María Guadalupe Dávila Esparza
Expediente 718/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María Guadalupe Dávila Esparza
Actuaciones
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos en original o copia certificada que deban ser devueltos a las partes; y, en su caso, que ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
Vista; la demanda de amparo presentada por María Guadalupe Dávila Esparza, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 718/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escrito aclaratorio y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, así como la fracción XII, del artículo 172, todos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Con base en dichas porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo, es dable concluir, contrario a como se hacía en la Ley de Amparo abrogada, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten al quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que: 1. Juan Monreal Cruz y Teresa Monreal Beaz, demandaron a la quejosa en la vía oral juicio de convivencia con su menor nieto S.A.M.D. . 2. Demanda que tocó conocer al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar en Loreto, Zacatecas, bajo el número 41/2019. 3. El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se presentó ante el domicilio de la quejosa una persona quien preguntó por ella, que al no encontrarla fue atendida por su madre Ma. Concepción Esparza Rodríguez, quien le manifestó que por el momento no se encontraba, por lo que se le dejó un citatorio para que la esperara el lunes uno de abril a las once horas del año en curso. 4. El uno de abril de dos mil diecinueve, a las once horas, se presentó nuevamente en su domicilio una persona que dijo venir del juzgado de Loreto y le comentó que le iba a dejar unos papeles del juzgado y sin darle más explicaciones le pidió su identificación y le entregó varias hojas, las cuales recibió sin saber de qué se trataba. 5. Que al revisar los documentos se percató que una hoja contenía como encabezado "ACTA POR EMPLAZAMIENTO QUE SE REALIZA A LA C. MARÍA GUADALUPE DAVILA ESPARZA", y continuando con la lectura se advertía que la oficial notificador se constituyó en el domicilio de Sandra Patricia Ortiz Díaz, con la finalidad de dar cumplimiento al auto de doce de febrero, acta de quince de marzo y citatorio de veintinueve de marzo del año en curso, y que de la lectura de dicho documento se obtenía que se emplazó a juicio a Sandra Patricia Ortiz Díaz y no a la quejosa. 6. Que después se dio cuenta que los padres del que fuera su esposo y padre de su menor hijo, la están demandando para que les permita ver a su nieto; ya que le siguen llegando documentos del juzgado a su domicilio e incluso le fueron a realizar un estudio socio económico y es donde se percató de la situación. 7. Que para no quedar en estado de indefensión promovió incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, basando su solicitud en el hecho de que a quien emplazaron el uno de abril de dos mil diecinueve fue a Sandra Patricia Ortiz Díaz, como quedó asentado en el acta de emplazamiento que obra en autos del juicio natural. 8. Mediante auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve y publicado en listas de acuerdos el veintiuno del mes y año en curso, el juez responsable en respuesta al incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, determinó que no procedía la admisión de dicho incidente, porque resultaba extemporáneo, ya que había quedado convalidado de pleno derecho, porque el dos de julio de dos mil diecinueve la promovente había presentado una promoción en la que solicitó el diferimiento de la audiencia de pruebas y alegatos, argumentando que había sufrido una caída y no le era posible presentarse a esa audiencia, escrito con el cual la quejosa convalidó todo lo actuado. 9. Posteriormente señala que la resolución reclamada le causa agravio porque la autoridad responsable, al dictar sentencia la va a condenar a la convivencia de su menor hijo con los terceros interesados, porque no fue debidamente emplazada al juicio de origen. La quejosa señala como acto reclamado la resolución de veinte de agosto de dos mil diecinueve, en el que se determinó que no era procedente admitir el incidente de nulidad de actuaciones que promovió respecto al emplazamiento que se le practicó en el juicio de origen, porque es extemporáneo. Consecuentemente, se estima que conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente. En virtud de que la resolución pronunciada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, en la que determinó que no era procedente admitir el incidente de nulidad de actuaciones promovido, respecto al emplazamiento practicado a la quejosa en el juicio de origen, por ser extemporáneo, no constituye un acto de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos de la aquí quejosa. Por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo la imposición de una multa, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones la quejosa, y de no ser así, la cuestión que ahora se plantea, constituiría una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo que, en su caso, se promoviera contra el fallo definitivo, de conformidad con el artículo 172, fracción V de la Ley de Amparo, pues se insiste, el acto reclamado guarda relación esencialmente con el desechamiento de un incidente de nulidad de notificaciones dentro de un juicio natural. En relación con el tópico en estudio, la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó y precisó los alcances de la disposición contenida en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, mismos que se encuentran en el 107, fracción V, de la vigente ley señalada, e indicó que son actos de imposible reparación aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal a través de las garantías individuales, lo que como se indicó en el caso concreto no acontece, pues las determinaciones reclamadas no afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa. Es