María Guadalupe Galindo
Expediente 748/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 748/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 13/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María Guadalupe Galindo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 75 a 89); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee y no ampara ni protege a ***** HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 2630, 2631, 2632 y 2633, por los cuales se notificó a las autoridades responsables foráneas, la sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, pues dada la conclusión alcanzada, es a la parte quejosa a quien puede afectar el sentido de la determinación tomada y, por ende, legitimada para recurrirlo, no así las autoridades responsables, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo. "Es aplicable por analogía jurídica la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 556). Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el punto Décimo Primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a la partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que con fundamento en los puntos Segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, escritos aclaratorios, ampliación, o bien, interlocutorias, así como la sentencia, la ejecutoria correspondiente, el auto en que se tuvo por cumplida y este proveído. Por lo que respecta a los cuadernos del incidente de suspensión, toda vez que se NEGÓ la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, con fundamento en la fracción III, del punto Vigésimo, del acuerdo aludido, se declara que son susceptibles de destrucción tanto el original como el duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata.
- Principal
citatorio: notifico por lista al quejoso la sentencia de 21/11/2018 que dice:VISTO EL ESTADO DE LOS AUTOS PARA DICTAR SENTENCIA... PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO... SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
CERTIFICACIÓN: Número (s) de promoción (es): 13810. Expediente: Principal 748/2018. Promovente (s): Tercero Interesado. Motivo: Señala domicilio para oír y recibir notificaciones y acusa recibo, agregándose a los autos para su constancia legal, procedente lo peticionado conforme a lo ordenado en auto inicial . Doy fe.Gustavo Vega Ascencio Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho
- Principal
citatorio: notifico por lista al quejoso el auto de 19/10/2018 que dice:Visto; téngase por recibido el telegrama de cuenta enviado por la Encargada de la Oficina Central Acapulco Telecomm Telégrafo, a través de la cual informa que se negaron a recibir el oficio número 25034/2018 dirigido al Comandante de la Policía Investigadora Ministerial, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en virtud de que no existe. Atento a lo anterior, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la inexistencia de la autoridad precisada en el párrafo que antecede; apercibida de que de no manifestar lo conducente, se tendrá por inexistente; mientras tanto suspéndase toda comunicación con la misma. En la inteligencia de que no es obligación de este juzgado de Distrito en términos de la Ley de Amparo, cerciorarse de la existencia de la autoridad señalada con el carácter de responsable, pues tal señalización compete única y exclusivamente a la parte quejosa, máxime que el carácter de responsable lo adquiere aquélla autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5°, fracción II de la ley de la materia. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que a la letra dice: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. No existe ningún precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación para los jueces del orden federal en cuanto a que tengan que cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas como responsables, y esto es así, precisamente porque le corresponde a quien promueve la acción de amparo el indicar la autoridad o autoridades a quienes se les atribuyen los actos reclamados, en los términos del artículo 116, fracciones III y IV, de la ley de la materia, numeral que en su parte relativa expresa que en la demanda de amparo se debe precisar ".La autoridad o autoridades responsables." y ".la ley o acto que de cada autoridad se reclame.". (Página 464, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, del mes de agosto de 1993, Octava Época)
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