María Guadalupe Calderon Valencia

Expediente 839/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
839/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe Calderon Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Vista la certificación con la que se da cuenta y el estado de autos, se advierte que se encontraban señaladas las diez horas con treinta minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en este asunto, sin embargo, no se dio cuenta de manera oportuna. Ahora bien, visto el estado procesal de autos se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional debido a que el expediente no se encuentra debidamente integrado, como se expondrá a continuación: En primer término, se impone destacar que en proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado Federal determinó que con fundamento en lo establecido en los artículos 27, fracción III, de la Ley de Amparo, y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hacer el emplazamiento de la parte tercero interesada ......, por medio de EDICTOS, que deberían ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República. Asimismo, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, compareciera a este Juzgado a recibir los edictos de mérito que a su costa se realizarían y dentro del mismo término acreditar las gestiones realizadas para lograr su publicación. No obstante lo anterior, en el escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló que el tercero interesado ........ tiene su domicilio en el extranjero, esto es: ..... Por lo anterior, en aras de no vulnerar las reglas esenciales del procedimiento, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se regulariza el procedimiento y se ordena el emplazamiento de la parte tercero interesado a través de carta rogatoria que para el efecto se expida. Lo anterior es así en razón de que el emplazamiento del tercero interesado dentro de un juicio, encuentra su origen en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente en la garantía de audiencia, que se traduce en el derecho humano de seguridad jurídica, mismo que impone la obligación a cargo de las autoridades para que cumplan con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa de los afectados. En ese sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse de manera habitual, es decir, con la notificación en el domicilio del tercero interesado dado que su domicilio se encuentra fuera del país, se tiene que los convenios internacionales prevén las reglas y condiciones bajo las cuales las mismas pueden llevarse a cabo a través de la carta rogatoria. Bajo ese orden de ideas, se tiene que si bien, las diligencias que se practiquen en el extranjero, únicamente se autorizarán cuando se demuestre que son indispensables para probar los hechos fundamentales de la demanda o de su contestación; además se librará el despacho correspondiente, tomando en cuenta lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales. En caso de no existir tratados o convenios, los despachos serán remitidos por vía diplomática, al lugar de residencia de la autoridad correspondiente, debiendo ser legalizadas las firmas de las autoridades que los expidan caso del que quedarán exceptuados cuando las leyes o prácticas del país a donde se libre el despacho, no establezcan ese requisito. Al respecto, México adoptó para este tipo de notificaciones lo dispuesto en el "Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial", cuyo objetivo es conciliar los diversos sistemas de notificación utilizados en los países, así como construir y mejorar mecanismos para facilitar y agilizar la cooperación entre los Estados, a efecto de facilitar el traslado de documentos. Es decir, regula los procedimientos para que los documentos judiciales y extrajudiciales que deben ser objeto de notificación o traslado en el extranjero, sean conocidos por sus destinatarios. Por ello, para que las personas que viven en el extranjero puedan ser emplazadas a un procedimiento en nuestro país, existe la necesidad de llevar a cabo una serie de procedimientos que por sí mismos implican un costo, cuya erogación no puede encontrarse a cargo del Estado. Resulta aplicable la tesis III.3o.C.25 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 735, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO A TERCERO PERJUDICADO RADICADO EN UN PAIS CON EL QUE NO SE TIENEN RELACIONES DIPLOMATICAS. SE PUEDE REALIZAR CONFORME A LO PACTADO EN 1963 EN LA CONVENCION DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES, A TRAVES DE UN TERCER ESTADO CON EL QUE SI SE TENGAN. El objeto del emplazamiento es que el tercero perjudicado tenga oportunidad de defenderse debidamente y, precisamente por su trascendencia, la Ley de Amparo faculta al Juez Federal no sólo para que lleve a cabo exhaustivas investigaciones, sino también para que en caso de que no se logre finalmente la localización, se ordene entonces la notificación por medio de edictos. En el caso, no se cumplen esos propósitos con el llamado a juicio a través de edictos como lo ordenó el juzgador, habida cuenta de que como las publicaciones se realizan en los diarios de circulación nacional, únicamente serán del conocimiento de las personas que habitan en el territorio, y sucede que en la especie está demostrado que la tercero perjudicado no radica en el país sino en el extranjero; luego, no se está en el supuesto de considerar que se desconoce el paradero del tercero porque, se reitera, es del pleno conocimiento del Juez Federal que el demandado se encuentra en un país extranjero. Así, se advierte que como el libro IV, título único, del Código Federal de Procedimientos Civiles, denominado "De la Cooperación Procesal Internacional", aplicado supletoriamente a la litis constitucional, por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, contiene las reglas conforme a las cuales puede entablarse comunicación en materia de litigio internacional con otros Estados, y