María Guadalupe Cabrera Rodríguez
Expediente 917/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Guadalupe Cabrera Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
SE RECIBE TESTIMONIO Y SE ACUSA RECIBO. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja administrativo 359/2023 y el original del juicio de amparo 917/2023-V. Acúsese recibo. De la resolución señalada, la superioridad resolvió: [.] PRIMERO. Es fundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el acuerdo pronunciado el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo 917/2023-V, que desechó la demanda promovida por ********************, contra el acto y las autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución, para los efectos precisados en la parte final del considerando cuarto de la misma. [.] Se admite a trámite la demanda promovida por ********************, contra los actos que reclama de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, ambas con residencia en Guanajuato capital y Director del Hospital General de León, Guanajuato. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Atento a la obligación que prevé el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la lectura íntegra de la demanda permite advertir que el peticionario reclama: - La abstención de garantizarle el derecho a la salud al más alto grado, específicamente en atender su padecimiento y realizarle las hemodiálisis necesarias para garantizar su salud al nivel más alto. SE CONCEDE SUSPENSIÓN DE PLANO. Atento a la naturaleza del reclamo planteado por la peticionaria se estima que el caso se ubica en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo, tratándose de actos que ponen en peligro la salud de la quejosa, lo cual, desde luego, compromete gravemente su dignidad e integridad personal. En razón de ello, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que dentro de un plazo de veinticuatro horas, se proporcionen a la quejosa ********************, la atención medica que requiere respecto a su padecimiento que le aqueja, es decir, "insuficiencia renal crónica", y le realicen las hemodiálisis que requiere. Lo anterior, con independencia de que no se trate de los supuestos taxativamente precisados en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues dicho precepto no debe entenderse de forma limitativa, sino enunciativa, esto es, que las hipótesis que pueden presentarse para el otorgamiento de la suspensión de plano no son únicamente las establecidas en dicha norma, sino también en otros supuestos, como lo es cuando se trata del derecho a la salud, relacionando para ello el artículo 22 con el diverso 4o., ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar algún eventual riesgo que pudiera significar un daño o deterioro irreparable a ese derecho fundamental. Determinación que encuentra apoyo en las siguientes consideraciones. El derecho a la salud está reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 378/2014, en sesión de quince de octubre de dos mil catorce, señaló que el derecho a la salud previsto en el artículo 4º de la Constitución General de la República, puede entenderse como la obligación del Estado, de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, encaminados a la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad fisicopsicológica. En esa lógica, se trata de un derecho complejo, que despliega una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado; luego, la protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas sanitarios asistenciales, es una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del Estado del bienestar. Así, acotó la Segunda Sala, la salud es una meta prioritaria en sí misma y, a su vez, es el pilar estratégico para que existan otras prerrogativas, ya que las posibilidades de que sean capaces los individuos para desplegarlas como tales, dependen de los logros en salud, en tanto un estado de bienestar general resulta indispensable para poder ejercer el resto de los derechos humanos que tutela la Constitución Federal, y en consecuencia, para poder llevar una vida digna. De ahí que el derecho a la salud, constituye un presupuesto para el desarrollo y no una mera consecuencia del mismo y, por ende, la realización del derecho humano a la salud aparece crecientemente como una regla esencial para saber si realmente hay progreso en un Estado y, al mismo tiempo, como un medio decisivo para obtenerlo. Asimismo, señaló la Segunda Sala, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho humano al disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental, el cual impone obligaciones positivas a los Estados parte, de las que se destacan, las medidas necesarias para la reducción de la mortalidad, el tratamiento de las enfermedades y, especialmente, la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Respecto de la última obligación en comento, el precepto internacional no establece expresamente qué tipo de condiciones de asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad, se encuentran obligados a establecer los Estados contratantes. Empero, precisó la Segunda Sala, un primer acercamiento a la extensión de la obligación de salvaguardar el derecho al disfrute del más alto nivel posible a la salud, en su vertiente de tratamiento de enfermedades y condiciones de asistencia y servicios médicos, puede colegirse del artículo 2 de la propia Convención, de la que se advierte que el Estado Mexicano se encuentra obligado a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos humanos reconocidos en la convención. Asimismo, sobre las obligaciones en comento, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió la "Observación General Número 3", en la que se sostuvo, sustancialmente, que estas se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad, que refleje las realidades del mundo real y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, corresponde a cada Estado parte, una obligación mínima de asegurar por lo menos, la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos contenidos en el pacto. Esto es, las obligaciones convencionales requieren de un estándar mínimo