María Guadalupe Cristina Pérez Juanico
Expediente 533/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María Guadalupe Cristina Pérez Juanico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 533/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el siete de enero de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 533/2018-IV, promovido por María Guadalupe Cristina Pérez Juanico, y RESULTANDO: PRIMERO.- Por escrito presentado el tres de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este Juzgado de Distrito el mismo día, María Guadalupe Cristina Pérez Juanico, por derecho propio, promovió demanda de amparo contra actos de la Directora General y Encargada del Departamento de Servicios Médicos, ambas, del Centro Federal de Readaptación Social Número 16"CPS Femenil Morelos", los que hizo consistir en la falta de una adecuada atención médica general y suministro de medicamento conforme a su padecimiento de anemia. SEGUNDO.- Mediante auto de tres de abril de dos mil dieciocho, se previno a la quejosa a efecto de que aclarara diversos aspectos de la demanda, se concedió la suspensión de plano para que se brindara a la impetrante atención médica y los medicamentos necesarios conforme a su estado de salud y se solicitó al Delegado en Morelos del Instituto Federal de la Defensa Pública la designación de un asesor jurídico para que le brinde sus servicios legales de representación a la quejosa. TERCERO.- Por acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho, en virtud de que la quejosa no subsanó la prevención, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. CUARTO.- Inconforme con la anterior determinación el Asesor Jurídico de la quejosa interpuso recurso de queja, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien por resolución emitida en sesión de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente Q.P. 129/2018, declaró fundado el recurso de queja, dejó sin efectos el acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho y ordenó admitir la demanda de amparo. QUINTO.- En acatamiento a la anterior determinación, por acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado, se le dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; en virtud de que los actos que se reclaman tienen ejecución en el lugar en que se tramita este juicio. SEGUNDO.- Son ciertos los actos reclamados, porque, si bien es cierto que al rendir su informe justificado, las autoridades responsables, negaron su existencia; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada ya que las constancias que adjuntaron a su referido informe no son idóneas ni suficientes para demostrar que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, (tres de abril de dos mil dieciocho), se hubiese prestado la atención médica y suministrado medicamentos a la quejosa, pues las constancias que adjuntaron al informe justificado datan de los meses de julio y noviembre de dos mil dieciocho; siendo que la existencia del acto reclamado debe de analizarse a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 3/94, publicada en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." . Por ello, se consideran ciertas las omisiones de proporcionar a la quejosa atención médica y de suministrarle los medicamentos adecuados para la anemia. Lo anterior resulta así, en razón de que los actos reclamados son de carácter negativo; de ahí que la carga de la prueba respecto a la inexistencia de las omisiones combatidas, corresponde a las autoridades responsables, como lo indica la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de la Séptima Época con número de registro 818571, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 5, Tercera Parte, Materia Administrativa, página 13 del texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO. Si bien es cierto que normalmente la carga de la prueba de las violaciones que se atribuyen a las responsables corresponde al quejoso, salvo cuando el acto reclamado es violatorio de garantías en sí mismo, también lo es que dicha regla admite una excepción: cuando la violación se hace consistir en hechos de carácter negativo o abstenciones por parte de las autoridades responsables, caso en que la carga de la prueba de la legalidad de sus actos corresponde a éstas y no al quejoso la de su ilegalidad, pues es principio aceptado por nuestro derecho que los hechos negativos o abstenciones no son materia de prueba y que el que niega no está obligado a probar su negativa, salvo que la misma implique la existencia una afirmación susceptible de probarse por cualquiera de los medios que la ley establece." Consecuentemente, se encuentra desvirtuada la negativa de las autoridades responsables, sostenida en el informe justificado. TERCERO.- De oficio se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por las consideraciones jurídicas que enseguida se exponen: Si bien, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de un acto de autoridad que se estima violenta derechos humanos, ello debe realizarse en los términos que la Constitución y la Ley reglamentaria dispone, pues dichos cuerpos normativos permiten al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la existencia y aplicación de causas de procedencia de dicho medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Por tanto, al margen que en el presente asunto se impugnen actos relacionados con la situación que la parte quejosa guarda en el centro de reclusión en el que se encuentra, relacionados con aspectos inherentes a su salud, ello no impide que se analice la existencia de una causa de improcedencia en el juicio de amparo, en la medida que como se dijo la aplicación de causas