María Guadalupe García Carrillo

Expediente 2243/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2243/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
27/02/2019

Partes del expediente

  • María Guadalupe García Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    ** Tepic, Nayarit, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada Karla Marvelly Gudiño Dena (fojas 94 y 95), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de seis de febrero de la presente anualidad (foja 96), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 36 a 54), se determinó conceder a la quejosa María Guadalupe García Carrillo, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XXIII, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa la cantidad de $11,949.56 (once mil novecientos cuarenta y nueve pesos 56/100 moneda nacional), que pagó el quince de octubre de dos mil dieciocho, por concepto de derechos del giro de "MINISUPER, ABARR, TENDAJONES Y SIM. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, SUP.NO>A 200M2", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" (fojas 9 y 34), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil dieciocho, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. *** De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $11,949.56 (once mil novecientos cuarenta y nueve pesos 56/100 moneda nacional), restándole la cantidad de $3 (tres pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de comisión bancaria, así como la cantidad de $**, por el cobro de multa por pago extemporáneo; asimismo, el referido monto debía ser actualizado. Luego, a través del oficio ***de treinta y uno de enero de la presente anualidad, presentado en la oficialía de partes de este juzgado, el uno de febrero siguiente (fojas 94 y 95), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada Karla Marvelly Gudiño Dena, informó y acreditó que el treinta de enero del año actual, realizó una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa valiosa por la cantidad de $10,385.36 (diez mil trescientos ochenta y cinco pesos 36/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la citada autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $3 (tres pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de comisión bancaria, así como la cantidad de **por el cobro de multa por pago extemporáneo. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $10,173.36 (diez mil ciento setenta y tres pesos 36/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el quince de octubre de dos mil dieciocho y el treinta de enero del año actual, se realizó la transferencia a favor de la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho a diciembre de ese año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del año pasado entre el índice para el mes de diciembre de esa anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue de 100.917; y para el mes de diciembre de la presente anualidad fue de 103.020. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02083. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $10,173.36 (diez mil ciento setenta y tres pesos 36/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $212.00 (doscientos doce pesos 00/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la responsable devolvió al quejoso la cantidad $10,385.36 (diez mil trecientos ochenta y cinco pesos 36/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el comunicado de cuenta signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio autorizado de la resolución de catorce de diciembre del año pasado, que en auxilio y apoyo a las labores de dicho órgano colegiado, emitió el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, dentro del expediente auxiliar 1001/2018, derivado del amparo en revisión 466/2018, en el que se revocó la sentencia recurrida y se ordenó reponer el procedimiento; de igual manera, remite el cuaderno original relativo al juicio de amparo 59/2018 del índice de este órgano jurisdiccional y dos legajos de prueba. En virtud de lo anterior, acúsese recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo desde los autos que obran en original; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal. Ahora, el citado tribunal colegiado ordenó reponer el procedimiento para los efectos siguientes: ".1) Proceda a reponer el procedimiento, exclusivamente para prevenir a la universidad quejosa para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda en relación con los actos consistentes en 1) las diligencias relativas a los citatorios y notificaciones de las cédulas de liquidación correspondientes a los créditos fiscales 178025912 y 176027095 practicadas los días veintitrés y veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (visibles, respectivamente a fojas 101 a 105 del tomo I de constancias relativas al juicio de amparo 59/2018, y 76 a 80 de tomo II, ídem); y, 2) los citatorios de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, y requerimientos de pago o embargo realizados el día veinte siguiente, en ejecución de los mandamientos respectivos, dictados en los procedimientos administrativos de ejecución de los créditos fiscales números 178025912 y 176027095 (visibles, respectivamente, a fojas 107 a 110 del tomo I de constancias relativas al juicio de amparo 59/2018, y 82 a 85 del tomo II, ídem). 2) En su caso, requiera los respectivos informes justificados a las autoridades responsables, y continúe el trámite y substanciación del juicio de amparo en relación con dichos actos. 3) Hecho lo anterior, tomando en cuenta todo lo actuado y la totalidad de actos reclamados, emita la sentencia que en derecho proceda, y, al resolver, tenga a la vista y analice las constancias del diverso juicio de amparo 2384/2017, de su propio índice, ofrecido como prueba por la autoridad responsable para acreditar una posible causal de improcedencia del presente juicio de amparo, respecto de la cual deberá pronunciarse expresamente...". En atención a lo anterior este juzgado de distrito provee lo siguiente: REQUERIMIENTO En esas condiciones, con sustento en los ordinales 17 y 111, ambos de la Ley de Amparo, con el informe rendido por la Jefa Delegacional de Servicios Jurídicos, por ausencia de la Delegada Estatal en Nayarit, dese vista de manera personal a la parte quejosa, a fin de que dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes al en que surta sus efectos la notificación respectiva, manifieste lo que a su interés legal convenga y en su caso, precise si amplía su demanda respecto de los nuevos actos de autoridad, consistentes en las diligencias relativas a los citatorios y notificaciones de las cédulas de liquidación correspondientes a los créditos fiscales 178025912 y 176027095 practicadas los días veintitrés y veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, así como los citatorios de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, y requerimientos de pago o embargo realizados el día veinte siguiente, en ejecución de los mandamientos respectivos, dictados en los procedimientos administrativos de ejecución de los créditos fiscales números 178025912 y 176027095 apercibida que en caso de omisión dentro del término precisado, no se le tendrán estos como actos reclamados y se resolverá el presente juicio de garantías, tal como fue planteado. Es aplicable al caso concreto la tesis XVI.1o.A. J/36 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, Materia Común, publicada en la página dos mil doscientos setenta y uno, Libro 45, agosto de dos mil diecisiete, Tomo IV, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: Por tanto, para dar margen a ello, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE; en la inteligencia, de que seguida la etapa procesal se continuará con los efectos de la reposición respectiva.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el escrito de cuenta signado por el perito ** designado por la parte quejosa, mediante el cual por las razones que expone solicita prórroga para emitir su dictamen pericial. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se le otorga una prórroga de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente; los cuales empezarán a contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento que le fue decretado en el auto de trece de noviembre del año en curso (foja 961). En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por las autoridades responsables Tesorero Municipal y Jefe de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual informan las gestiones realizadas con el propósito de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguense el ocurso de mérito y anexos en vías de cumplimiento al fallo protector, para que surtan sus efectos legales procedentes; en la inteligencia, de que este órgano jurisdiccional quedará en la espera del cumplimiento total a la ejecutoria dictada en autos. De igual manera, con fundamento en el ordinal 9 de la ley de la materia, téngase a las responsables en cita señalando como delegados a las personas que indican, revocando los anteriores nombramientos que hubieran señalado. Finalmente, en atención a la solicitud que realiza en el sentido de que se le autorice la consulta, vía internet, del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo con el nombre de usuario "emoises", en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, dígasele que de conformidad con el artículo 3, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo, se autoriza la aludida consulta por la vía solicitada a Elías Moisés Rosas Ríos, con nombre de usuario "emoises", ya que en términos del precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a fin de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentran en vigor.

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