 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.13o.A.23 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Enero de 2003, página 1803 Tipo: Aislada MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 8 palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto". De las constancias que remitió con su informe de ley el juez responsable, a las que se otorgó valor probatorio en párrafos precedentes, se obtiene que el veinticuatro de febrero de dos mil diez, Arnulfo Tinoco Saucedo, promovió juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble, frente a Socorro Huerta Ruiz, mismo que fue turnado al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán en donde se registró con el número 105/2010. El tres de febrero de dos mil once, se dictó sentencia que declaró procedente la acción intentada, misma que el ocho de abril de dos mil once, fue confirmada dentro del toca civil I-81/2011, de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Derivado de lo anterior, el cinco de abril de dos mil trece, se ordenó a ejecución forzosa de la sentencia de origen, por lo que el diecinueve de junio de la propia anualidad se realizó la diligencia respectiva en la cual hubo oposición a la entrega voluntaria del inmueble, por lo que mediante proveído de dos de julio de dos mil MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 9 trece, se ordenó nuevamente la ejecución forzosa de la ejecución de sentencia ahora con el auxilio de la fuerza pública, la que tuvo verificativo el trece de agosto de dos mil catorce, sin poder efectuar la entrega respectiva al no contar con cerrajero. En ese orden de ideas, el treinta de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó una vez más la ejecución de la sentencia, por lo que el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se efectuó la diligencia sin lograr el cometido por razones de seguridad, de ahí que nuevamente se solicitara la ejecución forzosa de la sentencia de origen, por lo que se emitió el auto de ocho de julio de dos mil diecinueve, el cual fue impugnado mediante el recurso de apelación y que fue confirmado mediante sentencia de once de septiembre de dos mil diecinueve. Por su parte la quejosa, aduce haber celebrado un contrato de arrendamiento con María Huerta Ruíz como arrendadora, respecto del inmueble ubicado en la calle Revolución Oriente, número ochenta y uno de la tenencia de Opopeo, municipio de Salvador Escalante, Michoacán, por lo que exhibe la copia de dicho contrato, la cual fue cotejada por el notario público número cincuenta y dos de Morelia, Michoacán, el veintiséis de marzo de dos mil veinte, asimismo, se señala que el contrato establece como fecha de celebración el dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve. Precisado lo anterior, se tiene que el presente juicio de amparo es improcedente porque no se afecta el interés jurídico de la parte quejosa, en lo que respecta al MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 10 bien sujeto a debate en el juicio de origen; es así, porque la peticionaria de amparo se ostenta tercero extraña al juicio natural, y al respecto argumenta que es poseedora del bien inmueble aludido. Sin embargo, no acreditó que efectivamente tuviera la posesión originaria o derivada del bien inmueble materia de la litis en el juicio natural, bajo una causa legal demostrable en la época en la que se emitió el acuerdo reclamado, por lo que sin cumplir con ese requisito, únicamente sería una simple detentadora del citado bien en ese momento. Se dice lo anterior, pues la parte quejosa al juicio de amparo ofreció como prueba de su parte: - Copia cotejada del contrato de arrendamiento celebrado entre la quejosa María Guadalupe García Pamtaz, y la demandada en el juicio de origen María Socorro Huerta Ruíz, con fecha de cotejo por fedatario público de veintiséis de marzo de dos mil veinte. Dicho instrumento probatorio es insuficiente para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa, por los motivos que se exponen a continuación. En primer término, para que un contrato adquiera fecha cierta requiere que se haya realizado ante fedatario público o funcionario autorizado, inscrito en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, o que haya fallecido cualquiera de los firmantes. