María Guadalupe Diego Gatica
Expediente 205/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María Guadalupe Diego Gatica
- Jueza del Juzgado Tercero de Primera Instancia En Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, Residente En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciséis de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.
- Principal
Acapulco, Guerrero, ocho de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele la copia certificada que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción. Asimismo, como lo solicita una vez que cause firmeza la sentencia emitida en el presente asunto, devuélvansele las documentales que refiere.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio Juzgado de Distrito que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 205/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, María Guadalupe Diego Gatica, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la autoridad y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "De la Responsable Ordenadora: La negativa actitud de no concederme el derecho de que se modifique el procedimiento y se dicte sentencia definitiva en el juicio de Jurisdicción Voluntaria de información testimonial para acreditar la relación concubinaria que existió entre la suscrita con el fallecido señor CARLOS HUMBERTO VELASCO GARCÍA, legalmente solicitada mediante los siguientes escritos: 1. Escrito signado por mi abogado patrono el C. Lic. Fernando Valverde Carranza, ingresado por oficialía de partes común los Juzgados Civiles y Familiares, del Distrito Judicial de Tabares, con fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis. 2. Escrito de fecha siete de febrero de la presente anualidad, signado por la suscrita e ingresado por Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Tabares en esa misma fecha. 3. Escrito de fecha catorce de febrero de la presente anualidad, signado por mi abogado patrono el C. Lic. Salvador Vélez del Carmen, ingresado por Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Tabares en esa misma fecha. SEGUNDO. La quejosa señaló como derechos violados, los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de uno de marzo de dos mil diecisiete, por auto de ocho de marzo siguiente, se admitió a trámite la demanda que había sido registrada en el Libro de Gobierno con el número 205/2017; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto pronunciado en un procedimiento de jurisdicción voluntaria por un Tribunal Familiar con domicilio dentro del ámbito de jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. De las constancias que integran el juicio de origen se obtiene que la quejosa tuvo conocimiento del acuerdo reclamado el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del veinte de febrero al diez de marzo del año en curso, descontándose los días veinticinco y veintiséis de febrero así como cuatro y cinco de marzo, por haber sido inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el veintiocho de febrero último, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado lo constituye el acuerdo dictado el quince de febrero de dos mil diecisiete, en el procedimiento de jurisdicción voluntaria (de información testimonial para acreditar concubinato) número 118/2016, que recayó al recurso de reconsideración interpuesto por la aquí quejosa, en contra del auto de ocho de febrero anterior, en el que la juez responsable le indicó que debía estarse a lo acordado en el proveído de veintinueve de abril del año pasado. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en virtud de que así lo reconoció al rendir su informe con justificación, manifestación que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, constituye una confesión; y hace prueba plena, porque se corrobora además, con la copia certificada de las constancias que integran el procedimiento de jurisdicción voluntaria (de información testimonial para acreditar concubinato) número 118/2016, que remitió en apoyo a su informe, y que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del citado ordenamiento procesal, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, pues en ellas obra glosado el acuerdo reclamado. QUINTO. Actualización de causal de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, de oficio se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, relacionada con el ordinal 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; mientras que del citado en segundo lugar, en la fracción mencionada, se obtiene que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados constitucional o convencionalmente. Es de precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, es importante destacar que las diligencias de jurisdicción voluntaria tienen por objeto que el Juez intervenga para dar certeza jurídica a cierto acto solicitado por alguna persona, y una de sus características esenciales es que no existe controversia, litigio, conflicto u oposición entre las partes. Luego por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad. Sirve de apoyo la jurisprudencia 16/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 744, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubro: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA"; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO"; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." Precisado lo anterior, de la copia certificada de las constancias que integran el procedimiento de jurisdicción voluntaria número 118/2016 que obran agregadas al sumario y que fueron valoradas en el considerando que antecede, se obtienen los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, la quejosa María Guadalupe Diego Gatica, promovió procedimiento de jurisdicción voluntaria a fin de acreditar la relación de concubinato que existió entre ella y el finado Carlos Humberto Velasco García, para lo cual ofreció diversas documentales y los testimonios de María Luisa Guillermina Velasco García y Minerva Torres Navarrete. 2. En acuerdo de veintinueve de enero siguiente, la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, admitió a trámite la diligencia de jurisdicción voluntaria bajo el número 118/2016, y señaló fecha y hora para el desahogo de la información testimonial a cargo de las aludidas testigos. 3. El veinticuatro de febrero del año pasado tuvo verificativo la diligencia de información testimonial a cargo de las testigos María Luisa Guillermina Velasco García y Minerva Torres Navarrete, en la que la juez responsable tuvo por acreditada la relación concubinaria que tenía la aquí quejosa y el finado Carlos Humberto Velasco García. 