María Guadalupe Delgado Tapia
Expediente 989/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 989/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Guadalupe Delgado Tapia
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 989/2023 del índice de este juzgado de distrito e informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; atento a lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes, por lo que con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos para su debida integración. 2. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional 3. Archivo del expediente. En virtud de que el juicio de amparo en que se actúa ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. 5. Destino del expediente. Ahora bien, toda vez que el presente cuaderno de antecedentes, se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 19, fracción I, inciso a) del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el cual a la letra dice: "Artículo 19. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes; b) Incompetencias; c) Expedientes varios; d) Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y e) Cateos y Arraigos. II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y b) Los generados por los Plenos Regionales, siempre que no se haya establecido jurisprudencia. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, una vez al año y, previamente a la realización de la visita de inspección, deberá destruir estos expedientes y remitir, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo. Tampoco serán materia de destrucción, los documentos de un expediente judicial o auxiliar que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información." En tal virtud, este cuadernillo es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado acuerdo, dése cumplimiento y procédase a su destrucción. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía Electrónica
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de agosto de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 989/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Estudio de la demanda de amparo. Previo acordar lo que derecho corresponda, es necesario establecer que la quejosa **********, senala como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: III. Autoridad responsable: a) Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). IV. Acto reclamado: La omisión de resolver la solicitud de pensión de la ahora quejosa en los plazos y términos senalados en la Ley. Ahora bien, ya precisado el acto reclamado es menester puntualizar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atane a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado carece de competencia por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. [Énfasis anadido] En el artículo transcrito, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento corresponda, los cuales son: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y la ejecución continúa en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado en esta instancia consistente en la omisión en dar contestación a la solicitud de pensión de la quejosa, si bien es un acto omisivo, trae aparejada una ejecución material, que es precisamente, la de determinar la pensión en favor de la quejosa y realizar el pago de la mismas, esto es, implica un hacer, lo cual se está verificando dentro de la Jurisdicción en la que ejerce su competencia un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, puesto que en el escrito de solicitud de pensión se advierte que la quejosa realizó los trámites correspondientes en la Oficina de Atención al Derechohabiente de Nezahualcóyotl, aunado a que tiene su domicilio en el municipio de Chimalhuacán. Luego, si del artículo 37 de la Ley de Amparo deriva que para fijar la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, por regla general, debe atenderse a la ejecución material, consistente en la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo factico o una afectación material en algún derecho del gobernado, y si el acto reclamado a la responsable es un acto omisivo que tiene aparejada una ejecución material, resulta que dicho acto se ejecutará en el lugar en el que la impetrante reside, pues será en dicha localización donde se efectuará el pago de la pensión solicitada. De lo que se desprende que pese a la naturaleza negativa del acto reclamado (omisión), este tiene efectos positivos que se materializan directamente en el lugar donde se le pagara a la quejosa una vez que se dé respuesta a la solicitud de pensión. Lo anterior se afirma, pues el pago de la pensión que sea determinada en favor de la quejosa, está intrínsecamente ligado a la locación en la que reside, por ser razonablemente el lugar donde tendrá que cobrarla, por lo que conforme al artículo 37; párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de la parte quejosa. Como ya se reiteró, en líneas que anteceden el acto reclamado tiene ejecución en Chimalhuacán, Estado de México, pues del anexo que se acompana a la demanda, en específico del formato de solicitud de pensión se advierte el domicilio de la quejosa; así, este Juzgado de Distrito resulta incompetente legalmente para conocer del acto reclamado, ya que si bien se trata de un acto omisivo, conlleva una ejecución material. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado (Chimalhuacán, Estado de México), conforme a la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Resulta aplicable la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir senalar o no a la autoridad ejecutora. Asimismo, tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2009, Novena Época, Materia Administrativa, con número de registro 166109, que establece: PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SENALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En las relatadas condiciones, este Juzgado de Distrito se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente. 4. Formación de cuaderno de antecedentes. Por lo anterior, de ordena la formación del cuaderno de antecedentes correspondiente. 5. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por así haberlo solicitado la parte quejosa, se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario proporcionado, vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuario ********** 6. Notificación electrónica. Ahora, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 fracción II, de la ley de la materia, SE AUTORIZA QUE LAS NOTIFICACIONES, SE LE REALICEN DE MANERA ELECTRÓNICA en el usuario proporcionado para tal efecto. En atención a ello, se instruye al Oficial Judicial A encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.1o.4 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR.1. 7. Autorizados. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan para tales efectos en su escrito de demanda, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de lo contrario únicamente tendrán las facultades de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la Materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que refiere. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de autorización del correo electrónico que refiere, dígasele que, no ha lugar a autorizar dicho medio de comunicación, ello en atención a que el mismo no se encuentra previsto dentro de los supuestos enunciados en el artículo 26 de la Ley Amparo. 8. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, autorizados, delegados y autoridades respónsales, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Son aplicables a lo anterior, los criterios sustentados en las tesis números I.3o.C.725 C y I.1o.A.23 K (10a.), cuyos rubros son los siguientes: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.2 y REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).3. 9. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 10. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental4; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía Electrónica Oficina de Correspondencia Común de Nezahualcóyotl, Estado de México Oficio
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