María Guadalupe Cristina Pérez Juanico

Expediente 2194/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2194/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
28/04/2017

Partes del expediente

  • María Guadalupe Cristina Pérez Juanico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, CERTIFICA: Que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez al veintiséis de abril del presente año (sin contar los días doce, trece y catorce, por ser inhábiles); sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. Cuernavaca Morelos, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Conste.- En la misma fecha el Secretario da cuenta al Juez, con el estado de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste.- Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las once horas con cuatro minutos del cinco de abril de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 2194/2016, promovido por María Guadalupe Cristina Pérez Juanico; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto seguido, se declara abierto el periodo probatorio.- Abierto el mismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que allegaron las responsables, al rendir su informe justificado, entre las que consta copia certificada de alguna constancia del expediente clínico de la quejosa. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Acto seguido, se procede abrir el periodo de alegatos, en el cual la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. Por consiguiente, se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por terminada la audiencia, levantándose la presente acta, por lo que, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo número 2194/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda de amparo presentado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, en la ciudad de Acapulco, Guerrero, y que por turno correspondió conocer a la Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Guerrero , con sede en el puerto referido, quien mediante acuerdo de quince de ese propio mes y año, se consideró incompetente por razón de territorio, y ordenó remitir la demanda a esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, misma que fue recibida el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, turnado en esa misma fecha a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, María Guadalupe Cristina Pérez Juanico, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS" (nombre correcto); Encargada del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS" (nombre correcto), y Encargada de la Dirección Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS" (nombre correcto); actos que hizo consistir: "IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad Ordenadora se reclama la negativa de brindar atención médica. De las autoridades ejecutoras, se reclama la omisión de proporcionar atención médica necesaria." SEGUNDO. Actos que estimó violatorios en su perjuicio de las garantías consagradas en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, se ordenó registrar el juicio de amparo con el número de expediente 2194/2016, y se admitió a trámite la demanda de garantías promovida por María Guadalupe Cristina Pérez Juanico; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con el artículo 5º de la Ley de Amparo. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la Audiencia Constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, misma que forma parte integrante del presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo y de conformidad con los Acuerdos Generales 03/2013, 15/2013 y 32/2014, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de actos en materia administrativa respecto de autoridades con residencia en esta ciudad, dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Antes de analizar la certeza de los actos reclamados y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Tiene aplicación al caso la tesis 741, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, página 499, bajo la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. ACTOS RECLAMADOS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ORDENACIÓN. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, y la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación, deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo destacado correspondiente, ya que aunque se acostumbre señalar cada elemento en un lugar destacado, no hay precepto alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda". Así como la jurisprudencia número 2a./J. 55/98, visible a fojas 227, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir: * La negativa de proporcionar atención médica general." TERCERO. Al respecto, el Titular del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS" (nombre correcto); Encargada del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS" (nombre correcto), y Encargada de la Dirección Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS" (nombre correcto), al rendir su informe con justificación, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados, empero, los mismos se consideran ciertos, en virtud de que de las constancias que agregó a su informe justificado se advierte, que, en efecto no fue sino hasta el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis (después de presentada la demanda de amparo), en que se dio a la quejosa, la consulta médica que necesitaban, de acuerdo a las constancias que remitieron las autoridades responsables, consistentes en copia certificada del expediente clínico de la quejosa, entre las que destacan las notas medicas de veinte y veintitrés de diciembre, receta médicas de veintiuno de diciembre y control de medicamentos de veinte de diciembre, todos de dos mil dieciséis, con firma de la quejosa, en la que admite haber recibido atención médica, (fojas 41 a 45), documentos en los cuales se advierte, que a la fecha en que se resuelve este asunto, ya se atendió a la quejosa, documentos que se valoran en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º. CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente a la cuestión de fondo, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, en el presente juicio de garantías se procede a analizar la causal de improcedencia que este juzgador advierte que se surte. No es óbice a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con las causales de improcedencia que se adviertan de oficio, que este hecho constituya una obligación para el juez de distrito, de notificar a la parte quejosa la actualización de una causa de improcedencia, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, ya que sólo existe esa obligación en tratándose en los juicio de amparo en revisión o segunda instancia. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia identificada como I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 2, enero de 2014, tomo IV, página 2660, en la que por rubro y texto, se dice: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita. En ese sentido, a pesar de que la autoridad responsable este juicio de garantías, adujó que no era cierta la falta de atención médica, este acto debe tenerse como cierto, pues mandaron constancias de que se le prestó atención médica a la impetrante, después de que promovió el presente juicio de amparo, empero, éste es improcedente y debe sobreseerse, en particular por actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. [.] [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". En efecto, de un análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que como acto reclamado se precisó: La negativa de proporcionar atención médica general." Ahora, de la constancia que allegó la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, a las que se les concede pleno valor probatorio, por constituir documentales públicas en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al emitirse en el ejercicio de sus funciones, consistentes en copia certificada parte del expediente clínico de la quejosa, entre las que destacan copia certificada de las notas médicas de veinte y veintitrés de diciembre, receta médicas de veintiuno de diciembre y control de medicamentos de veinte de diciembre, todos de dos mil dieciséis, con firma de la quejosa, en la que admite haber recibido atención médica, (fojas 41 a 45), documentos en los cuales se advierte, que a la fecha en que se resuelve este asunto, ya se atendió a la quejosa. En ese orden, con la prestación del servicio médico, la entrega de medicamento, y la prescripción dietética que también se dio a la quejosa, hace cesar los efectos de la omisión reclamada, en razón de que las autoridades dieron la debida atención a la quejosa y le dotaron de los medicamentos atinentes a su enfermedad, todo ello con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo; consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Pleno, Tomo XV, visible en la página 1288, que al rubro dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS.- Procede sobreseer en el juicio de amparo, cuando aparezca que han cesado los efectos del acto reclamado". De igual forma se cita el criterio jurisprudencial número 2a./J. 9/98, de la Novena Época, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Febrero de 1998, página: 210, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Guadalupe Cristina Pérez Juanico, contra el acto y la autoridad señalada en el resultando primero de la presente resolución, en términos del considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el último considerando, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese de manera personal a la quejosa en el lugar en el que se encuentra recluida. Así lo proveyó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe. Doy fe. .

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos y advirtiéndose de los mismos que se encuentra transcurriendo el término concedido a las partes, para imponerse del contenido del informe rendido por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación; consecuentemente, a fin de no violentar el procedimiento en esta contienda constitucional y proteger la equidad procesal de las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta las once horas con cuatro minutos del día cinco de abril de dos mil diecisiete, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de marzo de dos mil diecisiete. Se tienen por recibido el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, registrado con folio 6097, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en autos para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el INFORME JUSTIFICADO rendido por la referida autoridad; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ténganse como Delegados de la citada autoridad responsable, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designa. Por otra parte, advirtiéndose de los mismos que con esta fecha se cuentan con la totalidad de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y constancias que anexaron, de donde emana el acto reclamado, y tomando en consideración que la quejosa ********************************************, se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social, número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos; en esas condiciones, a efecto de que esté en aptitud de imponerse del contenido del informe justificado, remítase copia certificada del mismo; lo anterior con la finalidad de no dejarla en estado de indefensión. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

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