aplicable al respecto, por analogía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o.C.167 K, que aparece publicada en la página mil ciento setenta y uno, tomo XVII, correspondiente al mes de Febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". Así como la tesis de jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, del Tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo tenor literal es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En las condiciones apuntadas y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado de que se trata no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, sino sólo procesales o adjetivos, es de considerarse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto que se interpone es notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano, la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Dávila Esparza, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas. En atención a la argumentación jurídica que le da sustento se invoca por resultar aplicable por analogía al caso concreto la siguiente tesis de jurisprudencia 2a./J. 120/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación página 1029, cuyo tenor es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO ES APLICABLE AL TRAMITADO EN LA VÍA DIRECTA. El artículo 171, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece la obligación de preparar las violaciones procesales que se hagan valer en el juicio de amparo directo, esto es, prevé la obligación de impugnarlas durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que la ley ordinaria respectiva señale, mientras que en su segundo párrafo exceptúa de dicha regla, entre otros, a los trabajadores. Ahora bien, la excepción se refiere exclusivamente a los siguientes presupuestos: que se trate de violaciones a las leyes del procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; que esas violaciones se impugnen en vía de amparo directo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; y que se trate de amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio y en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. De lo anterior se sigue que la intención del legislador fue acotar el alcance de esa excepción únicamente a los juicios de amparo directo en los que se hagan valer violaciones procesales ocurridas dentro del procedimiento, pues tratándose de excepciones a reglas generales deben estar expresamente establecidas; por tanto, no puede hacerse extensiva a los juicios de amparo indirecto, no obstante que se trate de un juicio promovido por un trabajador." Se tienen por autorizados para imponerse de autos y oír notificaciones en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Leticia Adame de la Riva, Julio Muñoz García, Julio César Aguirre García, Carlota Elena Hinojosa Manrique y Jimena Andrea Aguirre Hinojosa, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como exige el mencionado precepto legal; y, como domicilio para ello, el ubicado en Avenida Morelos, número quinientos diecisiete bis (517), interior cinco (5), Zona Centro, Zacatecas, Zacatecas.
- Principal
SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA: Vista; la demanda de amparo presentada por María Guadalupe Dávila Esparza, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 718/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escrito aclaratorio y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, así como la fracción XII, del artículo 172, todos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Con base en dichas porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo, es dable concluir, contrario a como se hacía en la Ley de Amparo abrogada, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten al quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que: 1. Juan Monreal Cruz y Teresa Monreal Beaz, demandaron a la quejosa en la vía oral juicio de convivencia con su menor nieto S.A.M.D. . 2. Demanda que tocó conocer al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar en Loreto, Zacatecas, bajo el número 41/2019. 3. El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se presentó ante el domicilio de la quejosa una persona quien preguntó por ella, que al no encontrarla fue atendida por su madre Ma. Concepción Esparza Rodríguez, quien le manifestó que por el momento no se encontraba, por lo que se le dejó un citatorio para que la esperara el lunes uno de abril a las once horas del año en curso. 4. El uno de abril de dos mil diecinueve, a las once horas, se presentó nuevamente en su domicilio una persona que dijo venir del juzgado de Loreto y le comentó que le iba a dejar unos papeles del juzgado y sin darle más explicaciones le pidió su identificación y le entregó varias hojas, las cuales recibió sin saber de qué se trataba. 5. Que al revisar los documentos se percató que una hoja contenía como encabezado ACTA POR EMPLAZAMIENTO QUE SE REALIZA A LA C. MARÍA GUADALUPE DAVILA ESPARZA, y continuando con la lectura se advertía que la oficial notificador se constituyó en el domicilio de Sandra Patricia Ortiz Díaz, con la finalidad de dar cumplimiento al auto de doce de febrero, acta de quince de marzo y citatorio de veintinueve de marzo del año en curso, y que de la lectura de dicho documento se obtenía que se emplazó a juicio a Sandra Patricia Ortiz Díaz y no a la quejosa. 6. Que después se dio cuenta que los padres del que fuera su esposo y padre de su menor hijo, la están demandando para que les permita ver a su nieto; ya que le siguen llegando documentos del juzgado a su domicilio e incluso le fueron a realizar un estudio socio económico y es donde se percató de la situación. 7. Que para no quedar en estado de indefensión promovió incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, basando su solicitud en el hecho de que a quien emplazaron el uno de abril de dos mil diecinueve fue a Sandra Patricia Ortiz Díaz, como quedó asentado en el acta de emplazamiento que obra en autos del juicio natural. 