mientras que el artículo 548 dispone que la práctica de diligencias en país extranjero puede encomendarse a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, el 549 establece que los exhortos o cartas rogatorias que se remitan al extranjero o se reciban de él, se ajustarán a lo dispuesto por los artículos posteriores, salvo lo ordenado en los tratados o convenios en que México sea parte, es inconcuso que sí existe un instrumento legal mediante el que puede lograrse comunicación con una persona que radique fuera del país, sin que importe en contrario que no existan con él relaciones diplomáticas y comerciales, porque si México, presente en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aceptó el tratado que de ahí surgió, en cuyo artículo 7o. se prevé la encomienda a una oficina consular establecida en un Estado que asuma el ejercicio de funciones consulares en otros Estados, es indudable que, en el caso, la correspondiente carta rogatoria puede diligenciarse a través de un tercer Estado con el que sí se tengan relaciones diplomáticas; convenio que junto con la Constitución y las leyes que de ella emanan son la ley suprema conforme lo prevé el artículo 133 de dicha Carta Magna." En consecuencia, se requiere a la parte quejosa, para que por sí o por conducto de sus autorizados, dentro del término de tres días hábiles, comparezca a recoger la carta rogatoria con sus anexos, a fin de emplazar al tercero interesado ............. Una vez hecho lo anterior, se concede a la parte quejosa un término de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de que reciba la citada carta rogatoria y sus anexos, para que realice las traducciones correspondientes y disponga lo necesario para su remisión a la autoridad exhortada, Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apercibida que en caso de no hacerlo, se sobreseerá en el presente juicio de amparo por falta de interés en su prosecución, ello con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento. Sin que obste lo anterior, el hecho de que los numerales en comento se refieran a la publicación de edictos y, en el caso se trate de una carta rogatoria, toda vez que dichas figuras jurídicas conllevan una carga procesal que debe cumplir el promovente para poder deducir algún derecho ante el órgano jurisdiccional u obtener un resultado favorable a sus propios intereses, y cuyo incumplimiento produce una situación jurídica desfavorable o la imposición de una sanción; es decir, el numeral en cita, establece la carga procesal al quejoso de realizar los trámites de publicación de edictos para lograr el emplazamiento del tercero interesado, lo que analógicamente puede ser aplicado al supuesto, pues en el caso, el amparista debe realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se tramite la carta rogatoria, con el objeto de llamar a juicio al tercero interesado. Por lo expuesto, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el siete de julio de dos mil diez, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Ahora, con relación al pago que debe realizarse con motivo del desahogo de esta diligencia en particular, se tiene que el artículo 12 de la Convención aludida, establece que las notificaciones o traslados de documentos judiciales provenientes de un Estado contratante no podrán dar lugar al pago o reembolso de las tasas o gastos por los servicios del Estado requerido; sin embargo, el requirente está obligado a pagar o reembolsar los gastos ocasionados tanto por la intervención de un funcionario judicial o ministerial o de una persona competente según la ley del Estado de destino como por la utilización de una forma particular. Al respecto, el Estado Mexicano mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diecinueve de octubre de dos mil once, estableció las modificaciones a las declaraciones formuladas por el Gobierno de México al momento de adherirse a dicha convención y en su artículo único se estableció lo siguiente: "(.) 1. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos modifica las declaraciones formuladas al adherirse al Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en materia Civil o Comercial, adoptado en la Haya el 15 de noviembre de 1965, para quedar como sigue: (.). VI. En relación con el segundo párrafo del artículo 12, los gastos ocasionados por la diligencia de la notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales serán cubiertos por el requirente (.).". Luego, en el caso que nos ocupa, se tiene que existe una persona a quien le reviste el carácter de actor en el juicio natural quien tiene su domicilio fuera de este país, por ello se requiere de la instrumentación de un documento diplomático para lograr su emplazamiento. Cabe señalar que el principio de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado y la consecuente prohibición de costas judiciales, están dirigidos a impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional que realizan, pues la retribución de la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En este sentido, el pago derivado de los costos que se generan por la diligenciación del documento internacional en comento, resultan necesarios para que el gobierno del diverso país los lleve a cabo pues los mismos son el resultado de los gastos naturales que se generan para cumplimentarse; por ende, las condiciones a las que se somete su diligenciación son justificables y legales. Por ello, el requerimiento efectuado a la parte quejosa, es tomando en consideración que la Secretaría de Relaciones Exteriores derivado del artículo 12 del Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, tiene por objeto asegurar la garantía de audiencia que debe respetarse en el caso de las personas a quienes les reviste el carácter de parte en el juicio natural y de tercero interesado en el juicio constitucional, lo que genera un estado de certidumbre jurídica e igualdad procesal entre las partes frente a la norma ya que