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 11 Esta exigencia es aplicable incluso tratándose de contratos de arrendamiento, toda vez que si bien la legislación secundaria en lo general, no exige que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, tal circunstancia no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia3 de rubro y texto siguientes: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO 3 Registro digital: 169963 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 24/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008, página 11 Tipo: Jurisprudencia MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 12 CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Tratándose de la copia cotejada del contrato de arrendamiento que exhibió la quejosa, el mismo adquirió fecha cierta a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, por ser la data en la que el fedatario público realizó su cotejo. Lo anterior, en términos de la siguiente jurisprudencia4: 4 Registro digital: 164080 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 13 "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." Sin embargo, esa fecha de cotejo, es posterior a la emisión del acto reclamado, toda vez que el acuerdo dictado por la autoridad responsable, en la que ordenó poner a la parte actora en posesión real y material del inmueble se dictó el ocho de julio de dos mil diecinueve, y confirmado el once de septiembre de dos mil diecinueve; mientras que el cotejo del contrato de arrendamiento, que otorgó certeza sobre la existencia del derecho posesorio que defiende el quejoso, es de veintiséis de marzo de dos mil veinte. Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 33/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 314 Tipo: Jurisprudencia MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 14 De ahí que dicho elemento probatorio sea ineficaz para demostrar que la parte quejosa tuviera derecho de posesión sobre el citado inmueble, en la fecha en que se dictó el acto de autoridad que combate. Por tanto, la quejosa debió acreditar con prueba idónea que la posesión del bien inmueble descrito en párrafos anteriores, es anterior al acto reclamado; pues si bien con el soporte probatorio aportado por la parte quejosa, se demuestra la existencia de un acto jurídico con el que legítimamente adquirió la posesión derivada del inmueble ubicado en la calle Revolución Oriente, número ochenta y uno de la tenencia de Opopeo, municipio de Salvador Escalante, Michoacán, es decir, a través de la copia cotejada del contrato de arrendamiento que exhibió con su demanda, no se demostró que ese hecho causante de la posesión derivada de ese pacto de voluntades sea anterior al acto reclamado, lo cual trasciende porque el propósito o fin de que un documento adquiera fecha cierta, es precisamente proteger al legítimo poseedor contra actos de terceros a partir de ese momento. En el caso es aplicable -en sentido contrario- la siguiente jurisprudencia5: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA 5 Registro digital: 2020978 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil, Común Tesis: 1a./J. 62/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 329 Tipo: Jurisprudencia MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 15 DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." Luego, si la parte promovente de este juicio no demostró la posesión del inmueble a través de una causa legítima con anterioridad al momento de la emisión del acto reclamado, es evidente que tampoco justificó que ese acto vulnere su esfera jurídica, y que por ello se hubiese infringido en su perjuicio los derechos humanos que invoca, puesto que corresponde a la parte quejosa acreditar la procedencia de la acción constitucional, y para eso se requiere como presupuesto necesario que se pruebe que el acto reclamado afecta los derechos que se estimen conculcados, de ahí que no siendo esto así, se actualiza la invocada causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 16 No constituye obstáculo alguno para la determinación anterior, el hecho de que se haya tenido por acreditada la existencia del acto reclamado, en mérito a que, como ha quedado establecido, tal circunstancia no exime a la parte quejosa de la obligación de acreditar que el acto combatido afecta su esfera de derechos públicos subjetivos tutelados por la Ley fundamental. Es ilustrativa sobre el particular, el criterio jurisprudencial6 que se lee: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". En las relatadas condiciones, procede sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al 6 Registro digital: 187777 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 1/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 15 Tipo: Jurisprudencia MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 17 elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por María Guadalupe García Pamatz, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d 11/03/24 11:22:17 Juicio de amparo 505/2020 18 por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, hasta el día de hoy ocho de noviembre de dos mil veintiuno, ante el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, con quien actúa y da fe.