8. Mediante auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve y publicado en listas de acuerdos el veintiuno del mes y año en curso, el juez responsable en respuesta al incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, determinó que no procedía la admisión de dicho incidente, porque resultaba extemporáneo, ya que había quedado convalidado de pleno derecho, porque el dos de julio de dos mil diecinueve la promovente había presentado una promoción en la que solicitó el diferimiento de la audiencia de pruebas y alegatos, argumentando que había sufrido una caída y no le era posible presentarse a esa audiencia, escrito con el cual la quejosa convalidó todo lo actuado. 9. Posteriormente señala que la resolución reclamada le causa agravio porque la autoridad responsable, al dictar sentencia la va a condenar a la convivencia de su menor hijo con los terceros interesados, porque no fue debidamente emplazada al juicio de origen. La quejosa señala como acto reclamado la resolución de veinte de agosto de dos mil diecinueve, en el que se determinó que no era procedente admitir el incidente de nulidad de actuaciones que promovió respecto al emplazamiento que se le practicó en el juicio de origen, porque es extemporáneo. Consecuentemente, se estima que conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente. En virtud de que la resolución pronunciada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, en la que determinó que no era procedente admitir el incidente de nulidad de actuaciones promovido, respecto al emplazamiento practicado a la quejosa en el juicio de origen, por ser extemporáneo, no constituye un acto de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos de la aquí quejosa. Por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo la imposición de una multa, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones la quejosa, y de no ser así, la cuestión que ahora se plantea, constituiría una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo que, en su caso, se promoviera contra el fallo definitivo, de conformidad con el artículo 172, fracción V de la Ley de Amparo, pues se insiste, el acto reclamado guarda relación esencialmente con el desechamiento de un incidente de nulidad de notificaciones dentro de un juicio natural. En relación con el tópico en estudio, la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó y precisó los alcances de la disposición contenida en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, mismos que se encuentran en el 107, fracción V, de la vigente ley señalada, e indicó que son actos de imposible reparación aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal a través de las garantías individuales, lo que como se indicó en el caso concreto no acontece, pues las determinaciones reclamadas no afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa. Es aplicable al respecto, por analogía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o.C.167 K, que aparece publicada en la página mil ciento setenta y uno, tomo XVII, correspondiente al mes de Febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos. Así como la tesis de jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, del Tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo tenor literal es el siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En las condiciones apuntadas y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado de que se trata no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, sino sólo procesales o adjetivos, es de considerarse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto que se interpone es notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano, la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Dávila Esparza, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas. En atención a la argumentación jurídica que le da sustento se invoca por resultar aplicable por analogía al caso concreto la siguiente tesis de jurisprudencia 2a./J. 120/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación página 1029, cuyo tenor es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO ES APLICABLE AL TRAMITADO EN LA VÍA DIRECTA. El artículo 171, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece la obligación de preparar las violaciones procesales que se hagan valer en el juicio de amparo directo, esto es, prevé la obligación de impugnarlas durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que la ley ordinaria respectiva señale, mientras que en su segundo párrafo exceptúa de dicha regla, entre otros, a los trabajadores. Ahora bien, la excepción se refiere exclusivamente a los siguientes presupuestos: que se trate de violaciones a las leyes del procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; que esas violaciones se impugnen en vía de amparo directo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; y que se trate de amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio y en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. De lo anterior se sigue que la intención del legislador fue acotar el alcance de esa excepción únicamente a los juicios de amparo directo en los que se hagan valer violaciones procesales ocurridas dentro del procedimiento, pues tratándose de excepciones a reglas generales deben estar expresamente establecidas; por tanto, no puede hacerse extensiva a los juicios de amparo indirecto, no obstante que se trate de un juicio promovido por un trabajador. Se tienen por autorizados para imponerse de autos y oír notificaciones en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Leticia Adame de la Riva, Julio Muñoz García, Julio César Aguirre García, Carlota Elena Hinojosa Manrique y Jimena Andrea Aguirre Hinojosa, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como exige el mencionado precepto legal; y, como domicilio para ello, el ubicado en Avenida Morelos, número quinientos diecisiete bis (517), interior cinco (5), Zona Centro, Zacatecas, Zacatecas.
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