Maria Guadalupe Espino Martinez
Expediente 762/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 17 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 762/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Espino Martinez
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de noviembre de dos mil veintidós. Se declara auto consentido. Visto el estado de los autos, particularmente la certificación de cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, se desprende que no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Archivo definitivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Depuración. Acorde al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que con fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que mediante ejecutoria de siete de julio de dos mil veintidós, fue confirmada por el Tribunal de Alzada, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Transferencia. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. No relevancia documental. En ese orden, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como mediante oficio que se remitan a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.
- Principal
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. ESTADO DE AUTOS. SE DECLARA CUMPLIDO EL FALLO DICTADO EN ESTE JUICIO.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil veintidós. Se agrega(n) promoción(es). Agréguese a los autos para que obre(n) como corresponda, el(los) oficio con anexos que remite la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial que obra en autos. Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. Como lo solicita la autoridad responsable, de conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tienen como sus delegados a las personas que indica, y como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señala. Datos de contacto. De igual forma, se le tiene proporcionando como datos de contacto para entablar comunicaciones no procesales, la cuenta de correo electrónico i.almazan@issste.gob.mx, en conformidad con lo que dispone el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista con informe de cumplimiento. Por otra parte, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, corriéndole traslado con copia del oficio y anexos de cuenta, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia que, transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia.
- Principal
Acuerdo. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Recepción de oficios. Visto el oficio de cuenta que remite el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido se provee: Llegada de autos. Ténganse recibidos la copia certificada del testimonio de la ejecutoria de siete de julio del año en curso, pronunciada por el citado Tribunal, dictada en el amparo en revisión administrativo 35/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo el siete de octubre de dos mil veintiuno. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes previo desglose de las copias certificadas, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la ejecutoria de amparo que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: ".PRIMERO. Queda INTOCADO el sobreseimiento decretado en el resolutivo primero, que se rige por el considerando cuarto de la sentencia recurrida. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia dictada en la audiencia constitucional celebrada en el juicio de amparo indirecto 762/2021-V, el siete de octubre de dos mil veintiuno y terminada de engrosar el veinticinco de los propios mes y año. TERCERO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María Guadalupe Espino Martínez, contra los actos y autoridades, precisados y señaladas en el resultando primero de este fallo, para los efectos indicados en la parte final de la sentencia recurrida.". Requerimiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, informe a este juzgado el cumplimiento que haya dado a la citada ejecutoria de amparo, esto es: 1. Deje insubsistente la determinación contenida en el oficio DPSH 024.300.302.6 0570/2021, de catorce de julio de dos mil veintiuno, y notificada el veinte siguiente y el acta de comparecencia de la misma data, así como liquidación de pago previa incorporación a nómina con folio 24000047953502, de veintidós de junio de dos mil veintiuno, en la que fue aplicada una deducción por concepto de compatibilidad. 2. No aplique a la quejosa María Guadalupe Espino Martínez, el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve, en lo presente y en lo futuro. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número P./J. 112/99, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." 3. Ordene el pago íntegro de las cantidades que corresponden a la agraviada de referencia por las pensiones de viudez a las que tiene derecho y que indebidamente le ha sido ajustada al tope máximo de diez salarios mínimos, por virtud de la aplicación del precepto declarado inconstitucional, a fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos humanos violados -entre ellas, las ulteriores a la prestación de la demanda de amparo-. En la inteligencia que deberá de cubrirle la cantidad que dejó de pagarle con motivo del ajuste de referencia. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se informó mediante oficio CCJ/ST/3281/2022 de once de julio de dos mil veintidós, de la Secretaría Técnica de Comisión Permanente, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Rafael Tiscareño Mercado, Secretario que autoriza y da fe.
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