de admisibilidad de un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de acceso efectivo a un recurso. En ese sentido, como se estableció en los párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, al adolecer de definitividad, por las razones que se vierten a continuación. Este principio descansa en la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte quejosa estima que afecta su esfera jurídica. Asimismo, se ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Al respecto, del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. En tal virtud, dado que la peticionaria de amparo refiere encontrarse interna en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS-Femenil Morelos", y promueve la acción constitucional contra omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control para reclamar en esta instancia constitucional la falta de una adecuada atención médica general y suministro de medicamento conforme a su padecimiento de anemia, esto es, solicitar tal atención médica y suministro de medicamento y en caso de omisión de respuesta, o bien de ser en sentido negativo, formular controversia ante el Juez de Ejecución, es razón suficiente para considerar que se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2018548, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h, Materia(s): (Común), Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.), con el rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Entonces, dado que los actos reclamados en esta instancia constitucional necesariamente tienen que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, es decir, con los problemas que en su trato cotidiano reciben los internos; entre los que se encuentran el trato digno de parte del personal penitenciario; la asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud; alimentación; estancia; información de sus derechos y deberes; suministro de agua; artículos de aseo; régimen de visitas; atención de quejas por escrito; la garantía de su integridad moral, física, sexual y psicológica; su participación en su plan de actividades; y en general, todas las previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados y leyes aplicables, con excepción de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; deberán ser sometidos, en primer orden, a las autoridades penitenciarias, y en seguida, ante el Juez de Ejecución, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada, ya que, como se evidenció, su impugnación en sede constitucional sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia explicada. En conclusión, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Guadalupe Cristina Pérez Juanico, respecto de los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hoy siete de enero de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado Federal, Doy fe.
- Principal
CITATORIO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal al ASESOR JURÍDICO OSVALDO RODRÍGUEZ CONTRERAS el auto y/o resolución del siete de enero del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 533/2018-IV, promovido por María Guadalupe Cristina Pérez Juanico, y RESULTANDO: PRIMERO.- Por escrito presentado el tres de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este Juzgado de Distrito el mismo día, María Guadalupe Cristina Pérez Juanico, por derecho propio, promovió demanda de amparo contra actos de la Directora General y Encargada del Departamento de Servicios Médicos, ambas, del Centro Federal de Readaptación Social Número 16"CPS Femenil Morelos", los que hizo consistir en la falta de una adecuada atención médica general y suministro de medicamento conforme a su padecimiento de anemia. SEGUNDO.- Mediante auto de tres de abril de dos mil dieciocho, se previno a la quejosa a efecto de que aclarara diversos aspectos de la demanda, se concedió la suspensión de plano para que se brindara a la impetrante atención médica y los medicamentos necesarios conforme a su estado de salud y se solicitó al Delegado en Morelos del Instituto Federal de la Defensa Pública la designación de un asesor jurídico para que le brinde sus servicios legales de representación a la quejosa. TERCERO.- Por acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho, en virtud de que la quejosa no subsanó la prevención, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. CUARTO.- Inconforme con la anterior determinación el Asesor Jurídico de la quejosa interpuso recurso de queja, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien por resolución emitida en sesión de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente Q.P. 129/2018, declaró fundado el recurso de queja, dejó sin efectos el acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho y ordenó admitir la demanda de amparo. QUINTO.- En acatamiento a la anterior determinación, por acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado, se le dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; en virtud de que los actos que se reclaman tienen ejecución en el lugar en que se tramita este juicio. SEGUNDO.