de cumplimiento; pero no se agotan ahí, sino que resulta menester, que al mismo tiempo el Estado se encuentre realizando todas las medidas necesarias para asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud del derecho consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se impone al Estado Mexicano, por una parte, una obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho al nivel más alto posible de salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio hasta el máximo de los recursos que disponga. Así, de conformidad con el documento denominado "Evaluación de la Obligación de Adoptar Medidas hasta el 'Máximo de los Recursos de que Disponga' de Conformidad con un Protocolo Facultativo del Pacto", elaborado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando el Estado contratante, aduciendo una falta de recursos, incumpla con la plena realización del derecho al nivel más alto posible de salud, o bien, no asegure los niveles esenciales del mismo, corresponderá a este no solo comprobar dicha situación, sino además debe acreditar que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición, habida cuenta que en el uso de su arbitrio para el desarrollo de las políticas públicas, y para las decisiones atinentes a la distribución o redistribución de recursos, debe tomar en cuenta a los grupos vulnerables, así como a las situaciones de riesgo, en el entendido que se encuentra proscrito que incurra en decisiones que resulten arbitrarias o discriminatorias. Por tanto, concluyó, el derecho al nivel más alto posible de salud, debe entenderse como: un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar un estado de bienestar general, que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. En el entendido que existen elementos esenciales que informan el desarrollo del derecho humano a la salud, a saber, la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Ello implica, entre otras cuestiones, que el Estado Mexicano: Cuente con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, cuya naturaleza dependerá particularmente de su nivel de desarrollo; Que tales establecimientos estén al alcance de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, y; Que además de resultar aceptables, desde el punto de vista cultural deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Así, la "lucha contra las enfermedades" tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, en tanto que "la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad", no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Por ello, la obligación de "cumplir", requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho a la salud. Reiterándose que si el Estado Mexicano aduce que la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento de las obligaciones que ha contraído en virtud del pacto, tendrá que justificar no sólo ese hecho, sino que ha realizado todo lo posible por utilizar al máximo los recursos de que dispone para satisfacer el derecho a la salud. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. En la inteligencia de que, a fin de tener la certeza de que se satisfacen tales efectos en los términos antes señalados, las autoridades responsables deberá rendir a este Juzgado de Distrito, dentro del término máximo de VEINTICUATRO HORAS siguientes a la notificación de esta resolución, un informe de las medidas que hayan tomado en torno a la suspensión de plano aquí decretada, anexando de manera completa y legible las constancias que demuestren el cumplimiento dado a la presente medida cautelar. Apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115, 117 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro de un plazo de quince días rindan su informe con justificación, en el cual expongan las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados. A dicho informe deberán anexar copia certificada completa, legible y cronológicamente ordenada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Se les apercibe de que si no rinden el informe justificado, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad siempre y cuando tales actos no sean en sí mismos violatorios de derechos humanos o de las garantías a las que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. Además se les apercibe que si no rinden el informe con justificación o lo hacen sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde y córrasele traslado con copia simple de la demanda de amparo. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Tomando en consideración lo acordado en el cuadernillo de varios correspondiente a la mesa V, se le tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita señalando como dirección electrónica para recibir notificaciones el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, cuenta a nombre de usuario "PAMELASANCHEZ", así como la autorización para que realice la consulta del expediente electrónico y envío de promociones en dicho portal. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. DÍAS Y HORAS INHÁBILES Y DOMICILIO DIVERSO. Con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las diligencias que se ordenan. Además, se hace del conocimiento de los actuarios adscritos, que para el caso de que al momento de la diligencia se enteren de un domicilio diverso donde puedan ser emplazadas las personas buscadas, se constituyan en el lugar que se les informe y lleven a cabo lo encomendado, sin necesidad de previo acuerdo. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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OFICIO REVISIÓN
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Visto el escrito del autorizado de la quejosa, se le tiene por interpuesto recurso de queja en contra del auto que desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; por tanto, una vez que se notifique este auto, remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, para que lo turne al Órgano Colegiado que corresponda, las siguientes constancias: Informe sobre la materia de la queja; Original del escrito de agravios relacionados con el recurso de queja interpuesto; y, Expediente principal 917/2023-V.
