María Guadalupe Bonilla Parra

Expediente 1195/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1195/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • María Guadalupe Bonilla Parra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por medio del cual, la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, acusa recibo e informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. En otro aspecto, se ordena a la analista jurídico SISE habilitar los permisos correspondientes del expediente electrónico en que se actúa a efecto de que sea vinculado el amparo en revisión 157/2023 del control del colegiado oficiante. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las doce horas con cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con la Secretaria de acuerdos, Lizeth Ortiz Segura, procede a celebrar la audiencia constitucional de este juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, la Secretaria hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo promovida por ********************; (ii) auto preventivo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós; (iii) auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, donde se admitió a trámite la demanda de amparo; y (iv) auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por inexistente a la autoridad que la quejosa denominó como "Director de la Institución del Banco Banamex, sucursal 913, Plaza del Valle, Oaxaca"; y, (v) informe justificado rendido por los directores contenciosos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C" en representación del Presidente de la Comisión Nacional Bancaría y de Valores. Acto seguido, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias y toda vez que no existen actuaciones pendientes de desahogar, se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta fase la Secretaria hace constar las documentales ofrecidas por la parte quejosa. El Juez acuerda: Ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas antes relacionadas, con la precisión que tales medios de convicción se reciben y se desahogan en razón de su propia naturaleza, conforme a lo dispuesto por los numerales 123 y 124 de la Ley de Amparo; por lo que al no existir más medios probatorios que relacionar se cierra este período para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Toda vez que las partes no ejercieron su derecho a alegar, se cierra dicho período; luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se dicta la siguiente:S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1195/2022, promovido por ********************. ANTECEDENTES La parte quejosa reclama de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la orden de suspensión de recursos o embargo de la cuenta bancaria 002614904617784791 y su ejecución por parte del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima integrante de Grupo Financiero Banamex. Por lo que ante tales actuaciones que la parte quejosa estima violatorias de su esfera jurídica es que acude a esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, presentó un escrito el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, y por auto de diecinueve siguiente se radicó la demanda de amparo donde quedó registrada con el número 1195/2022 ordenándose prevenir en virtud de inconsistencias en su contenido. Posteriormente, una vez subsanada la prevención indicada, por auto de tres de noviembre de dos mil veintidós se admitió a trámite, solicitando el informe justificado a las autoridades responsables y dando vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra de actos en materia administrativa, los cuales, a decir de la quejosa, tienen ejecución dentro de la demarcación territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. IV. INEXISTENCIA DE UNA AUTORIDAD. En virtud que por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós se tuvo como inexistente a la autoridad denominada como "Director de la Institución del Banco Banamex, sucursal 913, Plaza del Valle, Oaxaca" y se ordenó cesar toda comunicación con ella, en la presente resolución no se hará mención de la misma. V. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo se tiene como actos reclamados: Como autoridad ordenadora: Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La orden de suspensión de recursos o embargo de la cuenta bancaria 002614904617784791. Como ejecutora: Banco Nacional de México, Sociedad Anónima integrante de Grupo Financiero Banamex. El embargo material de la cuenta bancaria 002614904617784791 y la ejecución a la privación del derecho a disponer de sus bienes y recursos contenidos en la citada cuenta. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. VI. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores al rendir su informe justificado negó la existencia de la orden de suspensión de recursos o embargo de la cuenta bancaria 002614904617784791, así como la omisión de emplazar a la quejosa a algún procedimiento instaurado en su contra del que derive la suspensión o embargo de dicha cuenta, en virtud que manifiesta que en el reglamento interior de la institución no contiene la obligación de substanciar procedimiento cuyo propósito sea el aseguramiento de cuentas en las instituciones del sistema financiero mexicano. Por lo que, ante la inexistencia de los actos reclamados y al no existir elemento de prueba que desvirtúe lo expuesto, cobra firmeza el contenido del referido informe justificado; por consiguiente, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa, pues no ofreció en este juicio prueba alguna con ese propósito. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados.". