Maria Guadalupe Dominguez Hernandez
Expediente 714/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/02/2021
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Dominguez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de autos, y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de tres de febrero del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno, y archívese el expediente como asunto concluido...
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...En ese sentido, tomando en consideración que dicho plazo transcurrió del dieciocho de diciembre de dos mil veinte al quince de enero del año en curso; sin que la parte quejosa cumpliera con la aludida prevención; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, y se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo...
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NOTIFICACION POR LISTA QUEJOSO.- ...En ese sentido, tomando en consideración que dicho plazo transcurrió del dieciocho de diciembre de dos mil veinte al quince de enero del año en curso; sin que la parte quejosa cumpliera con la aludida prevención; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, y se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo...
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Agréguese el escrito de cuenta, por medio del cual el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de diez de diciembre del año en curso. Al efecto, es necesario precisar que si bien en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos regulada mediante los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, lo que implicaba su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Lo cierto es que mediante circular CAP/3/2020, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Además, en el Acuerdo General 13/2020, modificado por los diversos 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó que de manera interna y sin acceso al público, debido a que las instalaciones de los órganos jurisdiccionales permanecerían cerradas, se reanudaría la actividad jurisdiccional en mayor escala, para dar seguimiento oficioso a los asuntos que se hubiesen radicado al calificarlos como "urgentes", para atender las decisiones que no requirieran audiencias, así como aun requiriéndolas implicaran peligro a la vida o la integridad de las personas; también, para los asuntos cuya tramitación se encontrara integrada y lista para resolución, de igual manera, para los asuntos que se hubieran tramitado mediante "juicio en línea", debiendo practicarse las actuaciones de trámite que pudieran decidirse y acordarse por escrito y que permitieran la integración y resolución de expedientes, ello en términos de los artículos 1ro, 12, 23 y 24, fracción II, del apuntado Acuerdo General. Por otro lado, el artículo 4, fracción IX, inciso a) del Acuerdo General 13/2020 en mención, estableció que deberán considerarse como urgentes aquéllos asuntos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan, considerando los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso. En tal virtud, toda vez que en la demanda que dio origen al presente juicio de amparo se mencionó la orden de embargo en el domicilio de la quejosa y su ejecución, lo que pudiera afectar la posesión de un inmueble que constituya el hogar de la quejosa y en su caso, la espera en la conclusión del periodo de contingencia pudiera representar un perjuicio de imposible reparación. Atento a lo anterior, se provee al respecto: Tomando en consideración que es el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de diez de diciembre del año en curso, por tanto, dígasele que carece de atribuciones legales conforme con lo establecido por el citado artículo 12 de la ley de la materia; de ahí que no resulta posible acordar de conformidad lo que peticiona. Lo anterior, toda vez que, el ejercicio de la acción constitucional corresponde a la quejosa o a su representante y como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, la aclaración de la demanda, sólo puede ser realizada por la quejosa o su representante y no por el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Ello, tomando en consideración que el autorizado de la quejosa cuenta con facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de la interesada e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación, de ahí que no proceda acordar favorable el escrito mencionado. Tiene aplicación por las razones que expone, la jurisprudencia 2a. 9 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 295, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA, ACLARACION DE LA. EL AUTORIZADO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTA FACULTADO PARA HACERLA. El segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, antes de su reforma llevada a cabo en decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, prescribía: "El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal. La facultad de recibir notificaciones autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, pero no para substituir dichas facultades en un tercero". Por otra parte, en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en materias diversas de la penal, el ejercicio de la acción constitucional corresponde al quejoso o a su representante, y, como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, sólo puede ser realizado por el quejoso o su representante. Además, de una recta interpretación del artículo 27, en comento, se concluye que la enumeración de las facultades de recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, es limitativa y no enunciativa. Por tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el Juez de Distrito en el escrito de demanda deben ser subsanadas por el promovente del juicio de garantías o por su representante legal, y no deben tenerse por hechas las realizadas por el autorizado para oír notificaciones en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. No obstante, cabe precisar que el autorizado sí puede presentar las copias de la demanda que sean necesarias, pues ello no implica el ejercicio de la acción de amparo, sino la realización de un acto material." De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68, de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional.
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