Maria Guadalupe Espinal Serrano

Expediente 1733/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1733/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/12/2018

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Espinal Serrano

Actuaciones

  1. Principal

    II)Toluca, Estado de México; cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. De la certificación de cuenta se obtiene que el quejoso dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado, en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes y archívese este expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del acuerdo de referencia, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. En el entendido que no existen documentos de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 y a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General aludido. Finalmente, a la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    ii)Toluca, Estado de México; veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Espinal Serrano, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1733/2018-II. Precisión del acto reclamado. Del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciocho en la que la responsable señala el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve para que se lleve a cabo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones. Desechamiento. Con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los juzgados de Distrito están obligados a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, atendiendo a que los distintos asuntos tramitados ante un Juez de Distrito constituyen un hecho notorio en términos del artículo el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y en acatamiento a la Jurisprudencia publicada en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación, enero de 1997, Tomo V, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Y de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2, el cual establece: "Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes". Al tener a la vista el juicio de amparo 1490/2018-IV, se advierte que la quejosa María Guadalupe Espinal Serrano promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, contra el acto consistente en la omisión de la responsable de señalar fecha de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 1187/2018, así como la abstención de notificar y emplazar a juicio a la parte demanda. Asimismo del citado expediente se advierte que el actuario de la adscripción notificó a la María Guadalupe Espinal Serrano, el proveído de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, en el que este órgano jurisdiccional acordó el informe justificado y las constancias que remitió la responsable consistentes en copia certificada de la promoción 10957, carta poder de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho y el proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, del que hoy se duele la quejosa, las cuales forman parte del expediente laboral J.29/1187/2018. Además en el citado proveído de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo 1490/2018-IV, pues se precisó que en el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la responsable señaló las diez horas del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En atención a lo anterior, se decreta la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De los preceptos legales transcritos parcialmente, se obtiene que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Expuesto lo anterior, como se indicó de forma previa se precisa que la quejosa acude a esta instancia constitucional para reclamar el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciocho en el que la responsable señaló el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve para que se llevara a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ahora bien si la quejosa tuvo conocimiento del citado proveído el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Y la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, según se advierte del sello impreso en la parte superior de la demanda de amparo, y si la quejosa tuvo conocimiento por lo menos desde el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, por tal motivo, el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto reclamado antes precisado, transcurrió del veinticuatro de octubre al quince de noviembre de dos mil dieciocho, previo descuento de los días inhábiles de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, es claro que el plazo impugnativo en el presente asunto debe computarse a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado; es decir, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo, para el ejercicio de la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado. En esa tesitura, si la demanda se presentó el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, es claro que ésta resulta extemporánea por actualizarse la segunda de las hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues la parte quejosa estaba obligada a promover el juicio de amparo dentro del plazo de quince días, que en el caso se cuentan a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados; por lo tanto, la presentación del escrito de amparo es extemporánea incuestionablemente y, por ende, se estima que la parte inconforme ha consentido tácitamente el acto reclamado, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia IV.2o. C.J/7, página 1035, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2005, Tomo XXII, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." Así como la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 30/2007, página 286 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Tomo XXV, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Y, la consultable en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI-Junio, Octava Época, la cual establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Espinal Serrano. Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Autorizados. En relación con la autorización de la parte quejosa téngase por autorizados a las personas que designa la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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