MARÍA GUADALUPE CAMACHO VALDEZ y Otros.

Expediente 557/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
557/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
27/04/2018

Partes del expediente

  • MARÍA GUADALUPE CAMACHO VALDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretario de Acuerdos de la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso oficio número 15782/2018, por el que se remitieron las constancias relativas al acto reclamado, consistentes en los autos originales del expediente 820/2015 y los originales del Toca Familiar 180/2017, de su índice; en tal virtud, agréguese el oficio de cuenta a los presentes autos, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal el dos de marzo del año en curso, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 134 a 136). En relación con lo anterior, por acuerdo de cinco de marzo del año en cita (foja 137), entre otras cuestiones, se requirió a la parte promovente del amparo, a efecto de que compareciera ante la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a recoger el cheque expedido por la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, correspondiente al pago de la actualización fiscal de la cantidad relativa al cumplimiento al fallo protector; lo anterior, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, este juzgado resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y las constancias aportadas por la autoridad responsable; sin embargo, del estado que guardan los presentes autos no se advierte que la peticionaria del amparo se hubiera constituido ante dicha Dirección a imponerse del referido documento mercantil. En consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000, así como la diversa tesis de rubro "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA", pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y con número de registro III. 3o.A.52 A; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintidós de junio de dos mil diecisiete (fojas 62 a 77), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción IV de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa la cantidad de $16,795.12 (dieciséis mil setecientos noventa y cinco pesos con doce centavos); que pagó el veintiocho de marzo de la presente anualidad (fojas 9 a 10 y 58), por concepto de derechos del giro de "Restaurante bar", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. (.) Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos) que se indicó en el formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual (foja 9), documental que exhibió la quejosa a su demanda de amparo; toda vez que la accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)". Por auto de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria dicho fallo protector y se requirió al Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días lo acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de dicha Secretaría, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (fojas 83 a 84). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción IV de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14 del mismo ordenamiento legal y se abstuvieran de aplicarlo en su contra, hasta en tanto fueran reformados; y B).- Devolverle a la peticionaria de amparo la cantidad de $16,795.12 (dieciséis mil setecientos noventa y cinco pesos con doce centavos); que pagó el veintiocho de marzo de la presente anualidad (fojas 9 a 10 y 58), por concepto de derechos del giro de "Restaurante bar", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", sin considerar el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos) que se indicó en el formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual; la cual debía ser actualizada. En cumplimiento a ello, mediante el oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veinte de octubre de dos mil diecisiete (fojas 111 a 112), por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, exhibió la impresión del reporte de transferencias a cuentas de terceros Banorte IXE, de la que se advierte que el dieciocho de octubre del año pasado, se transfirió a la cuenta bancaria proporcionada por la parte quejosa la cantidad de $**. Además, por diverso líbelo recibido el dos de marzo del año actual, el Director aludido manifestó que se encontraba a disposición de la moral quejosa el cheque valioso por la cantidad por concepto de actualización fiscal respectiva (fojas 134 a 136). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $**, luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $**, que corresponde al cobro de la comisión bancaria, toda vez que dicha cantidad no fue reclamada como inconstitucional. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $**, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (foja 9), el dieciocho de octubre del año pasado se transfirió a la quejosa la cantidad principal; y el veintitrés de febrero de este año, la autoridad responsable puso a disposición de la quejosa el cheque por concepto de actualización fiscal (fojas 134 a 136), por el cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a octubre del año pasado. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero del año pasado entre el índice para el mes de septiembre de ese año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecisiete fue de 125.318; y para el mes de septiembre de ese año fue de 127.912 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0206. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $**; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $**. Así de las constancias que obran en autos se advierte que se acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió a la quejosa la cantidad de $** por concepto de la devolución del pago principal y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. No pasa inadvertido que el monto que el Director General de Ingresos responsable debía devolver a la parte quejosa era de $**; sin embargo, éste reintegró la diversa de $**, es decir es decir, entregó un excedente de $**, pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto éstas para obtener dicho monto y la quejosa a fin de devolverla serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la constancia secretarial que antecede, de la cual se advierte que en el local de este juzgado federal compareció el perito designado por la parte quejosa********************, quien previa identificación, aceptó el cargo que le fue conferido en diverso auto de dos de abril de dos mil dieciocho (foja 134) por lo que protestó su fiel y legal desempeño. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del precepto 2° de la Ley de Amparo, requiérase a dicho experto para que dentro del término de DIEZ DÍAS, siguientes al en que sea notificado del presente proveído, emita su dictamen pericial, el cual se desarrollará conforme al cuestionario que adjuntaron los oferentes de la prueba (foja 35); lo anterior, en el entendido de que en caso de no hacerlo, se hará efectivo en su contra el apercibimiento decretado en el citado acuerdo de dos de abril de dos mil dieciocho (foja 134).

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de siete de marzo del año actual (fojas 129 a 145); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $**(** pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $**(**), por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO" (fojas 45 y 121), así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. y 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la responsable de referencia, dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el numeral 258 de la Ley de Amparo, se les impondrán una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, se les hace del conocimiento que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la ley citada.

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