Maria Guadalupe Calderon Rodrigez
Expediente 991/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 12/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Calderon Rodrigez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que en acuerdo de diecisiete de noviembre del año en curso, este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por ***********, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y el original del cuaderno incidental DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio, y se concedió la medida suspensional provisional y definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Toda vez que el presente juicio se encuentra concluido, remítase a la autoridad responsable el legajo de copias certificadas que adjuntó a su informe justificado. Se autoriza la devolución de las copias certificadas que adjuntó la quejosa a su escrito de demanda
- Incidental
A sus autos el escrito que signa ********, en su carácter de autorizado en términos amplios de la tercera interesada; atento a su contenido y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que se concedió a la parte quejosa, a fin de que exhibiera la garantía fijada para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva, sin que a la fecha lo haya hecho, con fundamento en el artículo 136, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento inserto en la resolución de quince de noviembre pasado, y a partir de este momento, deja de surtir efectos la medida cautelar. Lo que debe entenderse en el sentido de que suspensión del acto reclamado está vigente, pero deja de surtir sus efectos, en razón de que la peticionaria de amparo no cumplió con la condición referida. Es aplicable la Tesis visible en la página 1182, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época que dice: "SUSPENSIÓN. NO DEBE DEJARSE SIN EFECTOS POR NO EXHIBIRSE LA GARANTIA. El hecho de que la parte quejosa no exhiba la garantía que se le fije en la resolución respectiva para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, legalmente no trae como consecuencia que se declare que ésta dejó de surtir sus efectos, sino que en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo, la citada omisión únicamente permite que la autoridad responsable, transcurriendo el plazo concedido para la exhibición de la garantía, esté expedita para ejecutar el acto reclamado, debiéndose destacar que no tienen el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues al darse el primero de los casos, deja de tener vigencia la suspensión concedida, y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse cumplido con la condición que para ello se impuso; empero, tales efectos son susceptibles de volverse a surtir si se cumple con esa exigencia antes de que la ejecución de los actos se lleve a cabo; de tal manera que de acordarse que se deja sin efectos la suspensión decretada, de hecho se revocaría la resolución en que se había concedido." Por tanto, se determina que la autoridad responsable tiene expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado. Sin embargo, ello no implica que aun cuando la quejosa hasta este momento no haya cumplido con el requisito exigido para que opere la medida suspensional y la autoridad responsable tampoco haya ejecutado el acto reclamado, tal circunstancia derive en la preclusión del derecho a llenar los requisitos que se hubieren exigido para ello, ya que la omisión relativa, sólo implica que la autoridad está en aptitud de ejecutar la actividad oficial materia de la medida cautelar, por lo que si la quejosa exhibe la garantía exigida, volverá a surtir efectos la suspensión, siempre y cuando no se haya ejecutado el acto destacado. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales respectivos.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIEIS, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Juez Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Téngasele ofreciendo como prueba la documental que allegó, consistente en copia certificada del juicio ordinario civil, número ***, la que de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se admite y se tiene por desahogada dada su naturaleza. Para mejor manejo del expediente, fórmese un tomo de pruebas. Ahora bien, de las constancias enviadas por la responsable a las que se otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo previsto en los artículos 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, destacan los siguientes antecedentes: I. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciséis, Eulalia Vargas Barrera demandó en la vía ordinaria civil a ***********, diversas prestaciones, demanda que fue turnada al Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, la cual fue admitida por auto de dieciséis de junio siguiente, ordenando el emplazamiento de la demanda (f. 1 a 25 tomo de pruebas). II. Una vez emplazada la demandada ***********, el catorce de julio del año en curso, contestó la demanda, oponiendo las excepciones y defensas que consideró pertinentes (f. 41 a 45). III. Seguida la secuela procesal, por escrito de veintinueve de agosto pasado, la ahora tercera interesada ***********, ofreció entre otras probanzas la inspección judicial respecto al bien inmueble ubicado en calle Praderas de la Arboleda sin número, junto al número cuatrocientos cuatro, puerta y zaguán café, pertenecientes al ejido Santa María Antillón, segregación de San Miguel Octopan, del municipio de Celaya, Guanajuato. (f. 89 ibídem) IV. Así, por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se admitió dicho medio de prueba, para lo cual se fijaron las diez horas con treinta minutos del tres de octubre siguiente para su desahogo (f. 90 y 91 ibídem). V. El tres de octubre del año en curso, el juez del conocimiento fijó nueva fecha para el desahogo de la inspección judicial, señalando las diez horas con treinta minutos del siete de los corrientes, en virtud de existir una imposibilidad del actuario de realizarla. (f. 145 ibídem). Determinación que constituye el acto reclamado. En ese sentido, resulta necesario destacar que el auto en donde se admitió la prueba de inspección fue de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se le notificó por medio de lista a las partes el uno de septiembre siguiente (f. 91 ibídem). Además, se advierte de las actuaciones de origen que la ahora quejosa no se inconformó con la publicación que se le hizo por medio de lista del acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, en que se admitió la prueba de referencia, es decir, no promovió el incidente de nulidad de notificación establecido en el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, lo anterior es así, toda vez que la siguiente promoción que realizó la promovente del amparo fue el ofrecimiento de la confesional a cargo de su contraria; por tanto, se llega a la conclusión que no se inconformó con la referida notificación, consintiendo con ello el auto citado (f. 100 ibídem). Ahora bien, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número 17, visible en la página 12, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, bajo el rubro "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". Ciertamente, la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Mientras que el ordinal 217 del mismo Cuerpo Normativo, en la parte conducente, establece: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. [.]" Al respecto se invoca también, la tesis con número de registro 232011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor literal siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". Del criterio transcrito se destaca que para considerar un acto derivado de otro consentido se requiere: La existencia de un acto anterior consentido; y La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Luego, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, así