María Guadalupe Centeno Trejo

Expediente 948/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
948/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe Centeno Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    ...VISTO EL ESTADO PROCESLA DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO...

  2. Principal

    Querétaro, Querétaro, a seis de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de garantías promovida por ., en favor de la menor ., a través del Portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, contra actos de la Fiscal de Investigación en San Juan del Río, Querétaro, y otra, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 948/2022, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, para protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. Ahora, considerando que del estudio integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso se duele de los siguientes actos: a) Mantener privada de la libertad la menor ., atribuida a "Fraccionamiento El Porvenir", ubicado a un costado de la carretera México-Querétaro, junto a la comunidad de La Estancia, frente a Agro-Industrias Querétaro, en San Juan del Río, Querétaro, y no permitir la entrada al citado lugar a efecto de sustraer a la menor de la vivienda donde se encuentra. b) La omisión de recibir y dar trámite a la denuncia de hechos sobre la privación de la libertad y retención de la menor . acontecida el pasado 5 de agosto de dos mil veintidós, a pesar de que se indicó que la menor fue privada de la libertad contra su voluntad por las personas de nombres ., atribuida a la Fiscal de Investigación en San Juan del Río, Querétaro; y c) La detención y retención de la menor., por las personas de nombres ., en un inmueble ubicado al interior del "Fraccionamiento El Porvenir", ubicado a un costado de la carretera México-Querétaro, La Estancia, en San Juan del Río, Querétaro, quienes no le proporcionan a la menor la medicación controlada que necesita a fin de tratar un problema de salud mental, por lo que se puede afectar la salud y la vida de la menor. Al respecto, si bien los actos identificados como: a) y c), prima facie podría considerarse que se trata de actos que están prohibidos por los artículos 15 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que la demanda de amparo merece tratamiento urgente, lo cierto es que en ocasión a dichos actos se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 5º, fracción II, a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, y de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; dado que dichos actos reclamados no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Para explicar lo anterior, cabe recordar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra a subordinación entabladas entre los órganos de del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Esta consideración tiene origen en la tesis que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." (Tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo V, febrero 1997, página 118) Entonces, para determinar si una autoridad señalada como responsable, es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe examinarse en principio el tipo de relación jurídica establecida a fin de determinar si ésta se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y que el ente al que se atribuye el acto reclamado actúe en un plano superior. En efecto, para determinar si una autoridad tiene la calidad de responsable para efectos del juicio de amparo, deberán acreditarse los siguientes cuatro requisitos, invariablemente: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. En la misma línea interpretativa se orienta la jurisprudencia que estatuye: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre 2011, página 1089) De acuerdo con estos parámetros de análisis jurídico, la cuestión a determinar es si la relación jurídica entre el Fraccionamiento El Porvenir y la quejosa . [quien se dice tutora de la menor ., por habérsele conferido la tutela por el DIF Estatal], dada la negativa de acceso al interior de un inmueble privado; así como la relación entre la quejosa .[con la representación referida en relación a la menor] y las dos personas físicas de nombres . quienes mantienen retenida a la menor de que se trata, constituyen o no una relación de supra a subordinación, donde esté de por medio una potestad pública de ejercicio irrenunciable, o bien, en caso contrario, establecer los motivos por los que no se reúnen las citadas notas distintivas de autoridad para efectos del amparo. Para ello conviene distinguir que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en las que los órganos del Estado actúan con imperio o potestad de derecho público. Una de sus características es la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales, por lo que está en condiciones de sujetar la esfera jurídica del afectado a su determinación, producto del ejercicio de una potestad pública al respecto. Luego, es fundamental que el órgano de amparo, al conocer de un reclamo de ese tipo, analice y determine si la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y a quien señala como autoridad responsable, efectivamente provenga de una genuina relación de supra a subordinación, entre gobernante-gobernado. Premisa que en la especie no satisfacen los actos reclamados identificados en los incisos a) y c) previamente señalados. Esto es así, porque los actos reclamados en el presente sumario consistentes en la negativa de acceso al interior de un inmueble privado, así como la pretendida detención y retención a la menor de que se trata en una vivienda ubicada en el interior de un fraccionamiento privado, solo tienen como fuente una relación entre particulares desprovista de imperio; debiendo aclararse que no está a discusión en este momento si es correcto o incorrecto el proceder de Fraccionamiento El Porvenir y las dos personas físicas de nombres ., en relación