María Guadalupe Cambranis Chan

Expediente 1006/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1006/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe Cambranis Chan
  • Karla Rosalía Cambranis Chan
  • Martín Felipe Cambranis Chan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el trece de junio de dos mil veintidós, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer y segundo puntos resolutivos se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante en este asunto se sobreseyó en el juicio. Lo procedente es declararlo como SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Por lo cual, de conformidad con el artículo 21 del ordenamiento en cita, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el último párrafo del numeral 18 del Acuerdo normativo en comento. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1006/2022-VII-B, promovido por María Guadalupe Cambranis Chan, en favor del directo quejoso Martín Felipe Cambranis Chan, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, así como de otra autoridad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito recibido por la secretaria de guardia de este Juzgado el catorce de abril de dos mil veintidós, compareció María Guadalupe Cambranis Chan, a solicitar en favor de Martín Felipe Cambranis Chan y Karla Rosalía Cambranis Chan, el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos del: 1. Secretario de Seguridad Pública del Estado. 2. Comandante de Cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública de la Entidad. SEGUNDO. Por auto de la misma fecha (catorce de abril de dos mil veintidós), se registró la demanda con el número 1006/2022-VII-B y se decretó de oficio la suspensión de plano para el efecto de que cesara de inmediato la incomunicación de los directos quejosos, así como la privación de la libertad fuera de procedimiento (detención ilegal) y se interrumpiera la ejecución de la orden de arresto reclamada. De igual forma, se ordenó requerir a los directos quejosos para que en el acto de notificación del citado proveído o dentro del término de tres días computados legalmente, ratificaran la demanda de amparo promovida a su favor. Por razón actuarial de catorce de abril del año en curso, la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal, asentó que se constituyó en los separos de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, donde se entrevistó con el directo quejoso Martín Felipe Cambranis Chan quien manifestó que sí ratificaba la demanda promovida a su favor. Por su parte, al entrevistarse la actuaria judicial con la también quejosa Karla Rosalía Cambranis Chan, en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Entidad, manifestó que se reservaba ratificar la demanda de amparo instada a su favor; por lo que al haber transcurrido el término para hacerlo (tres días), el veinticinco de abril de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo instada a su nombre, misma que causó estado el nueve de mayo del año que cursa. TERCERO. En virtud de la ratificación de la demanda por Martín Felipe Cambranis Chan, mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se admitió la demanda de que se trata únicamente en cuanto por él; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la federación adscrita la intervención que le compete. Asimismo, se previno al quejoso para que dentro del término que prevén los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, manifestara si ampliaba su demanda, señalando como nueva autoridad responsable a la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, sin que realizará pronunciamiento al respecto, por lo que, mediante diverso auto de diecinueve de mayo en curso, se continuó con la tramitación del presente juicio de amparo, únicamente respecto de las responsables y actos que señaló en su escrito inicial de demanda. Finalmente, seguido el juicio en su trámite, el día de la fecha, se verificó la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La incomunicación, detención y arresto del directo quejoso. TERCERA. No son ciertos los actos reclamados, consistentes en la incomunicación del directo quejoso y arresto, atribuidos a las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública y Comandante de Cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos del Estado; toda vez que al rendir su informes justificados por conducto del Director Jurídico de dicha Secretaría (registro 8688), únicamente aceptaron haber llevado a cabo su detención; además de que la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa con prueba en contrario. En tales condiciones, ante la negativa respecto de los citados actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables en este asunto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTA. Es cierto el diverso acto consistente en la detención del directo quejoso Martín Felipe Cambranis Chan, tal como se desprende del informe justificado rendido por las responsables Secretario de Seguridad Pública y Comandante de Cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos del Estado, por conducto del Director Jurídico de dicha Secretaría (registro 10974), en el que confesaron que dicho quejoso fue detenido en flagrancia y remitido a la Fiscalía General del Estado, por hechos posiblemente delictuosos. Lo que se corrobora con las documentales que al respecto adjuntó, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo. Aunado a que, de la constancia levantada por la actuaria de la adscripción con fecha catorce de abril último, se advierte que efectivamente el directo quejoso se encontraba en los separos de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. QUINTA. No