como de los criterios antes citados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Por tanto, si la admisión de la prueba de inspección judicial se realizó el treinta y uno de agosto del año en curso, y al no haber impugnado ésta determinación, la cual le fue notificada por medio de lista el uno de septiembre siguiente, misma que se advierte que tampoco se inconformó la quejosa con el medio ordinario correspondiente (incidente de nulidad de notificación), resulta inconcuso que la quejosa al promover el juicio de amparo contra el proveído de tres de octubre de dos mil dieciséis, por el que se fijó nueva fecha para el desahogo de dicha probanza, resulta claro que el acto reclamado en esta instancia constitucional no es más que una consecuencia derivada de aquel que se consintió, operando por tanto, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia número 17, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anteriormente transcrita. Por identidad de razón jurídica es aplicable al presente asunto la tesis III.1o.A.11 K, localizable en la página 582, Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, del rubro siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA." Por tanto, es incuestionable que el acto reclamado en esta sede constitucional es una consecuencia necesaria y directa del auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, lo que se traduce en que la parte quejosa combate un acto derivado de otro consentido, por lo que procede decretar el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Resulta idónea al presente caso la tesis de Jurisprudencia por Contradicción número 10/2003, aprobada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la Materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administra justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del seis de diciembre de dos mil dieciséis.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Juez Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Téngasele ofreciendo como prueba la documental que allegó, consistente en copia certificada del juicio ordinario civil, número ***, la que de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se admite y se tiene por desahogada dada su naturaleza. Para mejor manejo del expediente, fórmese un tomo de pruebas. Ahora bien, de las constancias enviadas por la responsable a las que se otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo previsto en los artículos 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, destacan los siguientes antecedentes: I. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciséis, Eulalia Vargas Barrera demandó en la vía ordinaria civil a ***********, diversas prestaciones, demanda que fue turnada al Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, la cual fue admitida por auto de dieciséis de junio siguiente, ordenando el emplazamiento de la demanda (f. 1 a 25 tomo de pruebas). II. Una vez emplazada la demandada ***********, el catorce de julio del año en curso, contestó la demanda, oponiendo las excepciones y defensas que consideró pertinentes (f. 41 a 45). III. Seguida la secuela procesal, por escrito de veintinueve de agosto pasado, la ahora tercera interesada ***********, ofreció entre otras probanzas la inspección judicial respecto al bien inmueble ubicado en calle Praderas de la Arboleda sin número, junto al número cuatrocientos cuatro, puerta y zaguán café, pertenecientes al ejido Santa María Antillón, segregación de San Miguel Octopan, del municipio de Celaya, Guanajuato. (f. 89 ibídem) IV. Así, por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se admitió dicho medio de prueba, para lo cual se fijaron las diez horas con treinta minutos del tres de octubre siguiente para su desahogo (f. 90 y 91 ibídem). V. El tres de octubre del año en curso, el juez del conocimiento fijó nueva fecha para el desahogo de la inspección judicial, señalando las diez horas con treinta minutos del siete de los corrientes, en virtud de existir una imposibilidad del actuario de realizarla. (f. 145 ibídem). Determinación que constituye el acto reclamado. En ese sentido, resulta necesario destacar que el auto en donde se admitió la prueba de inspección fue de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se le notificó por medio de lista a las partes el uno de septiembre siguiente (f. 91 ibídem). Además, se advierte de las actuaciones de origen que la ahora quejosa no se inconformó con la publicación que se le hizo por medio de lista del acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, en que se admitió la prueba de referencia, es decir, no promovió el incidente de nulidad de notificación establecido en el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, lo anterior es así, toda vez que la siguiente promoción que realizó la promovente del amparo fue el ofrecimiento de la confesional a cargo de su contraria; por tanto, se llega a la conclusión que no se inconformó con la referida notificación, consintiendo con ello el auto citado (f. 100 ibídem). Ahora bien, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número 17, visible en la página 12, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, bajo el rubro "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". Ciertamente, la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Mientras que el ordinal 217 del mismo Cuerpo Normativo, en la parte conducente, establece: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. [.]" Al respecto se invoca también, la tesis con número de registro 232011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor literal siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". Del criterio transcrito se destaca que para considerar un acto derivado de otro consentido se requiere: La existencia de un acto anterior consentido; y La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Luego, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, así como de los criterios antes citados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Por tanto, si la admisión de la prueba de inspección judicial se realizó el treinta y uno de agosto del año en curso, y al no haber impugnado ésta determinación, la cual le fue notificada por medio de lista el uno de septiembre siguiente, misma que se advierte que tampoco se inconformó la quejosa con el medio ordinario correspondiente (incidente de nulidad de notificación), resulta inconcuso que la quejosa al promover el juicio de amparo contra el proveído de tres de octubre de dos mil dieciséis, por el que se fijó nueva fecha para el desahogo de dicha probanza, resulta claro que el acto reclamado en esta instancia constitucional no es más que una consecuencia derivada de aquel que se consintió, operando por tanto, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia número 17, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anteriormente transcrita. Por identidad de razón jurídica es aplicable al presente asunto la tesis III.1o.A.11 K, localizable en la página 582, Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, del rubro siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA." Por tanto, es incuestionable que el acto reclamado en esta sede constitucional es una consecuencia necesaria y directa del auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, lo que se traduce en que la parte quejosa combate un acto derivado de otro consentido, por lo que procede decretar el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Resulta idónea al presente caso la tesis de Jurisprudencia por Contradicción número 10/2003, aprobada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la Materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administra justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del seis de diciembre de dos mil dieciséis.
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