María Guadalupe Castañeda Paredes

Expediente 1759/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1759/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • María Guadalupe Castañeda Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que la aludida resolución ha causado estado para todos los efectos de ley. ... archívese este expediente por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1466/2020, promovido por Coppel Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Carlos González Rojas, contra actos del y otra autoridad, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Coppel Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Carlos González Rojas, el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Segundo Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial, por los actos precisados en su escrito. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, previo desahogo de prevención, dictó proveído en cuatro de diciembre de dos mil veinte, en que ordenó: admitirla a trámite y registrarla bajo expediente 1466/2020; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, la parte quejosa por conducto de su apoderado amplió su demanda de garantías. Mediante acuerdo de veintitrés de marzo siguiente, se admitió la ampliación de demanda, y se ordenó: pedir informe justificado a las autoridades responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; fijar día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten actos de autoridades civiles, cuya ejecución tuvo lugar en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo y demás constancias que integran el juicio, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consiste en: Del Juez Décimo Segundo en Materia Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, son los siguientes: La orden de emplazamiento con motivo del juicio oral mercantil 101/2019. Derivado de tal orden, todo lo actuado con posterioridad. Por su parte, a la Actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de Culiacán Sinaloa, se reclama: La diligencia de emplazamiento llevada a cabo el seis de diciembre de dos mil dieciocho con motivo de lo ordenado por la autoridad antes mencionada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de Culiacán Sinaloa, al rendir su informe con justificación, reconoció los actos que se le atribuyen. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil uno, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el Juez Decimosegundo en Materia Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, al rendir su informe de ley negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, tal negativa se desvirtúa, toda vez que de la lectura integral del informe de mérito, se aprecia su existencia, pues, refiere que el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se actualizó la figura de litisconsorcio pasivo y ordenó llamar a juicio a la moral aquí quejosa. Tiene sustento a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". Además, lo anterior se corrobora con las documentales allegadas al sumario, mismas que por su naturaleza de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 700, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, página 1166, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Conceptos de Violación. Al no invocar las partes alguna causa de improcedencia, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En este apartado procede analizar los motivos de disenso respecto del acto reclamado subsistente, sin necesidad de trascribirlos, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni diversa disposición constitucional o legal Fijación de la litis. En principio, es menester señalar que la litis en el presente juicio de amparo, se centra en determinar la legalidad del emplazamiento reclamado, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son fundados, preponderantes además, los conceptos de violación en que se aduce, en síntesis, que se viola en perjuicio de la impetrante la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la diligencia de emplazamiento a la demandada Coppel Sociedad Anónima de Capital Variable, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 101/2019, fue practicada sin que el notificador requiriera al apoderado o representante moral de dicha sociedad, no corroboro que efectivamente fuera el domicilio de quien buscaba, además de la cédula de emplazamiento se advierte que este se practicó a Bancoppel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple con domicilio en calle Republica número 2855, Recursos Hidráulicos en Culiacán, Sinaloa, inobservando con ello las formalidades esenciales del procedimiento. Como se anticipó, los conceptos de violación son fundados, suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo y además, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 149/2000, aplicada por analogía, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto dicen: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón.". Con el fin de evidenciar la ilegalidad del emplazamiento combatido, cabe destacar que el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 14.-.Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." El precepto constitucional transcrito consagra la garantía de audiencia, como principal defensa de que dispone todo gobernado frente a los actos del Poder Público que tiendan a privarlo de sus bienes o derechos, que consiste en la limitación a las facultades de la autoridad para privar de forma definitiva un bien o un derecho de la esfera patrimonial del gobernado. Así pues, la autoridad que pretenda privar de los bienes jurídicos enunciados en el propio artículo 14 constitucional, deberá agotar un procedimiento seguido en forma de juicio, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, previamente al acto privativo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el punto medular de la garantía de audiencia se encuentra en las formalidades esenciales del procedimiento, las que han sido definidas en la jurisprudencia P./J. 47/95, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, del rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.". De la jurisprudencia transcrita, se destaca que la garantía de audiencia constituye el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de la vida, la libertad y sus propiedades y, en general de todos sus derechos. Por otra parte, tercero extraño para efectos del juicio de amparo, es la persona que no ha figurado en el procedimiento del que emana el acto impugnado como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido oportunidad de ser oída en defensa, por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue llamada al procedimiento o que fue llamada incorrectamente. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia que sustenta el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, página 56, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.". Enseguida, resulta necesario establecer que las formalidades que debe cumplir el emplazamiento en los juicios orales, se encuentran establecidas en los artículos 1395 bis 10 y 1395 bis 15 del Código de Comercio, numerales que son del tenor siguiente: "Artículo 1390 Bis 10.- En el juicio únicamente será notificado personalmente el emplazamiento y el auto que admita la reconvención. Las demás determinaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales.", "Artículo 1390 Bis 15.- El emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. El notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, en caso de no encontrarse el buscado; después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento.". (Énfasis añadido) Bajo esa tesitura, de una interpretación concatenada a los artículos anteriormente detallados, y tomando en cuenta que se trata de un juicio oral mercantil, se desprende que las reglas que debe seguir el actuario para llevar cabo el emplazamiento son las siguientes: El emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador, a quien se le entregará cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega. De lo anterior, el fedatario levantará el acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. El notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo precisar aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilios señalado como el del buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. La cédula en comento podrá entregarse a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, en caso de no encontrarse el buscado y después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada. Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. (Énfasis añadido) Cabe precisar que el emplazamiento constituye la diligencia de mayor relevancia dentro del procedimiento, por lo que su omisión o realización en forma contraria a las normas aplicables, impide al demandado acudir a juicio a oponer las excepciones o defensas que estime pertinentes. Por tal motivo, la ley impone al funcionario encargado de realizarlo, una serie de formalidades que debe seguir a fin de obtener certeza de que la persona que deba ser emplazada tenga pleno conocimiento de la existencia del juicio en el que ha sido señalada como parte. De ahí que la estricta observancia de las normatividades que resulten aplicables garantiza al demandado el cumplimiento de las prerrogativas formales de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando que se le pueda causar el consecuente estado de indefensión. Sobre este punto, es ilustrativa la jurisprudencia 784, del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 531, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, identificable con el número de registro 394740, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO, FORMALIDADES DEL. NECESIDAD DE SATISFACER LAS, PARA SU VALIDEZ. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios, que salvaguarda la garantía de audiencia, por lo que el legislador instituyó para su realización una serie de solemnidades sin las cuales el mismo debe considerarse ilegal." Asumidas las consideraciones y conclusiones anteriores, procede aplicarlas para responder al planteamiento inmerso en los conceptos de violación antes sintetizados. De las pruebas documentales aportadas al juicio por la responsable ordenadora como apoyo a su informe justificado, se desprende que en fecha diecinueve de abril de dos mil diecinueve, admitió a trámite el juicio oral mercantil 101/2019, promovido por Cesar Rojo Escobar, en contra de Bancoppel Sociedad Anónima Institución de Banca múltiple, también conocido como Grupo Coppel Sociedad Anónima de Capital Variable y Buro de Crédito (Trans Unión de