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QUEJOSO CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa, téngasele cumpliendo con el requerimiento formulado en el auto de veintitrés de agosto de este año; se acuerda: DESECHAMIENTO. Con fundamento en el dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la citada Ley, ya que con ella se evita que se pronuncien sentencias que puedan ser contradictorias y una repetición inútil de la actividad pública. La citada causa de improcedencia no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, es decir, que el juicio anterior cuente con sentencia firme, con calidad de cosa juzgada. En el caso, la demanda de amparo es promovida en contra de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato; Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, ambas con residencia en Guanajuato capital; Director del Hospital General de León, Guanajuato; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Salud del Gobierno Federal y Consejo General de Salud, estos últimos con residencia en la Ciudad, a quien se le reclama: La orden de las responsables para suspender las terapias de hemodiálisis que ya estaba recibiendo. Ahora bien, en términos de la tesis XXII. J/12, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, Materia Común, página 295, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN", se invoca como hecho notorio, que de las constancias que integran el juicio de amparo 250/2023-III, del índice de este juzgado, se aprecia que se formó con motivo de la demanda promovida por la quejosa, contra las mismas autoridades, de quien señaló como acto reclamado, en esencia: La omisión de brindar a la quejosa la atención médica integral para el tratamiento de la enfermedad renal crónica; en específico, la falta de suministro gratuito e inmediato del tratamiento que requiere para su enfermedad, consistente en sesiones de hemodiálisis; y La exclusión de la enfermedad que padece la quejosa de la "Lista Actualizada de las Enfermedades Que Ocasionan Gastos Catastróficos", así como de su tratamiento del "Compendio Nacional de Insumos para la Salud". Asimismo, se pone del conocimiento que en el incidente de suspensión del que deriva dicho juicio de amparo, se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa para el efecto de que: "De inmediato, las autoridades responsables, ordenen a quien corresponda, le proporcionen a la persona quejosa María Guadalupe Cabrera Rodríguez, la atención médica integral para el tratamiento de la enfermedad renal crónica que refiere padecer en su demanda de amparo; y Continúen proporcionándole los medicamentos y terapias (hemodiálisis) o estudios que, para el tratamiento de dicho padecimiento, prescriba su médico tratante, en los términos y por la temporalidad que dicho galeno determine." Asimismo, el nueve de marzo de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión definitiva, reiterando los efectos concedidos, ello en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que derivó la incidencia. Posteriormente, el treinta de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio, en virtud de que los actos reclamados no son ciertos, respecto a la omisión de brindar atención médica a la quejosa, reclamada a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y Director del Hospital General de León, Guanajuato, toda vez que quien le dio la atención médica a la quejosa fue el Hospital General de Silao, Guanajuato y no el nosocomio que refiere como autoridad en su escrito de amparo, lo cual se tuvo por demostrado con las constancias aportadas. Dicha sentencia quedó firme ante el desechamiento del recurso de revisión decretado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito, dentro del expediente 394/2023, el nueve de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, al quedar firma el sobreseimiento decretado, la suspensión definitiva dejó de surtir efectos, y de ello deriva la suspensión de las terapias de hemodiálisis, de la que ahora se duele la quejosa. Ello es así, pues únicamente en cumplimiento a la suspensión provisional y definitiva concedida por este juzgado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 250/2023, es que las responsables Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y Director del Hospital General de León, Guanajuato, otorgaron las terapias de hemodiálisis a la quejosa en el periodo que menciona, es decir, del veintinueve de marzo al catorce de agosto de este año. Por lo que, aun y cuando en ambos juicios de amparo (250/2023 y 917/2023), la quejosa estima que los actos reclamados son distintos (omisión de atención médica y suspensión de sesiones de terapias de hemodiálisis), sustancialmente se duele de lo mismo, lo que actualiza la causa de improcedencia citada. Por lo expuesto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida. Notifíquese personalmente.
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