- Son ciertos los actos reclamados, porque, si bien es cierto que al rendir su informe justificado, las autoridades responsables, negaron su existencia; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada ya que las constancias que adjuntaron a su referido informe no son idóneas ni suficientes para demostrar que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, (tres de abril de dos mil dieciocho), se hubiese prestado la atención médica y suministrado medicamentos a la quejosa, pues las constancias que adjuntaron al informe justificado datan de los meses de julio y noviembre de dos mil dieciocho; siendo que la existencia del acto reclamado debe de analizarse a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 3/94, publicada en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." . Por ello, se consideran ciertas las omisiones de proporcionar a la quejosa atención médica y de suministrarle los medicamentos adecuados para la anemia. Lo anterior resulta así, en razón de que los actos reclamados son de carácter negativo; de ahí que la carga de la prueba respecto a la inexistencia de las omisiones combatidas, corresponde a las autoridades responsables, como lo indica la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de la Séptima Época con número de registro 818571, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 5, Tercera Parte, Materia Administrativa, página 13 del texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO. Si bien es cierto que normalmente la carga de la prueba de las violaciones que se atribuyen a las responsables corresponde al quejoso, salvo cuando el acto reclamado es violatorio de garantías en sí mismo, también lo es que dicha regla admite una excepción: cuando la violación se hace consistir en hechos de carácter negativo o abstenciones por parte de las autoridades responsables, caso en que la carga de la prueba de la legalidad de sus actos corresponde a éstas y no al quejoso la de su ilegalidad, pues es principio aceptado por nuestro derecho que los hechos negativos o abstenciones no son materia de prueba y que el que niega no está obligado a probar su negativa, salvo que la misma implique la existencia una afirmación susceptible de probarse por cualquiera de los medios que la ley establece." Consecuentemente, se encuentra desvirtuada la negativa de las autoridades responsables, sostenida en el informe justificado. TERCERO.- De oficio se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por las consideraciones jurídicas que enseguida se exponen: Si bien, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de un acto de autoridad que se estima violenta derechos humanos, ello debe realizarse en los términos que la Constitución y la Ley reglamentaria dispone, pues dichos cuerpos normativos permiten al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la existencia y aplicación de causas de procedencia de dicho medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Por tanto, al margen que en el presente asunto se impugnen actos relacionados con la situación que la parte quejosa guarda en el centro de reclusión en el que se encuentra, relacionados con aspectos inherentes a su salud, ello no impide que se analice la existencia de una causa de improcedencia en el juicio de amparo, en la medida que como se dijo la aplicación de causas de admisibilidad de un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de acceso efectivo a un recurso. En ese sentido, como se estableció en los párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, al adolecer de definitividad, por las razones que se vierten a continuación. Este principio descansa en la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte quejosa estima que afecta su esfera jurídica. Asimismo, se ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Al respecto, del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. En tal virtud, dado que la peticionaria de amparo refiere encontrarse interna en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS-Femenil Morelos", y promueve la acción constitucional contra omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control para reclamar en esta instancia constitucional la falta de una adecuada atención médica general y suministro de medicamento conforme a su padecimiento de anemia, esto es, solicitar tal atención médica y suministro de medicamento y en caso de omisión de respuesta, o bien de ser en sentido negativo, formular controversia ante el Juez de Ejecución, es razón suficiente para considerar que se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2018548, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h, Materia(s): (Común), Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.), con el rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Entonces, dado que los actos reclamados en esta instancia constitucional necesariamente tienen que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, es decir, con los problemas que en su trato cotidiano reciben los internos; entre los que se encuentran el trato digno de parte del personal penitenciario; la asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud; alimentación; estancia; información de sus derechos y deberes; suministro de agua; artículos de aseo; régimen de visitas; atención de quejas por escrito; la garantía de su integridad moral, física, sexual y psicológica; su participación en su plan de actividades; y en general, todas las previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados y leyes aplicables, con excepción de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; deberán ser sometidos, en primer orden, a las autoridades penitenciarias, y en seguida, ante el Juez de Ejecución, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada, ya que, como se evidenció, su impugnación en sede constitucional sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia explicada. En conclusión, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Guadalupe Cristina Pérez Juanico, respecto de los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hoy siete de enero de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado Federal, Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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