con los actos de los que se dice es objeto la menor ., sino lo que aquí se examina es la naturaleza de dichos actos y el carácter con el que se han emitido, dado que de ello depende que se trate o no de actos de autoridad respecto de los cuales se permitan su impugnación en juicio de amparo. Se invoca la tesis de título y contenido que dicen así: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo." (Tesis XV.5o.3 K (10a.) del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en la página 1500 del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2006034) Así como la tesis de rubro y contenido que dice: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." (Tesis XVI.1o.A.22 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1943 del Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época) En el caso, la posible ilegalidad de los actos reclamados en esta instancia constitucional, no cambian o transforman la naturaleza de la relación particular de coordinación, ni la convierten en una de supra a subordinación, para dar lugar a un acto de autoridad. En efecto, de la demanda de amparo se advierte en síntesis que la promovente señala como acto reclamado la privación de la libertad de una persona menor de edad, y que dicho acto se lo atribuye al "fraccionamiento" donde se ubica la vivienda donde la menor se encuentra porque le niegan la entrada a la quejosa para sacar a su sobrina de la casa donde la tienen diversas personas (aparentemente familiares) que se la llevaron con engaños de casa de la promovente; para ello, señala que el viernes 5 de agosto de la anualidad en curso al regresar de hacer compras y no encontrar a la menor en su casa empezó a buscarla porque la menor necesita tomar medicamento controlado; que quienes se la llevaron no la atienden, que prenden que la menor cuide a los hijos de quienes la retienen y que cuando les llamó para ver si estaba con ellos, le dijeron que se la llevaron para que cuide a los hijos de aquellos, que la menor se iba a ganar algo de dinero, y que ellos le darían lo que la promovente no le puede dar; que ante tal circunstancia acudió la fiscalía en san Juan del Río, Querétaro, y le dijeron que no podían hacer nada y que promoviera su acción civil; por lo cual, señala que tales actos ponen en riesgo la vida de la menor -a quien ella cuida desde 2016 porque el DIF le dio la tutela-, en un asunto que entabló contra la madre de la menor, quien a la fecha ha fallecido. En ese contexto, la privación de la libertad fuera de procedimiento atribuida a "Fraccionamiento El Porvenir", ubicado a un costado de la carretera México-Querétaro, junto a la comunidad de La Estancia, frente a Agro-Industrias Querétaro, en San Juan del Río, Querétaro; así como la detención y retención de la menor ., atribuida a dos las personas físicas de nombres ., no constituyen actos de autoridad, dado que claramente no derivan de una relación de supra a subordinación, sino que se trata de actos entre particulares: el primero, entre el Fraccionamiento El Porvenir y la quejosa ., dada la negativa de acceso al interior de un inmueble privado; y, el segundo, entre la quejosa . y dos las personas físicas de nombres ... Por lo que si bien, en otros ámbitos del derecho tales actos podrían considerarse ilícitos, no pueden ser combatidos por medio del juicio de amparo. Al respecto, este órgano jurisdiccional observa que si bien la privación de la libertad, así como la detención y retención de las que se dice es objeto la menor ., son actos que si bien inclusive podrían resultar constitutivos de delito y que a su vez podrían causar perjuicio a la quejosa directa, se trata de actos entre particulares que con los requisitos del caso y con las formalidades respectivas, solo pueden ser objeto de una acción civil o penal que debe la promovente ejercitar ante las autoridades del fuero común correspondientes, mismos que no pueden ser atribuidos como actos de autoridad a "Fraccionamiento El Porvenir", y a las personas físicas de nombres ., respectivamente, porque estos no pueden ser reconocidos como una autoridad para los efectos del juicio de amparo, ni se trata de particulares que conforme a la ley realicen actos equiparables a los de autoridad. Circunstancia que en el caso concreto, hace improcedente el amparo, en la medida que las personas físicas y la persona moral que pretende señalar como responsables, no actúan con potestad pública al impedirle el acceso al interior de un fraccionamiento privado y al retener a la menor en contra de su voluntad en el interior de su domicilio aún sin darle la medicación que aquella necesita para atender un problema de salud mental, respectivamente, sino que en el caso de que dichos actos resultasen comprobables, se trata de actos que solo atañen a su esfera particular -con las consecuencias y obligaciones que las leyes comunes -civiles o penales- dispongan para cada conducta de las que refiere la quejosa en su demanda de amparo, dado que no se trata de actos que hayan sido emitidos por éstos provistos de imperio o por delegación expresa de la ley. Bajo ese contexto, dado que no se encuentra acreditado que tales actos reclamados hayan tenido su origen en algún acto de autoridad, el juicio de amparo resulta improcedente, en los términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I y 5º de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ., en favor de la menor ., POR RESULTAR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, en relación con los actos reclamados por la parte quejosa precisados en los incisos a) y c) del presente auto, acorde a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por ende, no ha lugar a decretar la suspensión de plano solicitada en relación con los actos reclamados identificados con los incisos a) y c), atribuidos a "Fraccionamiento El Porvenir", ubicado a un costado de la carretera México- Querétaro, junto a la comunidad de La Estancia, frente a Agro-Industrias