María Guadalupe Carrasco Sánchez

Expediente 1482/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1482/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe Carrasco Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, con transcripción del proveído de quince de julio del año en curso, a través del cual solicita se le informe el estado procesal que guarda actualmente el presente expediente en que se actúa. En ese contexto, hágase del conocimiento de la citada autoridad federal, que mediante auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de cuatro de enero de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo promovido por la quejosa María Guadalupe Carrasco Sánchez, contra los actos que reclamó del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, y como lo solicita la autoridad oficiante, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Amparo, remítansele las copias certificadas de las constancias que peticiona mediante atento oficio, para los efectos legales procedentes. Finalmente, de la lectura del oficio de cuenta, se aprecia que la precitada autoridad también solicita diversas constancias relativas al expediente 1017/2022-3 del índice de este juzgado; por tanto, con copia certificada del oficio de mérito, dese cuenta en el precitado expediente, a fin de que se provea lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por María Guadalupe Carrasco Sánchez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a la Jueza de Distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, la copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 1470/2021 de su índice, las que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada constante de un tomo. Notifíquese.

  3. Principal

    AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con veinte minutos del cuatro de enero de dos mil veintidós, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida por Armando Blanco Palmeros, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 1482/2021-6, promovido por ************************. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, consistentes en: ? La presuncional legal y humana. ? La instrumental de actuaciones. ? Los informes justificados rendidos por las autoridades responsables.?????? Asimismo, se da cuenta con las copias certificadas deducidas del cuadernillo de incompetencia del expediente laboral 81/2021, que remitió el Juez adscrito al Cuarto Tribunal Laboral de la Región Uno, con residencia en esta ciudad, las cuales obran glosadas en autos. De igual forma, se da cuenta con las documentales remitidas por la Juez de Distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, consistentes en copias certificadas del expediente laboral 1470/2021 de su índice, las cuales se manejaron por cuerda separada y a disposición de las partes en le secretaría de este juzgado. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1482/2021-6, promovido por María Guadalupe Carrasco Sánchez, contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el diecinueve siguiente, y turnada a este órgano jurisdiccional el veintidós posterior, *********************************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS ".a).- El acuerdo de fecha 20 de octubre del 2021, en el cual el H. CUARTO TRIBUNAL DE LA REGION UNO DEL ESTADO DE TABASCO se declara incompetente para conocer del juicio laboral interpuesto por la suscrita. Violando así en mi perjuicio los artículos 527, 685 así como las garantías individuales de una justicia pronta y expedita, seguridad, certeza jurídica que nos concede la Constitución, en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 de la Constitución Federal y para que no se sigan violando mis garantías recurro ante esta autoridad para??????? que se me conceda el amparo y protección de la justicia Federal. Notificado el 22 de octubre del 2021. b).- El acuerdo de fecha 09 de noviembre del 2021, en el cual el H. TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES EN EL ESTADO DE TABASCO se declara competente para conocer del juicio laboral interpuesto por la suscrita ante el diverso H. Cuarto Tribunal Laboral de la Región Uno con residencia en Villahermosa Tabasco. Violando así en mi perjuicio los artículos 527, 685 así como las garantías individuales de una justicia pronta y expedita, seguridad, certeza jurídica que nos concede la Constitución, en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 de la Constitución Federal y para que no se sigan violando mis garantías recurro ante esta autoridad para que se me conceda el amparo y protección de la justicia Federal. Notificado el 16 de noviembre del 2021." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Cuarto Tribunal de la Región Uno del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 2 Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 1482/2021-6, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;??????? la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: ? El auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, que ordena declinar la competencia del juicio laboral 81/2021 del índice del Cuarto Tribunal Laboral de la Región Uno, con residencia en esta ciudad, a favor 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. ? La determinación de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente laboral 1470/2021, del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, que aceptó la competencia planteada por la diversa responsable. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez adscrito al Cuarto Tribunal Laboral de la Región Uno y la Juez de Distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, ambos con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclama. Para lo cual las citadas autoridades remitieron en apoyo a dichos informes diversas documentales derivadas del cuadernillo de incompetencia del expediente laboral 81/2021, así como del expediente laboral 1470/2021, respectivamente; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible?????? en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL PRIMER ACTO RECLAMADO. