María Guadalupe Carlos Lara
Expediente 1553/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1553/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- María Guadalupe Carlos Lara
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Saltillo
Actuaciones
- Principal
Firmeza. Vista la cuenta que antecede, y toda vez que se advierte que transcurrió el término a que se refieren los artículos 98 y 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda origen del presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2°, se declara FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Remisión al archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y remítase al archivo de este juzgado como asunto totalmente concluido.
- Principal
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a quince de octubre de dos mil veintiuno. 1. Quejosa desahoga vista. Visto lo de cuenta, ténganse por recibido el escrito signado por *****, a través del cual desahoga la prevención que le fue formulada en auto de seis de octubre de dos mil veintiuno. 2. Análisis de la demanda. Del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que los actos que en esta vía constitucional reclama la parte quejosa al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Saltillo y otras autoridades son los siguientes: 1.- Las notificaciones efectuadas en estrados del juzgado, a partir del auto de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete. 2. El auto de dieciséis de julio del presente año, mediante el cual ordenó el lanzamiento con uso de la fuerza pública del domicilio ubicado en ****. Bien, previo a pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o en su caso incompetencia de la demanda de cuenta, es importante destacar la siguiente tesis, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, página 199, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, EXAMEN DE LA. EL JUZGADOR DEBE ATENDER PREFERENTEMENTE A LO QUE SE QUISO DECIR EN ELLA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, la administración de justicia será impartida por los tribunales expeditos al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Armónicamente con esta garantía constitucional, el artículo 79 de la Ley de Amparo establece, entre otras hipótesis, que la Suprema Corte de Justicia de la nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de Distrito, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. De esta manera, puede concluirse que con el propósito de otorgar una recta administración de justicia, el juzgador al examinar una demanda de amparo, sea uniinstancial o biinstancial, deberá atender preferentemente a lo que se quiso decir en ella, armonizando los datos que conforman la demanda, atendiendo desde luego a los requisitos que se prevén en los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo.". En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación de la Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la Ley invocada. Es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda. Entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando la juzgadora ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de amparo y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora por lo que hace al primer acto reclamado consistente en las notificaciones efectuadas en estrados del juzgado responsable, a partir del auto de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (...)" La fracción transcrita pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto. De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que informa, la jurisprudencia I.6o.C. J/37m, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, con registro 187016, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia(s): Común, página 902, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De lo expuesto se advierte que el acto que por esta vía se combate fue dictado en un juicio el que, para que sea procedente el juicio de amparo, debe afectar derechos sustantivos y, además, no debe existir algún medio de defensa ordinario por el que pueda ser modificado, nulificado o revocado, o de existir, debe actualizarse una excepción al principio de definitividad. Es decir, deben observarse ambos principios que rigen al juicio de amparo, por lo que en caso de que no se surta uno de ellos, no será procedente el medio de defensa extraordinario. De esa manera, en contra de las notificaciones practicadas por estrados a partir del diez de marzo de dos mil diecisiete, procede un medio ordinario de defensa con el que se puede obtener su insubsistencia. Luego entonces, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Comercio, se encuentra, como regla general, que contra todo acto de procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa previstos en la legislación mercantil, salvo que ese propio ordenamiento disponga expresamente lo contrario. En el presente caso, las notificaciones que se reclaman conforme al Código de Comercio, procede el incidente de nulidad de actuaciones, y a través de ese medio de defensa puede obtener ante el juez responsable su nulidad. Ciertamente, los artículos 1404 y 1414 del Código de Comercio y 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código Mercantil, en términos del artículo 1054 del mismo ordenamiento, establecen lo siguiente: Artículo 1404.- En los juicios ejecutivos los incidentes no suspenderán el procedimiento y se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte y contándose con tres días para dictar resolución. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y en la misma se dicte la resolución correspondiente que debe notificarse a las partes en el acto, o a más tardar el día siguiente. Artículo 1414.- Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas Articulo 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. Los artículos transcritos, prevén la posibilidad de promover el incidente de nulidad, medio de defensa a través del cual se puede obtener la nulidad de la notificación. En tales condiciones, si no se agotó el incidente de nulidad aludido, se estima que carece de definitividad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, máxime que como lo manifestó la quejosa bajo protesta de decir verdad en su escrito aclaratorio, es parte de la contienda de origen y dio contestación a la demanda de origen. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 26/2005, de la novena época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, abril de dos mil cinco, página cuatrocientos treinta, que a la letra dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73 fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." Por tanto, el acto de molestia que se analiza en este apartado, puede ser impugnado mediante incidente de nulidad de actuaciones, previsto en la ley mencionada, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, resulta inconcuso que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada. Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia I.6o.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de dos mil dos, novena época, página novecientos dos, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No obsta lo anterior, el hecho de que el acto reclamado pudiera ser de imposible reparación, puesto que el principio de definitividad invocado no genera una excepción, porque éste se refiere al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos reclamados. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Ahora respecto del segundo acto que reclama la parte quejosa consistente en el auto de dieciséis de julio del presente año, mediante el cual el juez responsable ordena el lanzamiento de la quejosa con uso de la fuerza pública del domicilio ubicado en ****. En el caso, opera la causal de improcedencia derivada de la interpretación relacionada del artículo 61 fracción XXIII, con el diverso arábigo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- En el juicio de amparo es improcedente: ... XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107.- El juicio de amparo procede: ...IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" En efecto, del ordenamiento anterior se advierte que el juicio de amparo biinstancial será procedente en tratándose de actos fuera de juicio y después de concluido, cuando se trate de reclamar la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues por última resolución, debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, por lo tanto los actos reclamados consistentes en la orden de lanzamiento respecto del bien inmueble ubicado en ***, dictado dentro del expediente juicio ordinario mercantil número ****, del índice la autoridad responsable, autorizando el rompimiento de chapas y cerraduras; y su ejecución, no constituye el último acto dictado en ejecución de la sentencia emitida en contra de la ahora quejosa, en el juicio de origen; de ahí que al no ubicarse en la hipótesis de excepción citado en el referido ordenamiento legal opera la causa de improcedencia invocada. De igual manera, en caso de tratarse del procedimiento de remate, se advierte que los actos reclamados consistentes en la orden de lanzamiento dictado dentro del expediente antes citado del índice la autoridad responsable, respecto del bien inmueble de referencia en contra de la quejosa al ser parte demandada dentro de dicho procedimiento, autorizando el rompimiento de chapas y cerraduras; y su ejecución, no constituye la última resolución en dicho procedimiento, pues no es aquella que en forma definitiva ordena la entrega de los bienes rematados, sino solo se requiere la entrega de la posesión con apercibimiento de lanzamiento; de ahí que al no ubicarse en la hipótesis de excepción citados en el referido ordenamiento legal opera la causa de improcedencia invocada. Además, no debe perderse de vista que conforme al artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, la accionante está en posibilidad de reclamar, en vía de amparo, junto con la última determinación emitida en el procedimiento de ejecución o bien en el procedimiento de remate del citado expediente, las demás violaciones cometidas en éste que le hayan dejado sin defensa. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia civil común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, con el registro digital 2022499, de título y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." 3. Desechamiento. En tal virtud, lo procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracciones VIII y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo, en relación con la fracción V a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda propuesta. 4. Autorizado señala datos de contacto y usuario. Por otro lado, téngase por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa ***** mediante el cual proporciona datos de contacto. Ahora resulta innecesario proveer sobre el correo electrónico que proporciona el autorizado de la parte quejosa dado que en auto de seis de octubre del presente año, se tuvo como correo electrónico el mismo que proporciona en el escrito que se provee. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al promovente la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo así como las notificaciones electrónicas, para lo cual se comisiona a la servidora pública responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, realizar las gestiones necesarias para el efecto de que se habilite dicha consulta bajo el nombre de usuario "****". Notifíquese personalmente.
- Principal
Ahora, para que esta autoridad esté en posibilidad de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de la demanda de amparo de que se trata, con apoyo en lo previsto en los artículos 108 fracción V y 114 fracción II de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la promovente, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad aclare su demanda
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