Querétaro, así como a las personas de nombres .., al haber resultado improcedente el juicio de amparo en su contra. Es aplicable al caso concreto por las razones que informa, la tesis aislada emitida en la Décima Época por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil del Primer Circuito, registro digital 2021593; Materias Común; Tesis I.3o.C.112 K (10a.); publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2420, del rubro y texto siguientes: (.) Criterio conforme al cual, aplicado al caso concreto conduce a este Juzgado Federal a establecer que en casos como el que nos ocupa, donde se ha desechado la demanda de amparo por notoriamente improcedente, en relación con los actos identificados como a) y b), resulta inconducente pronunciarse sobre la suspensión de plano en relación con dichos actos, precisamente porque la emisión y vigencia de esa medida está supeditada a la del juicio de amparo, y en el caso concreto se ha decido respecto de la inadmisión de la demanda; por tanto, se reitera, en el caso concreto no ha lugar a pronunciarse sobre la suspensión de plano, habida cuenta que dicha medida no puede surgir a la vida jurídica, dado que la presente determinación en cuanto a los citados actos reclamados pone fin al juicio. Asimismo, procede desechar la demanda de amparo en ocasión a los actos reclamados identificados en el inciso b) consistente en la omisión de recibir y dar trámite a la denuncia de hechos sobre la privación de la libertad y retención de la menor ., acaecida el pasado 5 de agosto de dos mil veintidós, a pesar de que se indicó que la menor fue privada de la libertad contra su voluntad por las personas de nombres ., atribuida a la Fiscal de Investigación en San Juan del Río, Querétaro; habida cuenta que en relación a dicha omisión no se está en alguna de las hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo, ni del artículo 22 de la Constitución Federal; ante lo cual, al carecer la demanda de firma autógrafa o criptográfica el juicio de amparo resulta improcedente. Esto es así, considerando que la quejosa Angélica Trejo Maqueda, por sí y en representación de la menor María Guadalupe Centeno Trejo, no está imposibilitada para firmar la demanda de amparo, por lo que en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo -a contrario sensu-, al no estar la promovente privada de su libertad, en ocasión al acto reclamado identificado con el inciso b) de este acuerdo, este juzgado considera también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5, fracción I, párrafo primero, 6°, y 15, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: (.) De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que, entre otros, rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el que establece como regla general a seguir para la procedencia del sumario constitucional, que este únicamente puede promoverse por aquella persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado por sí, por representante legal o por su apoderado; apreciándose que en caso excepcional, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverse por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en los artículos 6 y 15, de la Ley de Amparo, se advierte que el principio de instancia de parte agraviada, puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, en los siguientes supuestos de procedibilidad: 1.- Puede promover el representante legal o apoderado; 2.- Podrá promover por conducto de su defensor o de cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley; 3.- Podrá promover cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, o destierro, extradición, desaparición forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Explicado de mejor manera, de conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien, la firma electrónica de conformidad con el ordinal 3o. de la multicitada ley. Atento a lo anterior, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx); ahora, dicha circunstancia no exime a la promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada (principio de instancia de parte). La firma electrónica de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso de que sean presentadas vía electrónica. Asimismo, de conformidad con los artículos 59, 62, 64, 65 interpretado a contrario sensu, 72 y 76 todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover demandas de amparo, promociones y recursos; para acceder a dicho sistema se deberá estar registrado en el mismo y contar con un firma electrónica emitida y reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas. En la inteligencia que el registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles únicamente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, es decir, que en los demás casos, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. En el caso concreto, al momento de la presentación de su demanda la signante ., por sí y en representación de la menor ., no está privada de su libertad, ni la menor de encuentra detenida ante una autoridad, por lo no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni en el precepto 22 de la Constitución Federal, tal como se hizo constar líneas arriba, razón por la cual resulta necesario para la tramitación del ocurso que se acuerda la firma electrónica correspondiente a quien promueve. Si bien no pasa desapercibido para este Juzgado Federal que en el contexto de la demanda de amparo, el mantener privada de la libertad la menor . en una vivienda al interior del "Fraccionamiento El Porvenir", ubicado a un costado de la carretera México- Querétaro, junto a la comunidad de La Estancia, frente a Agro-Industrias Querétaro, en San Juan del Río, Querétaro, y el no permitir la entrada al citado lugar a efecto de sustraer a la menor de la vivienda donde se encuentra; así como la detención y retención de la menor ., por las personas de nombres ., pudieran causar un perjuicio a la salud de la menor, al no poder suministrarle