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Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Sin mayor trámite Agréguense a los autos sin mayor trámite, los oficios de cuenta signados por los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, por medio de los cuales, el primero de ellos, informa que no encontró constancia alguna de que le haya correspondido conocer del despacho 85/2021 (orden 277/2021), del índice de este órgano jurisdiccional; mientras que, el segundo de los citados, refiere que por oficio 1271/2021 de seis de julio del año en curso, el Juzgado Menor Mixto de ese Distrito Judicial le hizo del conocimiento que la comunicación oficial citada con antelación fue devuelta debidamente diligenciada, remitiendo las constancias respectivas; lo anterior, toda vez que por auto de catorce de julio de la presente anualidad se tuvo por recibido el despacho de referencia, y por el diverso de fecha diecinueve del mismo mes y año se recibió el comunicado de la primera de las autoridades oficiantes y se acordó lo conducente en el presente expediente. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Del estado de autos se advierte, que en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se reservó la prueba testimonial presentada por la parte quejosa mediante escrito con folio 8887, hasta en tanto se emplazara a la parte tercera interesada, lo cual a la fecha ya aconteció. Sin embargo, en el citado escrito, se advierte que la parte quejosa, también ofrece prueba de inspección judicial, documental pública y presuncional legal y humana. En consecuencia, respecto a la prueba documental y presuncional legal y humana, con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las mismas, sin perjuicio de relacionarlas y recibirlas en la audiencia constitucional. Por otra parte, respecto a la prueba testimonial que refiere, previo a admitir la misma, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, señale el nombre de los dos testigos que refiere presentará para el desahogo de la misma, toda vez que fue omisa al respecto. Apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no ofrecida la prueba en comento, por falta de interés. Tiene aplicación la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES REQUISITO DE FORMA QUE AL OFRECERSE, SE PROPORCIONE EL NOMBRE DE LOS TESTIGOS. Una correcta interpretación de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Amparo, inspirada en los principios de seguridad, igualdad y certeza jurídica, en relación con lo previsto en los artículos 165, 167, 174, 176, 179 y 182 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquella ley, en términos de su artículo 2o., conduce a evidenciar que si bien dichos preceptos no establecen la obligación de dar el nombre de los testigos, de su análisis se infiere que el Juez deberá conocer el nombre de aquéllos, a efecto de llevar a cabo la preparación de dicha prueba, ya sea a virtud de los que deba citar, de sustanciar un exhorto, o bien, al protestarlos, por lo que el oferente de la prueba testimonial deberá, previamente a la celebración de la audiencia constitucional, proporcionar el nombre de las personas que rendirán su testimonio, a fin de que las partes en litigio constitucional, así como el Juez Federal, tengan conocimiento, con precisión, de las personas que lo prestarán y de esta manera estén en aptitud de determinar su idoneidad, permitiendo que se formulen y preparen oportunamente, por escrito o verbalmente, las repreguntas y, en su caso, la posible impugnación de dicha idoneidad, lo que se traducirá en otorgar a las partes la misma igualdad procesal para hacer valer sus derechos y ejercer sus defensas, brindándoles así certeza jurídica, circunstancia esta que no puede tenerse por satisfecha si la probanza se ofrece sin la indicación de los nombres de los testigos, por lo que en este supuesto deberá requerirse al oferente a efecto de que subsane tal omisión." Ahora, en relación a la prueba de inspección judicial, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la misma, por inconducente. Ello es así, pues la parte quejosa solicita que el personal designado para desahogar la inspección judicial levente acta sobre los puntos que refiere, con el objetivo de acreditar que la quejosa celebró el contrato de arrendamiento que adjuntó a su escrito de demanda, y que derivado del mismo detenta la posesión actual de la propiedad materia de la Litis. Como podemos observar, es inconcuso que el medio de convicción que ofrece es inconducente para el fin pretendido, ya que no debemos olvidar que la prueba de inspección judicial trata sobre reconocimiento de hechos, lugares y circunstancias y cosas en la forma en que se encuentran al verificarse la diligencia, más no así de situaciones pasadas, sino de las actuales; esto es, se atiende a lo que se puede percibir a través de los sentidos con verificación al momento. De ahí, es dable sostener que la prueba de inspección no es el medio idóneo para acreditar los puntos que intenta probar, pues de ninguna forma el fedatario judicial estará en aptitud de asentar el hecho consistente en "que se toque en dicha propiedad para ver qué persona vive ahí", o "se interrogue a la misma", entre otras, dado que dicha información que se obtenga devendrá de terceros y no de la percepción directa del fedatario judicial, por lo que no es viable la inspección judicial ofertada. Orienta lo anterior el criterio de rubro y texto siguiente: "INSPECCION JUDICIAL. PRUEBA DE. NO ES LA IDONEA PARA DEMOSTRAR LA HABITACION DE UN DOMICILIO. Si se ofrece la prueba de inspección judicial para determinar quién o quiénes viven en los domicilios a inspeccionar, es de concluirse que ésta no es el medio idóneo para probar la habitación de una persona, ya que ésta no tiene más objeto que la de hacer que el juez compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que en un momento se dice existen, y dado que el habitar un domicilio significa una ocupación continua y prolongada del mismo, es incuestionable que ello no se puede demostrar a través de una apreciación momentánea como lo es la que se lleva a cabo mediante una inspección judicial." Diferimiento. Por lo tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Fecha que se fija, en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV2 (COVID-19). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
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