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, visible en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsable niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Sin que pase inadvertido que junto con su demanda, la quejosa exhibió las documentales siguientes: Impresión del estado de cuenta bancario 002614904617784791 al catorce de septiembre de dos mil veintidós. Copia certificada de la Resolución para el Otorgamiento de Pensión de Cesantía en Edad Avanzada, de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve con número de folio 1567533990527333217843. Copia certificada de la Solicitud de Acreditamiento en Cuenta Bancaria en Moneda Nacional de tres de septiembre de dos mil diecinueve a nombre de ********************. Lo anterior, porque las mismas solamente acreditan que es titular de la cuenta bancaria 002614904617784791, en la institución y el estado de dicha cuenta hasta el catorce de septiembre de dos mil veintidós, en la que incluso se advierten depósitos por concepto abono de nómina 8100141999 IMSS. También acredita que es beneficiaria de una pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que solicitó que el monto de la misma le fuera depositado en la cuenta bancaria 002614904617784791, del Grupo Financiero Banamex. Sin embargo, de ninguna de dichas documentales se advierte que la cuenta bancaria se encuentre suspendida, bloqueada o embargada y mucho menos que esa orden la diera alguna de las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ser ejecutada por el Grupo Financiero Banamex. Por su parte, el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima integrante de Grupo Financiero Banamex, no rindió su informe justificado a pesar de haber quedado debidamente notificado del auto por el cual se le solicitó el mismo, así como de los proveídos de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós y dieciséis de enero de este año, en los cuales se le solicitan constancias en relación al acto que se le atribuye, por lo que debería de presumirse cierto el acto de ejecución que se le reclama; sin embargo, tomando en consideración que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, negó la existencia de la orden de suspensión de recursos o embargo de la cuenta bancaria 002614904617784791 de la quejosa, es evidente que al no existir esa determinación, menos puede tratar de ejecutarse, por lo que igualmente debe decretarse el sobreseimiento respecto de dicha responsable y del acto de ejecución que se le atribuye. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial sustentada por el Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 91-96, sexta parte, página 286, séptima época, con número de registro digital 253622 de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución.". Máxime, que la parte quejosa no aportó ningún medio de prueba mediante el cual compruebe que en efecto la cuenta bancaria que ostenta como titular se encuentra embargada, y únicamente fundado el acto reclamado en meras suposiciones, aunado a que, como se dijo en párrafos precedentes, las documentales que allegó a este juicio no son idóneas para desvirtuar la inexistencia del acto reclamado. VII. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, este Juzgado determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de las determinaciones reclamadas, respecto de las cuales se ha decretado el sobreseimiento. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por las consideraciones expuestas en el considerando VII de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Banco Nacional de México, Sociedad Anónima integrante de Grupo Financiero Banamex, no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, ni rindió su informe justificado. En consecuencia, con fundamento en lo estatuido por los artículos 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al primer ordenamiento, requiérase por ultima vez al Banco Nacional de México, Sociedad Anónima integrante de Grupo Financiero Banamex, para que en el plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en el que reciba la comunicación que derive de este proveído, remita las copias certificadas, ordenadas, completas y legibles de todas las constancias que tengan relación con el acto reclamado. Apercibida que de no hacerlo se impondrá en su contra una multa por cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, según lo previsto por el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, con número de registro digital 199454, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En consecuencia, para dar margen a lo anterior lo procedente es diferir la audiencia constitucional prevista para este día y en su lugar señalar las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Banco Nacional de México, Sociedad Anónima integrante de Grupo Financiero Banamex, no ha rendido su informe justificado a pesar de haber quedado debidamente notificada del oficio mediante la cual se le requirió el mismo. En consecuencia, con fundamento en lo estatuido por los artículos 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al primer ordenamiento, requiérase al Banco Nacional de México, Sociedad Anónima integrante de Grupo Financiero Banamex, para que en el plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en el que reciba la comunicación que derive de este proveído, remita las copias certificadas, ordenadas, completas y legibles de todas las constancias que tengan relación con el acto reclamado. Apercibida que de no hacerlo se impondrá en su contra una multa por cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, según lo previsto por el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, con número de registro digital 199454, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En consecuencia, para dar margen a lo anterior lo procedente es diferir la audiencia constitucional prevista para este día y en su lugar señalar las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

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