María Guadalupe Esquivel Silva
Expediente 2514/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2514/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2023
Partes del expediente
- María Guadalupe Esquivel Silva
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, residente en Tepic, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en el presente sumario, remite entre otras constancias, copia certificada del desahogo de la diligencia señalada para las doce horas del veinticinco de octubre del año en curso. Asimismo, remite copia certificada del auto de treinta y uno de octubre del año en curso, dictado dentro de los autos del expediente laboral 95/2008 de su índice, del que se advierte que señaló las doce horas del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para el desahogo de la diligencia de ejecución, reinstalación y requerimiento de pago a favor del quejoso CLAUDIA MARISOL PARRA SÁNCHEZ, por la cantidad de $575,073.52 (quinientos setenta y cinco mil setenta y tres pesos 52/100 moneda nacional), de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En ese orden, se tiene al Instituto de Justicia Laboral Burocrática para el Estado de Nayarit, residente en Tepic, justificando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente sumario. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al citado Presidente, para que dentro del término de tres días, contados a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, remita las constancias de notificación practicadas a las partes del proveído del treinta y uno de octubre del año en curso, dictado en el juicio laboral 95/2008 de su índice, asimismo, para que en el citado término contado a partir del momento en que se realice la diligencia de ejecución señalada, informe lo conducente a este órgano jurisdiccional, debiendo anexar en copias certificadas de las constancias que acrediten su dicho. En la inteligencia de que la referida autoridad deberá realizar las gestiones necesarias a fin de que el día y hora señalados para dicha diligencia se lleve a cabo la misma, y no sea diferida por algún motivo imputable a dicha autoridad o a algún funcionario de su adscripción. De igual forma, el Instituto de Justicia Laboral responsable deberá ordenar al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlan del Rio, Nayarit, para que el día y hora señalado, cuente con el numerario suficiente a efecto de hacerle el pago de la cantidad referida en párrafos anteriores, debiendo ordenar la notificación del auto respectivo con la debida oportunidad al referido Ayuntamiento. A fin de lograr lo anterior, deberá hacer uso de las medidas de apremio que al efecto la ley le concede, debiendo acreditar haber hecho efectivos los apercibimientos de multa decretados con anterioridad. Luego, toda vez que del estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obstante los múltiples requerimientos que este órgano constitucional ha realizado al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, ha sido omiso en pagar a la quejosa CLAUDIA MARISOL PARRA SÁNCHEZ la cantidad se le adeuda con motivo del laudo dictado en el juicio laboral de origen, lo que implicó que la ejecutoria de amparo se vea incumplida. En ese sentido, la conducta contumaz de dichas autoridades contraviene lo establecido en el artículo 192 de la Ley de amparo, el cual dispone: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga". De la disposición normativa transcrita se advierte que su espíritu es el de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, las cuales deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios. En ese tenor, corresponde a los Juzgadores de Distrito dictar las medidas necesarias a efecto de hacer cumplir las disposiciones establecidas en el numeral de mérito, esto es, que los fallos protectores dictados en los órganos jurisdiccionales a su cargo sean debidamente cumplimentados sin demora. Luego, como se precisó en párrafos que anteceden, no obstante los requerimientos que se le han realizado al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, por conducto de las autoridades que lo integran ?Presidente Municipal, Sindico y Tesorero? dicha autoridad ha sido omisa en realizar el pago a la parte quejosa la cantidad que le adeuda con motivo del laudo dictado en el juicio laboral de origen 95/2008. En ese sentido, es evidente la necesidad que existe para que éste juzgador se haga valer de nuevos métodos, que se traduzcan en herramientas efectivas a efecto de hacer cumplir el citado fallo protector. En razón a lo anterior, resulta oportuno traer a contexto lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en específico, su artículo 202, el cual a la letra señala: "ARTÍCULO 202.- Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la autorice y que tenga saldo disponible para cubrirlo, a excepción de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio. Los beneficiarios de subsidios, aportaciones o transferencias, otorgados con cargo al Presupuesto de Egresos Municipal, deberán rendir cuenta detallada de la aplicación de los fondos relativos al Ayuntamiento, así como la información y justificación correspondientes en la forma y plazos de ley. El incumplimiento comprobado en la rendición de la cuenta, motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado." El numeral en cita, establece como regla general que en la administración municipal, ningún gasto público podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la autorice, es decir, como regla general únicamente se podrá destinar el gasto público del Ayuntamiento, siempre y cuando ese gasto se encuentre autorizado en alguna partida del Presupuesto de Egresos Municipal. No obstante lo anterior, la regla antes citada tiene una excepción y esta se encuentra contenida en la segunda parte del primer párrafo del artículo transcrito, en la cual se establece que cuando el Ayuntamiento tenga que cumplir con resoluciones de naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio, se puede hacer uso del presupuesto de egresos aun y cuando no se encuentre autorizado el gasto que implique cumplir con la obligación del pago correspondiente. En ese orden de ideas, si en el juicio laboral de origen 95/2008 se dictó un laudo en el que se condenó al referido Ayuntamiento Constitucional a pagar en su favor diversas prestaciones, por tanto, es evidente que existe una resolución que implica obligaciones de carácter jurisdiccional al Ayuntamiento en cita, sin que hasta el momento haya cumplido con la misma. En ese sentido, a efecto de cumplir con la obligación de mérito dicho Ayuntamiento puede destinar parte de su presupuesto a fin de