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que respecto del primer acto reclamado consistente en el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, que ordena declinar la competencia del juicio laboral 81/2021 del índice del Cuarto Tribunal Laboral de la Región Uno, con residencia en esta ciudad, a favor del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el numeral 107, fracción V, de la Ley especial en cita establece: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto es procedente: V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.?????? Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos que su fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Partiendo de ello, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable con el registro 2006589 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, tomo I, página 39, Décima Época, junio de 2014, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales??????? de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En el caso, del análisis de la demanda de protección de derechos fundamentales y de las constancias allegadas al sumario, se advierte que la parte quejosa se duele, en síntesis, del auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, que ordena declinar la competencia del juicio laboral 81/2021 del índice del Cuarto Tribunal Laboral de la Región Uno, con residencia en esta ciudad, a favor del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Luego, se considera que tal determinación no constituye un acto de imposible reparación, al no ubicarse en la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que ello no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la citada determinación, por sí misma, no causa agravios de imposible reparación al no afectarse derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues únicamente trae como consecuencia que el procedimiento de origen se remita al Tribunal Laboral Federal, en esta Entidad.??????? Aunado a esto, debe decirse que el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que, tratándose de actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia, o el conocimiento de un asunto, la procedencia del juicio de amparo se encuentra limitada únicamente a los casos en que la autoridad acepte inhibirse del conocimiento del asunto (inhibitoria) o, aquéllos en los que el órgano a favor del cual se declina, acepte la competencia propuesta (declinatoria), porque es hasta ese momento y no antes, cuando se produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos de la parte interesada, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las consecuencias del acto de la autoridad, y será tal determinación la que se considere como definitiva para efectos de procedencia del juicio de control constitucional, de acuerdo con el numeral 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, el que, en lo conducente dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y El criterio de referencia se encuentra localizable con el número 17/2015, en la página 5, del libro 21, del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2015, tomo I, Décima Época, registro 2009721, y es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas".??????? Por tanto, como se dijo, lo resuelto en el auto reclamado sólo afecta derechos adjetivos, sin que de modo alguno lesione los de naturaleza sustantiva o material, pues se reitera, sólo trae como consecuencia que el procedimiento de origen se remita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; sin que ello implique la aceptación de competencia planteada, como sí acontece respecto del diverso acto que será analizado con posterioridad en el considerando correspondiente, por ser el único que podría generarle afectación; esto es, dicha determinación, no constituye un acto de imposible reparación, ya que por sí sola no vulnera derechos fundamentales. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada contrario sensu, de la Ley de Amparo; con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, procede sobreseer el presente juicio de amparo por lo que respecta a dicho acto reclamado. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL SEGUNDO ACTO RECLAMADO. Por otra parte, por lo que respecta al diverso acto reclamado consistente en la determinación de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente laboral 1470/2021, del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, que aceptó la competencia planteada por la diversa responsable, se estima que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.". Tal supuesto trata de evitar la coexistencia de un recurso o medio de defensa legal ordinario, con la instancia constitucional, en contra de un mismo acto, que traería como consecuencia la posibilidad de que se emitan dos resoluciones respecto del mismo planteamiento legal, que inclusive podrían ser contradictorias. Para que dicha causal de improcedencia se actualice, es necesario que concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa; b) Que dicho recurso o medio legal haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que dicho medio de defensa constituya la vía idónea para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo.???????? Es decir, que dicho medio de impugnación esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, siempre que dicho recurso o medio de defensa legal se encuentre en trámite, pues es indispensable que se dé oportunidad de ser escuchado al gobernado. Dicho criterio ha sido sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 144/2000, con registro digital 190665, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000, página 15, Novena Época, Materia Común, que dispone: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a)Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En ese sentido, se destaca que, el primer elemento requerido para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, consistente en que el recurso o medio de defensa haya sido interpuesto por la propia quejosa, queda debidamente acreditado, debido a que de las copias certificadas del expediente laboral 1470/2021, que remitió la Jueza de Distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, obra agregado el escrito por el cual la quejosa María Guadalupe Carrasco Sánchez, promovió incidente de competencia por razón de materia, mismo que fue recibido por la oficialía de partes de dicha responsable el veintidós de noviembre de dos mil????? veintiuno y cuya tramitación se encuentra prevista en los ordinales 761, 762, 763 y 763 bis, de la Ley Federal del Trabajo3. El segundo elemento relativo a que el recurso se encuentre en trámite, también quedó actualizado, pues de las referidas constancias allegadas al sumario se aprecia 3Artículo 761.- Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. II. Competencia; Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario previsto en el capítulo XVII del presente Título. Al promoverse un incidente, se señalarán los motivos de este y acompañarse las pruebas en que lo funde; de no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes. Artículo 763 Bis.- En lo que se refiere a los incidentes que se promuevan en el Juicio Individual Ordinario, los incidentes se sustanciarán y resolverán en la audiencia preliminar oyendo a las partes, sin suspensión del procedimiento, a excepción del incidente de nulidad, el que deberá promoverse dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento del acto irregular, hasta antes que se dicte sentencia. En este caso, el juez señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la cual se podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales, instrumentales y presuncionales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. A quien promueva un incidente notoriamente improcedente, se le impondrá una multa de hasta 100 veces la Unidad de Medida y Actualización. que el incidente de competencia fue presentado el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, -dos días posteriores a la presentación de la demanda de amparo-; dándose vista a la parte demandada a fin de que pudiera dar contestación al incidente planteado y ofrecer las pruebas que estimara pertinentes, reservándose su tramitación y resolución para el inicio de la fase oral del juicio laboral de origen. A su vez, el tercer elemento queda demostrado debido a que el instrumento jurídico de defensa utilizado por la parte quejosa es el apropiado, dado que está instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a un acto de autoridad y mediante el que se puede lograr la revocación, nulificación o modificación del acto impugnado. Así, conforme a lo expuesto, la posibilidad de que el acto reclamado -la determinación de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, donde la responsable aceptó la competencia planteada por su similar-, sea procesalmente sustituida por la resolución que se emita en el incidente de competencia promovido por la parte actora - aquí quejosa- dentro del expediente laboral 1470/2021, del índice de la autoridad responsable Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, hace improcedente el presente juicio de amparo, ya que carecería de eficacia jurídica ocuparse de un acto susceptible de ser nulificado o revocado, pues los efectos del acto reclamado pueden dejar de existir al momento de resolverse la incidencia planteada por la propia quejosa.???????? En efecto, la causa de improcedencia en estudio, se refiere a defensas legales propuestas ante los "tribunales ordinarios", en virtud de que, la razón legal existente es evitar que se tramiten al mismo tiempo diversos medios de defensa, que culminen con resoluciones contradictorias; además de que, ningún efecto tendría el analizar el acto reclamado, puesto que se encuentra subjúdice a que la autoridad de primera instancia resuelva el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, en el juicio de origen. Sustenta lo anterior en lo conducente y por las razones que expone, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 323416 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXI, página 4159, de la Quinta Época, materia Administrativa, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ESTAR PENDIENTE UN RECURSO. Es correcto el sobreseimiento dictado por el inferior, por estar pendiente de resolución el recurso de revisión que ante el gobernador responsable hizo valer el quejoso contra los actos reclamados, y por virtud del cual se pueden éstos modificar, revocar o nulificar, sin que obste para llegar a tal conclusión, el hecho de que el procedimiento ejecutivo no haya sido suspendido, ya que lo que determina la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es que el juicio de garantías es improcedente, cuando proceda contra los actos reclamados algún recurso mediante cuya interposición se suspendan los actos, sin exigirse mayores requisitos que los que al efecto consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; de lo que resulta, que el hecho de que se hayan o no suspendido los actos reclamados por la autoridad responsable, no puede ser estudiado en esta revisión, por no haber sido esta cuestión planteada como acto reclamado en la demanda de amparo. En tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con base en la fracción V, del artículo 63 del ordenamiento legal en cita. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de?????? Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Jueza de Distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado en proveído de siete de diciembre del año en curso, remite copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 1470/2021 de su índice, en consecuencia, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con éstas a las partes, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga; sin perjuicio de relacionarlas en la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al ocursante de cuenta, ofreciendo como prueba en el presente asunto la documental que anexa al oficio que se provee. Sobre el particular se invoca, en lo conducente, la tesis XXI.2o.16 K, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN.". Debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, manéjense éstas por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.

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