Maria Guadalupe Cuevas Camal

Expediente 691/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
691/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2015

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Cuevas Camal

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso alguno dentro del término legal; se declara que el auto que tuvo por desechada la demanda, HA CAUSADO ESTADO., se ordena el archivo del presente asunto, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de nueve de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de ocho de octubre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de amparo presentada por María Guadalupe Cuevas Camal contra actos que atribuye al Secretario de Educación de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 691/2015. ? Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asentado la anterior, se sostiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte," "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De conformidad con los artículos transcritos, el presente juicio de amparo resulta improcedente, al no ser posible entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos atribuidos al Secretario de Educación de Quintana Roo y Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, ambos con residencia en esta ciudad, pues no son autoridades para efectos del juicio de amparo. Al respecto, la fracción I del artículo 1º de la Ley de Amparo, prevé que el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el artículo 5, fracción II, párrafo primero, indica que las autoridades responsables son las que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni al consenso de la voluntad del afectado. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido construyendo un criterio que defina las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, que sea acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Tales características son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, se estableció en la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Criterio antes invocado que, desde luego, fue emitido con la vigencia de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, en la ley vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se hizo otra cosa más que recoger algunas de las anteriores notas distintivas para establecerlas expresamente en el artículo 5, fracción II, de la nueva Ley de Amparo. Actualmente, debe tenerse en cuenta para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un ente u organismo del Estado [autoridad con independencia de su naturaleza formal], dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral o, en su caso, que omita el acto respectivo. Empero, la circunstancia de que no se haya establecido en la Ley de Amparo que debe de existir entre el ente de hecho o de derecho y la parte quejosa una relación de supra a subordinación, no quiere decir que éste deje de ser un requisito fundamental para determinar si se trata o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues estimar lo contrario implicaría reconocer que cualquier acto podría ser materia del juicio constitucional. Por ejemplo, el hecho de que un patrón despida a un trabajador o le deje de pagar su salario no implica que contra ese acto específico proceda el juicio de amparo, por la sola circunstancia de que aquél ejecutó un acto de forma unilateral y obligatorio que extinguió la relación laboral, pues en ese supuesto el acto no ha sido emitido en un plano de supra a subordinación para los efectos del juicio de amparo. Sin que sea óbice que el segundo párrafo del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establezca que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa misma fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; pues tal apartado normativo debe interpretarse en el sentido de que la propia ley le da al particular el imperio para actuar frente al gobernado, en un plano de supra a subordinación y no, como naturalmente lo hace, en coordinación. Por ello, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las particularidades del acto mismo; en otras palabras, debe atenderse a la norma legal y examinarla si facultan a aquélla o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o, bien, a través de otras autoridades. Asimismo, para determinar cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, es útil acudir a la distinción que hace la teoría general de derecho entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materia de derecho civil, mercantil, laboral, incluso administrativa, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes. De igual manera, se debe acudir a las relaciones de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. En ese sentido, es de mencionarse que las relaciones jurídicas de coordinación, al entablarse en un plano de igualdad, ninguno de ellos actúa como autoridad y, por ende, los actos realizados por los mismos no pueden ser actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo; mientras que en las relaciones jurídicas de subordinación y de supraordinación, sí se pueden suscitar actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que al intervenir en ellas uno o más órganos del Estado que unilateralmente imponen su voluntad, pueden afectar la esfera jurídica de los gobernados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación , que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". Asimismo, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación , que señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado.". Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por otra parte, resulta pertinente destacar que el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, en su artículo 2, establece: "Artículo 2. La Secretaría, como Dependencia auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones que expresamente le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Educación, ambas del Estado, el Ejecutivo del Estado y demás disposiciones legales aplicables, para lograr que en la entidad se alcancen los objetivos del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Entonces, el precepto legal transcrito revela que si bien la Secretaría de Educación de Quintana Roo es una dependencia auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, y tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones que expresamente le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Educación, ambas del Estado, el Ejecutivo del Estado y demás disposiciones legales aplicables, para lograr que en la entidad se alcancen los objetivos del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, en su actuación pueden emitir actos unilaterales, a través de los cuales crean modifiquen o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, lo cierto es que ello no se da cuando dicha dependencia actúa desprovista del imperio que caracteriza las relaciones de supra a subordinación. Ahora, para evidenciar la actualización de la causal de improcedencia invocada, conviene señalar que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A) La ilegal orden de retención salarial, de la que fui objeto de las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras, a los emolumentos que percibo como docente en la Escuela denominada Fidel Velázquez de esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, percepción descontada en la quincena correspondiente al período comprendido de pago del 15 de Octubre del presente año.". Asimismo, debe indicarse que la parte quejosa atribuyó dicho acto al Secretario de Educación de Quintana Roo y Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, ambos con residencia en esta ciudad. Sin embargo, el acto reclamado no puede ser considerado como de autoridad o alguno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo. Ello es así, en razón que el acto reclamado [el descuento de cuatrocientos cincuenta y seis pesos con treinta y tres centavos, reflejado en el recibo de pago correspondiente a la primera quincena de septiembre pasado, por el concepto de "falta de asistencias del año en curso"] surge con motivo de lo acontecido en una relación laboral trabajador-patrón, es decir, entre personas colocadas en un plano de coordinación, mas no en una relación de supra a subordinación; pues dicha relación trabajador-patrón, se desprende no sólo de la demanda de amparo sino también del anexo consistente en la impresión del talón de pago correspondiente al período comprendido entre el uno y quince de septiembre de la presente anualidad, a nombre de María Guadalupe Cuevas Camal [aquí quejosa]. Motivo por el cual, en aquel plano de coordinación tanto el Secretario de Educación de Quintana Roo, como la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, en el caso concreto carecen de facultades y atribuciones por las normas legales para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de la interesada, pues, se insiste, únicamente actúan en calidad de patrón de la quejosa, esto es, en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones entre la dependencia y su personal, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado. Es aplicable en lo conducente, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto con los siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." Habida cuenta que no basta la circunstancia de que la quejosa invoque en su demanda de amparo los artículos 13, 14 y 16 constitucionales, ya que tal circunstancia no cambia la naturaleza del acto mismo, el cual no emerge del imperio que corresponde al Secretario de Educación de Quintana Roo y Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, como parte de la administración pública en la prestación de un servicio a cargo del Estado, la educación pública, sino que tiene como origen el acuerdo en que las partes, conforme a la ley que rige ese tipo de relaciones laborales, pues las mismas partes convienen las condiciones en que habrá de desarrollarse su relación, esto es, el reclamado no es un acto emitido en función del ejercicio público, de acuerdo al artículo 3o. de la Carta Magna, que afecte por sí y ante sí, de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado. De esta manera, es indudable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en consecuencia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Cuevas Camal. No se soslaya, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." , toda vez que no asiste el carácter de autoridad responsable a la Directora de Recursos Humanos de los Servicios Educativos de Quintana Roo, lo cual es sustentado con el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes invocado, es decir, se aplicó lo ya determinado así por la Superioridad. Motivo por el cual resulta aplicable al caso y apoya el desechamiento de la demanda, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito , que señala: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CUANDO YA SE ENCUENTRA DEFINIDO EXPRESAMENTE POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE NO TIENE TAL CARÁCTER PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN ALGÚN ACTO DETERMINADO, SÍ ES PROCEDENTE EL ESTUDIO DE ESTE ASPECTO EN LA CITADA ACTUACIÓN, SIN QUE SEA DABLE LA APLICACIÓN DE LA ANALOGÍA EN ESE MOMENTO [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. Del análisis de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que establece la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no se pueden realizar análisis exhaustivos, ya que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo, en virtud de que sólo sería suficiente la aplicación del criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo. Empero, no debe considerarse como excepción la aplicación analógica de la hipótesis prevista en una jurisprudencia, pues ello implica que no sea manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, puesto que para ello necesariamente se tendría que hacer un análisis exhaustivo para encuadrar el caso concreto al previsto en el criterio jurisprudencial que no lo contempla expresamente, lo que jurídicamente no debe llevarse a cabo en el auto inicial del juicio de amparo, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia." ? Domicilio procesal y autorizada. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lorena del Carmen Gómez Palma, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ? Habilitación de días y horas inhábiles; publicación de datos personales; capturas y anotaciones en el expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. En términos de los artículos 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y 5, 6, 7, 8 y 9, Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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