pagar a la aquí quejosa las prestaciones a que fue condenado en el citado juicio laboral y con ello, cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en autos, sin que exista la obligación de que dicho gasto se encuentre destinado en alguna partida presupuestal, pues se trata de una obligación que surge con motivo de una resolución de naturaleza jurisdiccional. En razón a lo anterior, y en atención a la ejecutoria dictada en autos, se ordena al Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, por conducto de las autoridades que lo integran Presidente Municipal, Sindico y Tesorero a efecto de que realicen lo siguiente: Para que en la sesión de cabildo relativa a la aprobación del presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2024, incluyan o aprueben indefectiblemente una partida presupuestal para el cumplimiento de obligaciones generadas por resoluciones de carácter jurisdiccional, la cual deberá ser basta y suficiente a efecto de que con el monto que sea aprobado en dicha partida, se cumpla con todas las obligaciones económica surgidas con la emisión del laudo dictado en el expediente laboral número 95/2008. Lo anterior implica, que el monto aprobado deberá cubrir de forma total, tanto la cantidad destinada al pago de las prestaciones a que fue condenado dicho Ayuntamiento. Asimismo, en mérito de lo expuesto, y a fin de lograr el cumplimiento expedito, eficaz y pleno del fallo protector, también se requiere a todas las autoridades que conforman a la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit -Presidente Municipal, Síndico y Tesorero- para que actúen conforme lo siguiente: Por lo que ve al Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, requiérasele para que: ? El día y hora señalados por el Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad para la diligencia de ejecución de laudo, esté presente para su desahogo y proceda a realizar el pago a la aquí parte quejosa y a su legal reinstalación, toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, es el representante legal del ayuntamiento. Por lo que ve al Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, requiérasele para que realice lo siguiente: ? Los trámites internos necesarios a efecto de que el día y hora señalado por la autoridad laboral proceda a realizar los trámites necesarios para que se cuente con el numerario suficiente para el cumplimiento del laudo, y la reinstalación de la quejosa, toda vez que de conformidad con el artículo 115 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, es el encargado de realizar la recaudación de los ingresos municipales y responsable de realizar las erogaciones. Y respecto al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, realice lo siguiente: ? Vigilar que el Síndico y Tesorero den cabal cumplimiento a lo ordenado en párrafos que anteceden, toda vez que de conformidad con el artículo 64, fracción V de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, es su facultad que se haga cumplir las disposiciones de los órdenes federal, estatal y municipal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 178, emitida por la entonces Tercera Sala del más Alto Tribunal del País, consultable en la página 145 y 146, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." En mérito de lo expuesto, se requiere a las autoridades que conforman al Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit ?Presidente Municipal, Síndico y Tesorero? así como al Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, para que informen en el término de tres días las gestiones que se encuentren realizado a efecto de cumplir con los requerimientos de mérito, debiendo acreditar dichas gestiones con constancias debidamente certificadas. Se apercibe a las referidas autoridades que de no dar cumplimiento dentro del término establecido, con fundamento en el precepto legal invocado, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedora a una multa de cien días, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la inteligencia de que dicha multa se ira duplicando con cada requerimiento hasta que dé cumplimiento a dicho requerimiento. En el entendido que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y anexo que acompaña, a través del cual hace mani TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y anexo que acompaña, a través del cual remite copia certificada del auto de veinte de octubre de dos mil veintitrés, en el que dejó sin efectos todo lo actuado a partir de la sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil doce emitida dentro del juicio ordinario civil 551/20211 de su índice y ordenó llamar a juicio a JUAN ALBERTO RODRÍGUEZ CORRO aquí quejoso, sin embargo, no remitió las constancias que acrediten el emplazamiento de éste. En ese sentido, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que acrediten el emplazamiento del referido quejoso dentro del juicio ordinario civil 551/2011 de su índice; apercibida para el caso de no cumplir con lo anterior, se le aplicará multa de cien de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé el artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 1931 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.festaciones sobre el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dése vista a las partes por el término de tres días, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto al referido cumplimiento; apercibidas que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 4306-III de seis de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se reexpidieron los diversos 1986-III y 3722-III de dieciséis de mayo y once de julio, ambos de la presente anualidad, respectivamente, dirigidos a la autoridad responsable Titular de la Comisaría de Seguridad Pública del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, en los que se le requirió su respectivo informe justificado. En consecuencia, y mediante oficio que derive del presente proveído, requiérase al Administrador Postal de Correos de la ciudad de Tepic, Nayarit, a fin de que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede notificado del presente proveído, remita a este juzgado federal el acuse de recibo del referido oficio, o en su defecto copia certificada legible del mismo, remitiéndosele copia simple de la factura de depósito correspondiente, a fin de que esté en condiciones de dar cumplimiento en el presente auto. Apercibido que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se le aplicará multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. Luego, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.
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