María Guadalupe Cardona Hernández

Expediente 335/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
335/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
23/06/2021

Partes del expediente

  • Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla
  • María Guadalupe Cardona Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. No se amplió demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído del cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, manifestara si era su deseo ampliar su demanda en relación con el acto y la autoridad responsable siguientes: Acto. Oficio SPF-SA-IRCEP-RPP TEHUACÁN-112/2021 de nueve de marzo de dos mil veintiuno. Autoridad. Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla. En ese sentido, tomando en consideración que el aludido acuerdo fue notificado de manera electrónica el seis de mayo de dos mil veintiuno, surtió sus efectos el mismo día, por lo que el plazo para desahogar el citado requerimiento, transcurrió del siete al veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, por lo que no se tiene por ampliada su demanda de amparo y se tiene como acto reclamado y autoridad responsable, los señalados expresamente en el escrito inicial de la demanda de amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a la petición de la parte quejosa firmado el dos y presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno ante la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: *** Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: *** De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: ** Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: *** Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: *** Bajo esa óptica jurídica, se precisa que en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a la petición de la parte quejosa firmado el dos y presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno ante la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias enviadas por la autoridad responsable, se advierte la siguiente reproducción: *** De lo anterior, se aprecia que la autoridad responsable acordó el escrito firmado el dos y presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y ordenó su notificación en el correo electrónico señalado para tal efecto, así como en el boletín registral. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión reclamada, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. *** Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DIECISÉIS HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Diferimiento. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que aún se encuentra transcurriendo el plazo de quince días hábiles que le fue concedido a la quejosa para ampliar su demanda de garantías en el proveído del cuatro de mayo de dos mil veintiuno. En consecuencia, se fijan para su celebración las DIECISÉIS HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Informe justificado. Ténganse por recibidos los oficios del Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de las referidas autoridades a las personas que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica en el comunicado que se provee. Vista para ampliar. Por otra parte, del informe y los anexos remitidos por la autoridad responsable, se advierte que mediante oficio SPF-SA-IRCEP-RPP TEHUACÁN-112/2021 de nueve de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla, se dio contestación a la petición de la parte quejosa firmado el dos y presentado el siete de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente. En ese sentido, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de quince días, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo en relación con el acto y la autoridad responsable siguientes: Acto. Oficio SPF-SA-IRCEP-RPP TEHUACÁN-112/2021 de nueve de marzo de dos mil veintiuno. Autoridad. Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla. Se precisa a la parte quejosa que en caso de estimar conveniente ampliar su demanda, ésta deberá cumplir con los requisitos que establecen los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo. Bajo el apercibimiento que, en caso de no ampliar su demanda, se resolverá el juicio de amparo indirecto sin tener como acto reclamado el Oficio SPF-SA-IRCEP-RPP TEHUACÁN-112/2021 de nueve de marzo de dos mil veintiuno. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 15/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 12, que señala: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J. 149/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 334, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 174107, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Diferimiento. En tales condiciones, y para dar margen a lo anterior, 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sirven de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa -vía electrónica-.

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