María Guadalupe Elguea Lozano
Expediente 1304/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1304/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/10/2019
Partes del expediente
- María Guadalupe Elguea Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto de veinticinco de septiembre de la presente anualidad, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, para todos los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó fuera de audiencia, en el entendido que se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el uno de agosto del año en curso (foja 2), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, María Guadalupe Elguea Lozano promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, de quien reclamó la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral D-1/71/2010. Al respecto, la autoridad responsable Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla a través de su Presidenta, en su informe justificado manifestó no ser cierto el acto reclamado (foja 14). Ahora bien, del estudio integral a la demanda de amparo, se tiene que el acto concreto que la quejosa reclama consiste en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral D-1/71/2010. Por su parte, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, dictó la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral D-1/71/2010 (fojas 16 a 17) y la cual fue notificada a la parte quejosa el veinte de agosto del año en curso (foja 21). Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por la impetrante, cesó en sus efectos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla con fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, dictó la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral D-1/71/2010, la cual fue notificada a la parte quejosa el veinte de agosto del año en curso; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con trece minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (foja 25), señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Hueytamalco, Puebla y Consejero Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública Municipal de Hueytamalco, Puebla, a través del cual da contestación al requerimiento realizado por auto de quince de agosto del año en curso (foja 338). Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que, la autoridad oficiante proporcionó de manera detallada el domicilio de Rubén Martínez Castillo (quien fuera Presidente Municipal de Hueytamalco, Puebla), Felipe Rivera Vázquez (quien fuera Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Publica de Hueytamalco, Puebla) y Lidia Ruiz Luna (quien fuera Síndico Municipal de Hueytamalco, Puebla), para el efecto de que sean citadas y se puedan tomar una muestra de escritura y firma, misma que servirá como elemento indubitable, para que la perito oficial Floribel López Salazar adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República con residencia en la ciudad de Puebla, pueda realizar la opinión pericial solicitada dentro del presente juicio de garantías en que se actúa. En consecuencia, se provee: Tomando en consideración que los domicilios solicitados y al decir de la autoridad responsable oficiante, obran dentro de los archivos del Ayuntamiento; esto es: Rubén Martínez Castillo, con domicilio ubicado en Calle Francisco I. Madero número 40 Col. Centro C.P. 73580 Hueytamalco, Puebla. Felipe Rivera Vázquez, con domicilio ubicado en Calle Miguel Hidalgo sin número Colonia Amatetel, C.P. 73580 Municipio Hueytamalco, Puebla. Lidia Ruiz Luna, con domicilio ubicado en Calle Miguel Hidalgo sin número, en la Localidad de Zompanico, C.P. 73580 Hueytamalco. Puebla. En tales condiciones y con la finalidad de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, gírese despacho al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, en Turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado cite a Rubén Martínez Castillo, Felipe Rivera Vázquez; y, Lidia Ruiz Luna, para tal efecto deberá ordenar a quien corresponda se constituya en los domicilios indicados con antelación, quienes deberán presentarse debidamente identificados ante este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, para el efecto de que se lleve a cabo la diligencia de ejercicios caligráficos bajo la supervisión de la perito oficial Floribel López Salazar adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República con residencia en la ciudad de Puebla, quien fue designada por parte de este órgano jurisdiccional, para lo cual se señalan las trece horas con treinta minutos del diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve; con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecinueve. Se hace saber a las indicadas personas, que dicho requerimiento obedece a que el Presidente Municipal y Consejero Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Hueytamalco, Puebla, promovió incidente de objeción de falsedad de documento, respecto al: "Informe de fecha treinta de marzo del año dos mil dieciocho, supuestamente presentado ante el suscrito, en atención al oficio número CHJ/HUEYTAMALCO/001/2018 dentro del expediente 001/2018/CHJ, en el cual, el quejoso da contestación a los hechos que dieron origen a la instauración en su contra del expediente 001/2018/CHJ por la Comisión de Honor y Justicia de Hueytamalco, Puebla." Se le hace saber a la autoridad solicitada que de no dar cumplimiento a lo antes solicitado o de no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa en los mismos términos indicados en los párrafos que anteceden, para el caso de incumplimiento. Hágase saber la anterior determinación a las partes, así como a la perito oficial Floribel López Salazar, por conducto del Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República. Se solicita a referido Coordinador, para el efecto de que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente auto, remita a este órgano jurisdiccional la constancia de notificación a la perito en comento. Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual informa que por auto dictado el siete de agosto del año en curso, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, quedando registrado bajo el número R-349/2019, relativo al expedientillo en que se actúa. Notifíquese.
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