Maria Guadalupe Cuetara Priede

Expediente 1094/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1094/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
24/10/2017

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Cuetara Priede

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete por el que se DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de ***, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; visto su contenido, como lo solicita con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvase los documentos que señala en su escrito de mérito, dejando en su lugar copia certificada de los mismos, previa identificación y toma de razón que de sus recibo obren en autos. En la inteligencia de que la autorización que aquí se otorga para que Saray Méndez Gutiérrez, puedan recibir el documento solicitado se debe a que también está autorizada y no a la petición realizada por la ocursante.

  3. Principal

    RADICACIÓN Con el oficio 45044/2017 signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, por el que remite el expediente relativo al juicio de amparo 1960/2017 de su índice del que se desprende la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Cuetara Priede, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria de María Covadonga Priede del Torno, fórmese y regístrese el juicio de amparo 1094/2017. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla se declara competente para conocer de la demanda de que se trata, acúsese el recibo correspondiente. PERSONALIDAD Téngase por reconocida la personalidad de María Guadalupe Cuetara Priede, como albacea de la sucesión testamentaria de María Covadonga Priede del Torno y no de María Covadonga Priegue del Torno, como lo refiere, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, según se desprende de las copias certificadas relativas instrumento notarial 64797 de siete de marzo de dos mil trece. DESECHA Ahora bien, atento a que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Se procede al análisis correspondiente, la parte quejosa reclama de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Puebla (CESAMED) el acto siguiente: "Lo es que desde el veinte de mayo de dos mil diecisiete, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Siete de la Unidad Norte de Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado, remitió la Averiguación Previa número 2231/2012/CENTRO, a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Puebla (CESAMED), para que emitiera el dictamen correspondiente, empero, desde esa data no lo han realizado, situación por la cual violenta lo establecido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que en lo conducente refiere: ".Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." De lo anterior, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que se analiza deviene improcedente, pues se advierte que respecto del acto que reclama, se actualiza la causa de improcedencia, contemplada en el artículo 61, fracción XXIII con relación de los artículos 1 y 5 fracción I, de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la omisión por parte de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Puebla, de emitir el dictamen solicitado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Siete de la Unidad Norte de Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado, el veinte de mayo de dos mil diecisiete dentro de la Averiguación Previa número 2231/2012/CENTRO, pues según lo narrado por la impetrante de amparo en la demanda que se provee, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Puebla ha omitido realizar el dictamen solicitado por la representante social. De la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se desprende que las causas de improcedencia del juicio de amparo pueden derivar de cualquier otra disposición de dicho ordenamiento legal, pues a través de esta fracción se permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las fracciones anteriores que contiene dicho artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia Ley o de la Constitución, sin que exista disposición que impida o prohíba que aquel precepto legal que determine la improcedencia, sea interpretado a contrario sensu. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 2a. LXXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 373, tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Así como la tesis del otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 184, tomo IX, enero de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- La fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición legal, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los establecidos concretamente en el propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en su caso concreto, sin que exista ningún dispositivo que impida o prohíba que aquel precepto legal que determine la improcedencia, sea interpretado a contrario sensu." Establecido lo anterior, debe decirse que de la interpretación sistemática de los preceptos antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando ello derive de cualquier otra disposición de la ley, que el juicio de amparo -del cual conocen los Tribunales de la Federación- procede únicamente respecto de actos de la autoridad que violen derechos fundamentales del gobernado. Como se precisó, el quejoso reclama de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Puebla, la omisión de emitir el dictamen médico solicitado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Siete de la Unidad Norte de Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado. Al respecto la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal ha sostenido el criterio que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa o judicial, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado, lo cual puede ser consultado en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, visible en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En consecuencia, autoridad es la que teniendo las características de órgano público otorgadas por las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de su voluntad o aun en contra de ella. De lo que se sigue, que si la autoridad responsable es aquella que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, resulta incuestionable que en el supuesto que se analiza la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Puebla no actúa con ese carácter, pues no existe una relación de supra-subordinación, sino únicamente una participación como auxiliar dentro de una averiguación y, por tanto, resulta jurídicamente inadmisible el juicio de amparo en su contra aunado que no fue la propia quejosa quien solicitó a dicha autoridad la emisión del dictamen de referencia. Se cita en apoyó a lo anterior la Tesis: I.13o.A.29 K, visible en la página 1620, Tomo XXI, del mes de Febrero de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." En tales condiciones, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 1, y 5 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del mismo Cuerpo de Leyes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a PAOLA GUYOT GONZÁLEZ por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y con las limitaciones a que hace referencia el citado numeral por cuanto al diverso profesionista que menciona por así precisarlo la parte quejosa. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    .....En tales condiciones, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 1, y 5 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del mismo Cuerpo de Leyes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a PAOLA GUYOT GONZÁLEZ por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y con las limitaciones a que hace referencia el citado numeral por cuanto al diverso profesionista que menciona por así precisarlo la parte quejosa. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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