María Guadalupe Calvillo Rocha
Expediente 1104/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1104/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato con domicilio en Guanajuato.
- María Guadalupe Calvillo Rocha
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la cuenta que antecede se provee: PARTE QUEJOSA AMPLÍA LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa a través del cual amplía su demanda de amparo respecto de conceptos de violación. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda, se toma en cuenta, de inicio, lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Amparo. Asimismo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que la ampliación de demanda de amparo indirecto procede en los siguientes supuestos: Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en este se motive el acto reclamado; o, Cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. En cuyo caso la ampliación de demanda podrá realizarse sobre a) los actos, b) las autoridades responsables, o c) los conceptos de violación, siempre que la petición se formule dentro de los plazos que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, a partir del conocimiento de datos que sustenten la ampliación, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional, y bajo la condición de que se encuentren vinculados con los actos inicialmente reclamados. SE ADMITE AMPLIACIÓN DE DEMANDA. En el caso se colman los requisitos de procedencia de la ampliación, por lo que con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 17, 107, 111, 115 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda por lo que a conceptos de violación se refiere. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, y para tal efecto, se ordena notificar a la servidora pública la ampliación de demanda de este juicio mediante el usuario electrónico "********************" proporcionado por ella y en atención a la solicitud contenida en su oficio ******************** de doce de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, infórmesele que queda a su disposición en este juzgado una copia de la demanda de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión del acto reclamado por no haberlo solicitado. INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Requiérase a las autoridades responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) Dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) Es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) Oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Nacional de Estadística y Geografía cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. i) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio del tercero interesado; ii) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y iii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa, legible y debidamente foliada, rubricada y entresellada, de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. La sanción se aplicará al resolver el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad o, en su caso, remitiere constancias equivocadas, podrán ser sancionada en los términos que señala el indicado artículo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Hágase del conocimiento de las partes que se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
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Vista la cuenta que antecede se provee: Autorizado en términos amplios de la parte quejosa pretende ampliar demanda de amparo.... Interrupción del plazo para ampliación de demanda.
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León, Guanajuato, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: ? Se difiere la audiencia constitucional. De la certificación de cuenta se advierte que trascurre el plazo de quince días que la parte quejosa tiene a efecto de que conforme sus intereses esté en aptitud, en su caso, de ampliar su demanda de amparo; por tanto, para dar margen a ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
León, Guanajuato, veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación del apoderado de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud, ambos del Estado de Guanajuato; dese vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. Como lo solicita, se le tiene como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el oficio de cuenta, lugar donde le serán practicadas por medio de oficio tal como lo dispone el artículo 26, fracción II, inciso a, del referido ordenamiento legal; y, acreditados de su parte a los delegados que cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia. De igual manera, se autoriza la consulta del expediente electrónico con nombre de los usuarios registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación como *, ya de que están debidamente acreditados. II. Prueba documental. De conformidad con los preceptos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, la que por su propia naturaleza se tiene admitida y desahogada; sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. III. Alegatos. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que expresa, los cuales se relacionarán y recibirán en la audiencia constitucional. IV. Vista para efectos de ampliación de demanda. En esa línea, atento a la naturaleza del acto reclamado (derecho de petición), dado que la autoridad responsable al comunicado de cuenta anexó el diverso de trece de octubre de este año por el que respondió la petición de la parte quejosa, de lo cual fue notificada el veinte de este mes y año; se impone darle vista de manera personal con el informe rendido por la autoridad responsable y su anexo, a fin de que dentro del plazo de quince días, contado a partir de que se le notifique personalmente el presente proveído, actúe conforme con sus intereses y esté en aptitud, en su caso, de ampliar la demanda, en observancia al criterio jurisprudencial siguiente: Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." 1 En la hipótesis de que la peticionaria decida ampliar su libelo constitucional, deberá cumplir los requisitos contenidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Apercíbase a la parte quejosa que de no ampliar la demanda, se le tendrá por desinteresada y se continuará con el trámite únicamente en cuanto a la autoridad, actos y conceptos de violaciones precisados en el escrito inicial. En el entendido de que la materia de la ampliación de la demanda, en caso de que la peticionaria la promueva, únicamente versará sobre los postulados del derecho de petición (congruencia, notificación, plazo razonable, fundamentación y motivación), pero no así sobre la legalidad del oficio donde respondió la solicitud. Cobra aplicación la tesis 2a. XXI/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "DERECHO DE PETICIÓN. SU DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO ADMINISTRATIVO. El derecho de petición busca la respuesta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que el recurso administrativo, la nulidad o modificación de un acto de la autoridad a través de su impugnación; es decir, el recurso presupone la existencia de un acto administrativo previo que puede ser revisado por la autoridad que lo emitió o en otra instancia, mientras que aquél se limita a solicitar una respuesta determinada. Así, para recurrir una actuación administrativa se requiere de un derecho subjetivo específico; a la vez que el derecho de petición constituye simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer un planteamiento a la autoridad; por tanto, este último no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos para atender ciertas materias, ni constituirse como un medio para la revisión de determinaciones administrativas."2 De igual manera, la jurisprudencia 2a./J. 62/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar la violación al derecho de petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mientras uno de ellos sostuvo que en el juicio de amparo no procede analizar la congruencia de la contestación acaecida a la solicitud del quejoso, ello en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), el otro consideró que sí se debe analizar tal circunstancia, derivado del contenido de dicha jurisprudencia y de las diversas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se reclama la violación al derecho de petición, la persona juzgadora debe analizar la congruencia de la respuesta con la petición formulada a la autoridad, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), al establecer en su texto: "... con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición ...", implica que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado y, como efecto de ello, que el operador jurídico lo determine, esto es, si lo que contesta la autoridad tiene una relación lógica con la solicitud planteada por la persona peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional. Justificación: Lo anterior, por la necesidad de que se garantice la protección efectiva del derecho humano previsto en el artículo 8 constitucional y así resulta acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la respuesta se debe referir efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. Incluso podría tratarse de algún requerimiento de datos que la autoridad precise para estar en condiciones de proceder en torno a la solicitud. Esto, sin que la persona juzgadora esté constreñida a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria."3 Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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