la medicación controlada que necesita a fin de tratar un problema de salud mental; lo cierta es que estos actos les son atribuidos a particulares como ya quedó explicado en líneas precedentes. Por lo que, si al fiscal se le atribuye la omisión de recibir a la promovente su denuncia o querella en relación con los actos antes mencionados, y no hacer nada ante los hechos que le expresó, debe insistirse en que se trata de un acto omisivo que no está contemplado en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni en el precepto 22 de la Constitución Federal, como uno de los actos urgentes cuya naturaleza -no obstante la falta de firma electrónica-, permite excepcionalmente admitir la demanda y aun proveer sobre la suspensión de plano; razón por la cual, resulta necesario para la tramitación del ocurso que se provee [demanda electrónica], que este contara con la firma electrónica correspondiente a quien promueve. Razón por la cual, se insiste, al no estar contemplado tal acto omisivo atribuido a la fiscalía en tales preceptos, para considerarse como urgente, no puede tampoco proceder la suspensión de plano, porque lo que se afirma que puede afectar la salud y la vida de la menor, son actos atribuidos a particulares. Por consiguiente, si la pretendida afectación a la salud y la vida de la menor de que se trata, no deriva el acto que se reclamada a la Fiscal de investigación en San Juan del Río, Querétaro, no puede considerarse que la omisión de recibirle a la promovente su denuncia o querella sea un acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni en el precepto 22 de la Constitución Federal, máxime cuando tampoco se trata de una omisión de recibir una denuncia en un caso de desaparición forzada de persona. En consecuencia, si no se advierte que el archivo que contiene la demanda de amparo haya sido firmado electrónicamente por el accionante de amparo ., por sí y/o en representación de la menor .; por lo que debe considerarse que no se encuentra expuesta ni manifiesta la voluntad expresa de ésta, y en consecuencia, no se cumple con el principio de instancia de parte, previsto en la multicitada ley. Pues se insiste, es patente que el numeral 3º de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán contar con firma electrónica o autógrafa del quejoso o de su apoderado o representante legal; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma por parte del quejoso o de su representante o apoderado legal, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibirse una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En el caso concreto, el escrito de demanda que se atiende, se presentó de manera electrónica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, sin embargo, como se advierte de la certificación de cuenta, dicho escrito carece de la firma de su promovente ., por sí y/o en representación de la menor .; por consiguiente, no se le puede dar valor probatorio alguno por haber sido presentada sin la firma electrónica (evidencia criptográfica) de quien la promueve, aunado a que el acto reclamado en la demanda de amparo, identificado con el inciso b), como ya se dijo en líneas precedentes, no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo ni 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que a la demanda de amparo no se le puede dar trámite en relación con el acto consistente en la omisión de recibir y dar trámite a la denuncia de hechos sobre la privación de la libertad y retención de la menor ., acaecida el pasado 5 de agosto de dos mil veintidós, a pesar de que se indicó que la menor fue privada de la libertad contra su voluntad por las personas de nombres ., atribuida a la Fiscal de Investigación en San Juan del Río, Querétaro, porque en ese aspecto no se trata de un caso urgente. Lo anterior, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente, o como en el presente caso, a través de la firma electrónica correspondiente del quejoso, o bien de su representante o apoderado legal, y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma electrónica de ., por sí y/o en representación de la menor ., no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo dado que carece de voluntad del promovente. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior, se insiste en atención al principio de instancia de parte agraviada, el cual implica que la acción de amparo constituye un derecho personalísimo que, por regla general, debe ejercerse directamente por el quejoso o por quienes legalmente los representen; pues la firma electrónica que establece el Poder Judicial de la Federación, es el medio de ingreso al Sistema Electrónico del citado Poder de la Unión, como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales; de ahí, que la firma electrónica surte los mismos efectos que la firma autógrafa. Cabe destacar que en ese mismo sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en sesión del ocho de octubre de dos mil dieciocho, por mayoría de ocho votos, la contradicción de tesis 47/2018. Obteniéndose de la misma de manera substancial, que la demanda de amparo que es presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, firmada electrónicamente por parte del autorizado de la quejosa, no se está ante una irregularidad subsanable mediante prevención en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, siendo susceptible de ser desechada de plano, al carecer de voluntad de la persona que figura como promovente. Lo anterior, prevaleciendo el principio constitucional de instancia de parte agraviada contenido en la fracción I del artículo 107 Constitucional. Sin que sea omiso que la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo, tiene como objetivo fundamental favorecer el respeto y pleno ejercicio del derecho a una justicia pronta y expedita, simplificando la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales (firma electrónica), con los mimos efectos para el caso de la firma autógrafa, sin