obstante lo anterior, previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, no obstante la certeza del referido acto reclamado, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III de la Ley de Amparo, con base en las razones que a continuación se exponen. En primer término, es menester señalar que los artículos antes invocados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:. .III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Ciertamente, de la interpretación en sentido contrario efectuada a los numerales transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se haga valer en contra de actos cuya autoridad emisora no es designada como responsable. De ahí que, si en el caso en estudio, de las constancias que integran el presente juicio constitucional se advierte que el aquí quejoso, al momento de la diligencia levantada por la actuaria de la adscripción el directo quejoso se encontraba a disposición de una autoridad diversa a las señaladas como responsables, esto es, la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. Por lo que mediante proveído de dieciocho de abril del año en curso, se previno al impetrante del amparo para que dentro del término previsto en los numerales 17 y 111 de la Ley de Amparo manifestara si ampliaba su demanda señalando como nueva autoridad a la Fiscalía en cita, a fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto conforme a derecho. Sin embargo, el quejoso no dio cumplimiento al requerimiento de mérito, por lo que en auto de diecinueve de mayo del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento realizado y se tuvo por no señalada como autoridad responsable en este asunto a la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, ordenándose resolver el presente juicio de amparo, únicamente por cuanto a los actos y autoridades responsables señalados en el ocurso constitucional. De lo anterior, se sigue que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de dicho acto reclamado, en virtud de que no se llamó a la autoridad en cita y, por ende, no fue oída en esta vía constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º y 108, fracción III, del citado ordenamiento legal. Tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación XLVII, página 1195, que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, no oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Tomo II, del mes de Octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que se localiza en la página 468, que indica: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Y la tesis de Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 164185, visible en la página 2199, de rubro y contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento." Lo anterior, impide realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por María Guadalupe Cambranis Chan, en favor del directo quejoso Martín Felipe Cambranis Chan, contra los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública y Comandante de Cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en la consideración tercera de la misma. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por María Guadalupe Cambranis Chan, en favor del directo quejoso Martín Felipe Cambranis Chan, contra el acto que atribuyen al Secretario de Seguridad Pública y Comandante de Cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos con residencia en esta ciudad, consistente en la detención, por las razones plasmadas en la consideración quinta de esta determinación. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese una reimpresión firmada electrónicamente de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a los presentes autos el oficio correspondiente al Fiscal Investigador del Ministerio Publico, titular de la Agencia Vigésimo Sexta, con residencia en Hunucmá, Yucatán, acompañado de un anexo, mediante el cual, en acatamiento al requerimiento efectuado en auto de dieciocho de abril de la presente anualidad, informa sobre el cumplimiento a la sentencia ejecutoria emitida en este juicio Ahora bien, respecto a las constancias que como anexo acompañó a su informe, se advierte que son copias simples, las cuales, resultan insuficientes para otorgarles validez jurídica. En consecuencia, requiérase a la citada autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita a este Juzgado de Distrito copia certificada, completa y legible de las constancias relativas al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; toda vez que se consideran necesarias, para resolver adecuadamente en el presente asunto. Quedando subsistente el apercibimiento de multa contenido en el mencionado proveído de dieciocho de abril del presente año. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el informe justificado rendido, vía telegráfica, por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, compareciendo en representación del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental de dicha dependencia, todos con sede en la Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes; relaciónese en la audiencia constitucional. Asimismo, téngase como domicilio y delegados de las citadas autoridades responsables, los que respectivamente se señalan en el informe justificado de cuenta. Por otro lado, toda vez que la autoridad oficiante esencialmente manifiesta que además de la vía telegráfica, remitió la comunicación de cuenta por correo certificado, al que adjuntó el documento que relaciona; al efecto, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto sean recibidos en este Juzgado dicha misiva y anexos. Notifíquese.

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