María Guadalupe Elizarraras Villa

Expediente 283/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
283/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • María Guadalupe Elizarraras Villa

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Devolución de documentos. Se tiene por recibido el escrito signado por ****, apoderada legal de ****, promovente en el presente sumario, y en atención a su contenido, dígasele que deberá de estarse a lo acordado en auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, en el que se ordenó la devolución de documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, previo recibo y razón que deje asentado de su entrega.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, dos de marzo de dos mil veintitrés. Razón de imposibilidad. Vista la razón signada por el Jefe de la Unidad de Notificadores Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual devuelve el oficio 7011/2023, dirigido al Secretario de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de Jalisco, por los motivos que se exponen en el mismo, al respecto, agréguese a los presentes autos para que surtan sus efectos legales conducentes. Vista a la parte quejosa. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dese vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del plazo de tres días manifieste la denominación correcta de la autoridad que denominó como responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial: "Décima Época Registro: 2021029 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 153/2019 (10a.) Página: 440 AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió.". Apercibimiento. Apercibido que no manifestar respecto a lo anterior, se dejará de tener como autoridad responsable a la referida en supralíneas, y se tendrá por inexistente suspendiéndose toda comunicación con la misma. Informes justificados. Vistos los oficios enviados electrónicamente por el Coordinador de lo Contencioso Administrativo y Judicial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la referida Secretaría, en representación de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, y por el encargado del despacho de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Jalisco, en representación del Delegado en el Estado de Jalisco de la referida Secretaría, mediante los cuales rinden informe con justificación; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos dichos informes, con los que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Delegados y domicilio. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que señalan y como domicilio procesal el que refieren. Causas de improcedencia y sobreseimiento. Respecto a las causas de improcedencia y sobreseimiento que se hacen valer, las mismas serán analizadas en el momento procesal oportuno. Pruebas De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que refiere la primera de las autoridades oficiantes, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Consulta expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con los numerales 35, 36, 37 y 38 del precitado Acuerdo General, se ordena autorizar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario **** a fin de que cuente con acceso al expediente electrónico del presente juicio. VIII. Difiérase audiencia. En consecuencia, de todo lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan las diez horas con ocho minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese por lista física y electrónica, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Ténganse por recibido el oficio proveniente del Juez Sétimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, remite copia certificada de la resolución de uno de febrero del año en curso, dictado en el expediente 664/2022 de su índice; al respecto, agréguense a los autos para los efectos legales y téngase dando cumplimiento al requerimiento efectuado en dicho auto. Vista cumplimiento. En esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese por lista física y electrónica y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Apertura de incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, y como está ordenado en el expediente principal, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2241/2022, promovido por *, por propio derecho, contra el acto que reclama del Director de Área de Asuntos Internos del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos constitucionales que refiere. En la inteligencia que la formación del cuaderno duplicado de carácter físico, es sustituido por una versión electrónica del presente incidente, de conformidad con lo previsto en los artículos 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Señalamiento de fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. En términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Intervención a las partes en el juicio 1. Parte quejosa. a) Autorizados. Téngasele designando como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Javier Agraz Vega y Julio César León Verjan, debido a que, de la certificación de cuenta se advierte que están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y como autorizados en términos restringidos a Diego Díaz Ramírez por no contar con dicho registro, esto es, únicamente cuenta con las atribuciones previstas en el numeral 24 de la Ley de Amparo. b) Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas. De conformidad con los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General Conjunto número 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, por lo que ve al capítulo cuarto, se autoriza la consulta del expediente electrónico en que se actúa, toda vez que se encontró registro del usuario javieragraz, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como a recibir las notificaciones por esa vía; por tanto, se comisiona al Actuario Judicial que corresponda, realizar las notificaciones de carácter personal de la manera indicada (vía electrónica), por así solicitarlo expresamente. 2. Autoridad responsable. a) informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable por su informe previo, el que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional).. Ante las circunstancias y el riesgo sanitario en que nos encontramos, el informe referido podrá ser enviado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a la dirección de correo electrónico 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx. b) Consideraciones respecto de las notificaciones a las autoridades. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Asimismo, se hace saber a la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este incidente de suspensión se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional)., en términos de lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Representación social. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde Fijación del acto reclamado. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuál es el acto reclamado cuya suspensión solicita; por numeral 5, fracción III, inciso b), 115 de la Ley de Amparo lo que del análisis acucioso de la demanda de amparo, y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa señala como tales, esencialmente: Acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, emitido por el Director del Área de Asuntos Internos del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el procedimiento administrativo 9/DAA/125/2020-B. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto que ". NO SE EMITA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P/DAAI/125/2020-B ." y "no se prive de mis emolumentos". En consecuencia, toda vez que la parte quejosa es expresa al referir los efectos para los que se solicita la suspensión la materia de la presente incidencia se estudiará a la luz de dicho planteamiento. Determinación sobre la suspensión. Cabe puntualizar que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido de la fracción X, del artículo 107 constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. El artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El primer requisito se encuentra acreditado con la manifestación de la parte quejosa en el sentido de que solicita la suspensión del acto reclamado, en tanto que, el otro requisito se cumple, en conjunto con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho, en razón de lo siguiente: De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir al quejoso el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación del derecho fundamental y sus garantías de protección. Precisamente para evitar lo anterior, es que el juicio de amparo contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. Al hilo de lo anterior, se enfatiza en que la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad de la existencia del derecho discutido en el proceso; mientras que el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Ahora bien, este Juzgado de Distrito, procede al estudio de la suspensión en cuanto a los efectos del acto reclamado, en el entendido de que se puede conceder para efectos y consecuencia distintas a las propuestas por la parte quejosa, pero no por actos no reclamados en la demanda de amparo. Sirve de fundamento para ello, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del rubro siguiente: "Décima Época Registro: 2019200 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de febrero de 2019 10:03 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: P./J. 4/2019 (10a.) SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo.". El intereses suspensional que le asiste a la quejosa, se desprende, del análisis practicado a las manifestaciones vertidas, bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se advierte que es a quien se le instaura el procedimiento administrativo de separación, incluso, exhibe constancias relativas al procedimiento administrativo del que se duele. Además acreditó su interés suspensional, en virtud de manifiesta bajo protesta de decir verdad que es Oficial de Policía adscrita a la Comisaría Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y que le hicieron el conocimiento de la instauración del procedimiento administrativo. Tienen apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, número XXI. 4º. 17K., visible en la página mil cuatrocientos sesenta, del tomo XVIII, diciembre de dos mil sesenta, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN. SE ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO SI QUIEN LA SOLICITA DEMUESTRA SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO.". Asimismo, la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen doscientos diecisiete a doscientos veintiocho, sexta parte, página trescientos cincuenta y dos, que es del rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO.". Por tanto, con apoyo en los artículos 128 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisfacen los requisitos que establece el precepto citado, esto es, la solicitó la parte agraviada, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y, en caso de ejecutarse los actos reclamados, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían al peticionario de garantías y, además, por ser necesario para conservar la materia del cuaderno principal, se concede a parte quejosa, la suspensión provisional. Efectos de la medida. Así pues, se concede la medida cautelar de mérito, para el efecto de que, pudiendo continuar con el procedimiento de separación de origen, no se dicte resolución definitiva en el mismo, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva del acto reclamado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 76/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, página 921, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. - Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo." En ese sentido, la suspensión se concede en forma tal que no impide el desarrollo del procedimiento reclamado, y no surte el primero de los supuestos previstos por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia por reiteración 345, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos noventa y dos, del Apéndice 2000, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo". Condiciones de efectividad. La suspensión que se otorga, no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en el caso de que el acto reclamado se hubiese consumado, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales; de la misma manera, ésta dejará de surtir sus efectos si el acto es emitido por diversa autoridad a la señalada como responsable, si proviene de diverso procedimiento administrativo o motivos distintos a los mencionados por la quejosa, en consecuencia, la suspensión otorgada, no surtirá efectos legales. VIII. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. IX. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. X. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. XI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese por lista física y electrónica.

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