México, Sociedad Anónima, Sociedad de Información Crediticia)- (fojas 15 a 17 del cuaderno de pruebas). Luego, mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en la parte que aquí interesa, la autoridad responsable declaró actualizada la figura de litisconsorcio pasivo necesario a favor de Coppel Sociedad Anónima de Capital Variable (aquí quejoso), y ordenó su emplazamiento en el domicilio ubicado en calle República número 2855, Pte. Colonia Recursos Hidráulicos en Culiacán, Sinaloa, librando exhorto para la realización de dicha diligencia, toda vez que el domicilio se encontraba fuera de su jurisdicción (fojas 117 a 121 del cuaderno de pruebas). En cumplimiento a lo anterior, la Actuaria adscrita a la Coordinación de acuarios de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de Culiacán, Sinaloa verificó el emplazamiento del ahora quejoso el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, lo que constituye el acto aquí reclamado (fojas 152 a 158 del cuaderno de pruebas). Seguida la secuela procesal, en veinte de octubre de dos mil vente, la autoridad responsable dictó sentencia correspondiente (folios 244 a 272 del cuaderno de pruebas). Ahora bien, conforme a la diligencia de emplazamiento que obra en copia certificada en el cuaderno de pruebas, se llega a la determinación que la fedataria no cumplió cabalmente con los requisitos precisados en el artículo 1390 bis 15, transgrediendo con ello las garantías de legalidad, seguridad jurídica y audiencia previa previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, de la diligencia de emplazamiento reclamada en esta vía constitucional se advierte que la Actuaria no llevo a cabo el cercioramiento adecuado del domicilio de la parte demandada. Se afirma lo anterior toda vez que, la funcionaria se constituyó en el domicilio ubicado en República número 2855, Pte. Colonia Recursos Hidráulicos en Culiacán, Sinaloa, donde se lo ordenó el juez responsable, sin embargo; a efecto de llevar a cabo el emplazamiento, manifestó haberse cerciorado de ser el domicilio buscado ".ya que así se desprende de los letreros de ubicación del domicilio donde observo en una placa metálica el nombre de la calle y colonia en mención, así como el número que se encuentra en el exterior del mismo, Seguidamente, cerciorada de ser el domicilio correcto por los razonamientos siguientes, procedo a tocar la puerta de acceso principal, atendiendo a mi llamando una persona del sexo masculino que se encuentra en el interior del mismo, quien dice llamarse JOSÈ DAVID FLORES CASTRO y ser empleado del departamento jurídico de la personal referida." De lo anterior se advierte que la notificadora no asentó los signos exteriores del inmueble en el que se constituyó, que pudieran servir para comprobar que acudió al domicilio señalado como de la buscada, ya que no realizó una descripción objetiva de las características físicas del lugar en el que dicha funcionaria judicial se constituyó para la práctica de la diligencia, suficientes para identificar y ubicar el inmueble como el domicilio de la persona moral buscada, sin que tal requisito de señalamiento de signos exteriores haya quedado colmando por haber asentado la notificadora que tuvo a la vista el nombre de la calle y el número del inmueble, pues dichos datos no corresponden a la descripción del lugar. Consecuentemente, no se encuentra satisfecha la formalidad que prevé el artículo 1390 Bis-15 del Código de Comercio, respecto de dicho tópico. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 36/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 778, con registro digital 2017895, que dice: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO ORAL MERCANTIL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "SIGNOS EXTERIORES DEL INMUEBLE" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1390 BIS 15 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. La disposición normativa apuntada establece, entre otras cuestiones, que en la diligencia del emplazamiento al juicio oral mercantil, el notificador se identificará ante la persona que atienda su llamado y asentará en el acta respectiva los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, así como los "signos exteriores del inmueble" que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado. Este requisito obedece a la necesidad de cuidar la efectiva realización del emplazamiento que si bien ya de suyo constituye el acto procesal de mayor entidad en todo proceso judicial, tratándose del juicio oral adquiere una mayor importancia, que justifica la exigencia al actuario judicial de cumplir con una serie de requisitos adicionales a los que tradicionalmente se establecían para su práctica, pues ante la supresión de las notificaciones personales durante el juicio, debe existir mayor certidumbre de que el demandado ha adquirido pleno conocimiento de la instauración de un proceso judicial en su contra, el lugar donde se le ha demandado, el Juez que conoce de la causa y el contenido de la demanda, para que quede en aptitud de acudir a las audiencias en las que tendrá oportunidad de ser notificado de las decisiones que ahí se adopten y producir su defensa. En ese sentido, la obligación del actuario judicial de asentar los "signos exteriores del inmueble" exige una descripción objetiva de las características