4. Por escrito de siete de marzo del año pasado, la quejosa solicitó se dictara resolución dentro de dicho procedimiento, petición que por acuerdo de nueve de marzo siguiente fue negada, pues refirió la juez responsable, que la información testimonial ahí ofrecida había sido aprobada en la última parte de la audiencia de veinticuatro de febrero de ese año. 5. Mediante escrito de veintidós de abril siguiente, la quejosa de nueva cuenta solicitó se dictara resolución dentro de dicho procedimiento en la que se declarara acreditada la relación concubinaria entre ésta y el finado Carlos Humberto Velasco García, a fin de exhibir la misma ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y poder gestionar la pensión correspondiente; petición que por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil dieciséis fue negada, en razón de que en dicho procedimiento no era dable dictar resolución, sino únicamente aprobar la información testimonial ofrecida por la solicitante, misma que había sido aprobada en diligencia de veinticuatro de febrero de ese año, al determinarse acreditada la relación de concubinato entre la quejosa María Guadalupe Diego Gatica y el finado Carlos Humberto Velasco García. 6. En escrito de siete de febrero de dos mil diecisiete, la quejosa de nueva cuenta solicitó se dictara resolución dentro del expediente de jurisdicción voluntaria 118/2016 en la que se declarara acreditada la relación concubinaria entre ésta y el finado Carlos Humberto Velasco García, pues refirió que al acudir con copia certificada de dicho procedimiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para tramitar la pensión correspondiente, fue informada que debía exhibir la sentencia definitiva emitida en dicho asunto, y al efecto exhibió el oficio número 129001 720 100/RL/3292/16 de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, signado por el Jefe del Departamento de Relaciones Laborales de la Delegación Estatal Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se le informa que a fin de obtener su designación como única y legítima beneficiaria de la pensión de viudez que solicita en calidad de concubina, debía acreditar el concubinato presentado la sentencia definitiva que la acreditara como única beneficiaria legítima; petición a la que recayó el acuerdo de ocho de febrero del año en curso, por el que se le indicó que debía estarse a lo acordado en proveído de veintinueve de abril de dos mil dieciséis. 7. Contra dicho auto (ocho de febrero de dos mil diecisiete), la quejosa por escrito de catorce de febrero siguiente promovió recurso de reconsideración. 8. Finalmente, el quince de febrero de la anualidad en curso, la juez responsable, emitió el auto que constituye el acto reclamado en la presente vía constitucional, y que a continuación se transcribe: "AUTO. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 fracción I y IV del Código Procesal Civil en vigor, dígase al ocursante que no ha lugar a admitir a trámite su recurso de reconsideración, en virtud de que lo hace en forma extemporánea, ello en razón de que el auto que debieron recurrir es el de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, al que remitió el proveído que pretende recurrir. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así, lo acordó y firma la Licenciada SARAY DÍAZ ROJAS, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, quien actúa por ante la Licenciada CECILIA PIMENTEL DÁVALOS, Primer Secretario de Acuerdos con quien da fe. DOY FE.-" Lo reseñado evidencia que el acuerdo reclamado no produce de manera directa e inmediata afectación material alguna a los derechos sustantivos de la quejosa para hacer procedente el juicio de amparo biinstancial. Esto es, el citado acto de autoridad no tiene efectos de imposible reparación hacia la garante, en virtud de que los actos que tienen esa característica, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, entre otros) y que tutela la Constitución por medio de las garantías para su protección; o bien, afectan los establecidos en los tratados internacionales en los que México es parte, por lo que es inconcuso que el juicio de amparo indirecto instado en contra de dicho acuerdo debe considerarse improcedente. Máxime que basta remitirse a la relación de antecedentes efectuada con anterioridad para concluir que la pretensión de la quejosa en el expediente de jurisdicción voluntaria 118/2016 se colmó al aprobarse en la última parte de la audiencia (relativa a la recepción de la información testimonial) de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dicha diligencia teniéndose por acreditada la relación concubinaria que tenía la quejosa con el finado Carlos Humberto Velasco García, ya que como se indicó la naturaleza jurídica de ese procedimiento, es precisamente la realización de actos que por su propio origen y por sus características particulares carecen de una controversia. Es decir, la jurisdicción voluntaria, es la vía en la que a petición de una o varias personas se constatan o demuestran hechos o circunstancias en las que no es legalmente posible ejercitar acciones respecto de las cuales proceda oponer excepciones, de ahí que no exista la controversia necesaria para la existencia de un juicio. Bajo esa óptica, es inconcuso que el acuerdo reclamado no produce de manera directa e inmediata afectación material alguna a los derechos sustantivos de la quejosa, ya que cómo se insiste la pretensión de ésta en el procedimiento de jurisdicción voluntaria número 118/2016, se colmó al tenerse por acreditada en la diligencia de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, la relación concubinaria que tenía con el finado Carlos Humberto Velasco García, por lo que en su caso la eventual afectación que pudiera resentir en realidad orbita en relación a la determinación adoptada por la entidad aseguradora en el sentido de que dicho reconocimiento se efectué con una estructura o formato especifico (sentencia), pese a que en los procedimientos de jurisdicción voluntaria como lo indicó la juez responsable no es necesario que se emita sentencia definitiva, en términos del artículo 746 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero. En las relatadas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, y lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 y 217, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio 205/2017, promovido por María Guadalupe Diego Gatica, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, asistido por la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio Juzgado de Distrito que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Acapulco, Guerrero; a diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de cinco de abril actual, se tuvo por recibido el informe justificado del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.
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