que tal innovación presupueste soslayar los principios rectores del juicio de amparo(instancia de parte agraviada). Por ende, se concluye que la demanda de amparo presentada electrónicamente mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no se encuentra firmada con la firma electrónica del quejoso, por lo que no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente y directo agraviado. Entonces, si al promover la demanda de amparo ., por sí y/o en representación de la menor ., mediante el empleo de las tecnologías de la información, sin que se acompañara la evidencia criptográfica que evidenciara que cuenta con la firma electrónica correspondiente certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), procede entonces desechar de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 113, de la Ley de Amparo vigente, en armonía con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XXIII, 5, fracción I, párrafo primero, 6°, y 15, interpretados a contrario sensu de la Ley de Amparo, pues no exteriorizó en la demanda de amparo su voluntad de dar inicio al presente juicio constitucional. Cobra aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia número 32/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, libro 62, enero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son el siguiente; "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Además, es hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la posibilidad de tramitar y obtener la firma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, cumpliendo con diversos requisitos que pide el propio sistema sin necesidad de asistir a las instalaciones de manera presencial. Así como también la dirección electrónica, donde se advierte que es factible como usuario la tramitación del juicio en línea. De modo que para acceder a los servimos que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas interesadas cuenten con dicha firma electrónica y se registren en el sistema, en donde sólo deberán indicar su nombre, correo electrónico y la clave de registro único de población, para después crear un nombre de usuario, y una contraseña; y vincular su firma electrónica al registro respectivo. De ahí, que si la demanda se presenta a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es requisito indispensable que cumpla con el requisito de la firma electrónica, al ser un mecanismo de identidad de la persona que está promoviendo y sobre todo que da certeza de su voluntad para promover en el juicio. Y si bien, es un hecho notorio la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y las medidas sanitarias, no se aprecia en el caso particular que el actor, se encontrara imposibilitada para realizar los trámites para la obtención de la firma electrónica o el registro en el portal aludido, a efecto de presentar la demanda que nos ocupa, es decir, que no contara con las herramientas tecnológicas para tal efecto; aunado a que de conformidad con el artículo 1 del citado Acuerdo General 13/2020, incluso podía firmar electrónicamente el ocurso haciendo uso no sólo de la "FIREL", sino también de la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), pues la "firma electrónica" las comprende a ambas. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia emitida en la Décima Época, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2019715, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo Materia Común, tesis P./J. 8/2019 (10a.), página 79, del rubro y texto siguientes: (.) Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.A.39 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2679, de rubro y contenido: (.) Así como el criterio III.4o.T. J/5 sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, del tenor literal siguiente: (.) Asimismo, tiene apoyo en la Tesis Aislada I.1o.A.38 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2017553 la cual es del rubro siguiente: (.) Como corolario de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve. , por sí y/o en representación de la menor ., por ser notoriamente improcedente, al actualizarse las causales previstas en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I y 5º de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con relación al artículo 5, fracción I, párrafo primero, 6°, y 15 ,estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, En diverso orden de ideas, se tiene como domicilio procesal el mencionado en la demanda, esto es: los estrados de este Juzgado Federal, y como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala en el ocurso de cuenta, por no contar con el registro correspondiente en el Sistema Nacional de Registro de Cédulas Profesionales. Lo anterior, sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico que señala en razón que al hacer una búsqueda de dicho correo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en el rubro autorizados no se encontró registro de usuario vinculado con el referido correo, de igual forma tampoco es dable tener el número telefónico que señala para oír y recibir notificaciones, en la medida en que, las notificaciones vía electrónica que deben practicarse en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, por medio del usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y no sobre una cuenta de correo personal o un número telefónico de las partes; ello de conformidad con el artículo 79 del citado Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; máxime a que en el párrafo precedentes ya se tuvo a la quejosa señalando domicilio procesal. En la inteligencia que en su caso el correo electrónico y número telefónico señalados únicamente para entablar comunicaciones no procesales de conformidad con el artículo 5º, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo cualquier diligencia que surja dentro del presente sumario. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto.

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