físicas del lugar en el que dicho funcionario judicial se ha constituido para la práctica de la diligencia, que haya apreciado mediante sus sentidos y que sean suficientes para identificarlo y ubicarlo, sin perjuicio de que pueda allegarse de otros medios para integrar su actuación, como puede ser el uso de nuevas tecnologías que le permitan tomar imágenes del lugar o bien describir la media filiación de la persona con la que entendió la diligencia, pedir información a alguno de los vecinos cercanos, etcétera. En ese sentido, el requisito de registrar los signos exteriores del inmueble no se colma con el hecho de que el actuario asiente que tuvo a la vista el nombre de la calle y el número del inmueble, pues además de que esos datos no corresponden a una descripción del lugar, su vaguedad impide tener por satisfecha la formalidad apuntada, lo que genera la nulidad de la diligencia, siempre que dicha actuación no haya sido convalidada.". Asimismo, del contenido del acta circunstanciada de emplazamiento, se advierte que la diligencia de emplazamiento no se llevó a cabo con el representante legal o apoderado de la persona moral demandada, sino por conducto del empleado del departamento jurídico de Coppel Sociedad Anónima de Capital Variable; consecuentemente, la referida diligencia no satisface el requisito previsto por el artículo 1390-Bis-15, que precisa que el emplazamiento se entenderá con el representante o mandatario de la parte demandada, máxime que una persona moral no es una entidad física que puede ser captada con los sentidos, sino una entidad jurídica e intelectual, conformada por un grupo de personas para cumplir con su objeto social, por lo que cuenta con un representante legal. Aunado a que la Actuaria fue omisa en asentar la forma en que requirió la presencia de la demandada, pues del acta circunstanciada se desprende que al constituirse físicamente en el domicilio señalado fue atendida por una persona llamada José David Flores Castro, quien manifestó ser ".empleado del departamento jurídico.", sin que en ningún momento se haya requerido por la presencia del representante legal o mandatario de la demandada, situación que reitera la ilegalidad del llamamiento a juicio y de las actuaciones posteriores a éste. De ahí que, la diligencia de emplazamiento no se llevó a cabo conforme a lo establecido por el artículo 1390-Bis-15 del Código de Comercio. En esas condiciones, con la actuación impugnada se violaron en perjuicio de la quejosa los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ende, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efecto de que el Juez y el Secretario, ambos adscritos al Juzgado Primero Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dejen insubsistente la diligencia de emplazamiento al juicio oral mercantil 101/2019, practicada a Coppel Sociedad Anónima de Capital Variable el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, así como todo lo actuado con posterioridad a éste, como es la sentencia definitiva. Lo anterior, sin incluir a los diversos emplazamientos realizados a los codemandados Sociedad Mercantil Coppel, Sociedad Anónima, Institución BanCoppel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Trans Unión de México, Sociedad Anónima, Sociedad de Información Crediticia y Circulo de Créditos, Sociedad Anónima, Sociedad de Información Crediticia. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado" Al resultar fundado el argumento analizado, es innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación, pues en nada variaría el sentido del presente fallo. Sobre el particular, es aplicable la tesis de jurisprudencia número 693, visible en la página cuatrocientos sesenta y seis, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, relativo a los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.- Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÙNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a Coppel Sociedad Anónima de Capital Variable, contra de los actos que reclamó del Juez Décimo Segundo en Materia Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco y de la Actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de Culiacán Sinaloa, por las razones y para los efectos expuestos en el considerando último de esta sentencia

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS V*O*R EL AUTO DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE EN SINTESIS DICE: Visto el estado de autos, de las que se pone de manifiesto que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de la hipótesis contemplada en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. La circunstancia anterior, dese cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios - dirigidos al Representante Legal y al Gerente, ambos de la institución Bancaria Banco Azteca Sociedad Anónima Instituciones de Banca Múltiple, a través de los cuales se les hace de conocimiento la sentencia de veintinueve de enero del año en curso y el auto de veinticuatro de febrero del presente año, en el que se tuvo al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera interponiendo recurso de revisión; en consecuencia, a fin de evitar dilaciones procesales, reexpídase los oficios de referencia, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

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