el Estado Mexicano debe garantizar la tutela de los derechos fundamentales de nacionales y extranjeros, con lo que demuestra que dicha medida está constitucionalmente justificada, al propiciar una justicia pronta entre las partes al materializar correctamente la exigencia prevista expresamente en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la exigencia de realizar el trámite correspondiente, en el caso recoger la carta rogatoria con los anexos de Ley, a fin de que se realicen las traducciones correspondientes y dispongan lo necesario para que este Juzgado esté en aptitud de proceder a su remisión a la autoridad exhortada, Secretaría de Relaciones Exteriores, se encuentra plenamente justificado, aunado a que las propias leyes internacionales establecen a cargo de quien debe recaer el gasto que genere dicho trámite, sin que ello implique violación alguna sobre los derechos de acceso a la impartición de justicia y de justicia gratuita reconocidos por el artículo 17 de la Ley Fundamental, ya que el hecho de que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos es legal, porque resulta jurídicamente aceptable que cada procedimiento tenga diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del órgano jurisdiccional al no ser un derecho absoluto, que contravenga el principio de gratuidad en la administración de justicia, ya que encuentra su justificación al velar porque se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento que protegen los intereses de ambas partes. Por ende, el trámite y pago derivado de los gastos que se generen con motivo de la carta rogatoria que se gira en el presente juicio, debe correr a cargo de la parte quejosa, con base en la interpretación sistemática y armónica de las normas federales en conjunción con los principios y normas contenidas en el convenio citado, se concluye claramente que los gastos que se tengan que sufragar con motivo de la remisión y trámite al extranjero de un exhorto o carta rogatoria, queda a cargo de los interesados en su recepción y se desprende además una distinción entre las obligaciones de los Estados parte de la convención y la figura de los interesados, correspondiendo a los primeros su cumplimiento y realización procesal y a los segundos, sufragar aquellos conceptos que resulten necesarios para cumplir con el fin del exhorto o carta rogatoria. El sentido de la interpretación de esos preceptos se adecua, además, al contenido del artículo 17 del Ordenamiento Supremo, en cuanto que la posibilidad del acceso a la tutela judicial efectiva por los tribunales judiciales no se veda por el hecho de que la parte interesada deba sufragar los gastos necesarios para la realización de un trámite relativo a un exhorto o carta rogatoria en el extranjero, en virtud de que es evidente que se trata de una carga procesal de cuyo cumplimiento depende el desarrollo de una etapa procesal necesaria para que el juicio continúe y llegue a dictarse sentencia, lo que es el último fin de la acción ejercida y en beneficio de la parte interesada y, por otro lado, dentro del curso ordinario del procedimiento judicial, no se contempla el hecho de que corresponda al tribunal sufragar los gastos que derivan de su diligenciación, cuya obligación recae sobre la parte a la que le reportará un beneficio su recepción en el proceso. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del uno de junio de dos mil veintidós, para su verificativo. Finalmente, se ordena la publicación integra del presente auto en la lista de acuerdos de esta juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación con la que se da cuenta y el estado de autos, se advierte la imposibilidad de localizar al tercero interesado .... a pesar de las diversas diligencias realizadas por este órgano jurisdiccional para su emplazamiento a este juicio de amparo. Luego entonces, tomando en consideración que es necesaria la realización de esa formalidad para la continuación del trámite del juicio de amparo en que se actúa; con fundamento en lo establecido en los artículos 27, fracción III, de la Ley de Amparo, y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase el emplazamiento del citado tercero interesado, por medio de EDICTOS, los cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República; debiéndose publicar una relación sucinta de la demanda de amparo, del auto admisorio y del presente proveído por tres veces, de siete en siete días, que puede ser, a manera de ejemplo, a través de cualquiera de los siguientes: La Jornada, El Universal, Excélsior, el Financiero, El Heraldo de México y Reforma; lo anterior, para que en el término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, el citado tercero ocurra ante este tribunal y haga valer sus derechos. .... Apercibida que en caso de no hacerlo, para cada uno de los supuestos citados, se sobreseerá en el presente juicio de garantías por falta de interés en su prosecución, ello con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación a los artículos 61, fracción XXIII, 108, fracción II y 22 de la Ley de Amparo, lo cual es un fin contrario a lo dispuesto por el numeral 6 de la citada Ley. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese.

  3. Principal

    ..se tiene por recibido el oficio signado por la Directora de Registro de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Tesorería de la Ciudad de México, mediante el cual y en cumplimiento al requerimiento...informa respecto del domicilio del tercero interesado...

  4. Principal

    ...agréguese...el oficio signado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, representado por el Delegado de Asuntos Contenciosos Nezahualcóyotl de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante el cual...informa respecto del domicilio del tercero interesado buscado ********************.Lo anterior, se ordena glosar a los autos para que obre como corresponda...

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