María Guadalupe Bedoy Prieto

Expediente 839/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
839/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe Bedoy Prieto
  • María Guadalupe Bedoy Prieto y Otros.
  • Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Ahora bien, no es óbice para lo anterior, que en autos no obre la pieza postal que ampara el oficio dirigido a la autoridad responsable, Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual se les remitió copia autorizada del fallo que resolvió el presente asunto, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo de la Ley de Amparo, el sentido del fallo no afecta directamente el acto que de ella se reclama. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexos que remite el Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, agréguense a sus autos únicamente para que obren como legalmente corresponda, en virtud de que mediante resolución de veintitrés de febrero del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Visto para resolver el Juicio de Amparo 839/2021-IV, promovido por María Guadalupe Bedoy Prieto, contra actos del Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad y otra autoridad; y, R e s u l t a n d o : Primero. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, MAría Guadalupe Bedoy Prieto, promovió demanda de amparo indirecto por violación al artículo 17 de la Constitución General de la República, contra las autoridades, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, por el acto que a continuación se transcribe: "4.- ACTOS RECLAMADOS: Lo constituye la OMISION en que han incurrido las Autoridades Responsables al darle seguimiento para que se lleve a cabo la RENDICIÓN DEL PERITAJE MÉDICO, por conducto de la SECRETARIA AUXILIAR DE PERITAJES Y DILIGENCIAS DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con sede en la ciudad de. México, señalando como responsable al DR. AURELIO RAYA ABAZ, perito designado por la hoy demandada, dentro de los plazos y términos que establece la propia Ley Federal de Trabajo, en el juicio laboral seguido en contra del hoy tercero interesado que lo es el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ventilado ante la responsable bajo el expediente 190/2017. Y se reclama lo siguiente: De los integrantes de la JUNTA ESPECIAL NUMERO 55 DE CONCILIACIÓNY ARBITRAJE, con sede en esta ciudad, reclamo la DENEGATORIA DE JUSTICIA dentro de los autos del juicio laboral 190/2017 ya que se ha tardado más de tres meses en diligenciar y en resolver lo referente a la Rendición del Peritaje Médico, como prueba ofrecida por la parte actora, habiéndose remitido los estudios solicitados por el perito médico, mediante oficio J.E.55/1726/2021 con fecha cinco de julio del dos mil veintiuno a la SECRETARIA AUXILIAR DE PERITAJES Y DILIGENCIAS DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, con sede en la ciudad de México para su diligencia y rendición de peritaje, lo cual ha retrasado en mi perjuicio que se administre justicia de una forma pronta imparcial y gratuita. De los integrantes de la SECRETARIA AUXILIAR DE PERITAJES V DILIGENCIAS DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, con sede en la ciudad de México, reclamo la DENEGATORIA DE JUSTICIA dentro de los autos del juicio laboral 190/2017 ya que se ha tardado más de tres meses en dar cabal cumplimiento, respecto a la rendición de peritaje por parte del DR. AURELIO RAYA ABAZ, dependiente de la citada Secretaría y solicitado administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita, mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley, siendo este un derecho sustantivo el cual se ve afectado de modo directo e inmediato. Pero, además, de conformidad con el principio hermenéutico pro homine establecido en el artículo 1 ° de la Constitución Federal, en cuya virtud acudirse a la interpelación más extensiva cuando se trata de fijar los alcances de los derechos humanos y sus garantías, de ahí que los actos de imposible reparación abarquen a los actos intraprocesales que afectan derechos adjetivos, resultando aplicable la tesis con registro 2013005 y rubro CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES EN EL AMPARO INDIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La cual por analogía e interpretada en sentido contrario determina como una violación al derecho de acceso a la justicia pronta expedita establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en concordancia con los artículos 885 a 887, 889 y 890 de la Ley Federal. del Trabajo la falta de pronunciamiento del laudo en los plazos establecidos en dichos preceptos de la ley obrera, por existir imposibilidad material de retrotraer el tiempo transcurrido y reponer el derecho violado por lo material de retrotraer el tiempo transcurrido y reponer el derecho violado por lo tanto dicha violación debe ser materia de estudio en el juicio de amparo indirecto y no debiendo importar si la violación tiene mucho o poco tiempo ocurriendo. La DENEGATORIA DE JUSTICIA, por pate de la autoridad responsable viola derechos fundamentales del gobernado o justiciable, reconocidos en el artículo 17 Constitucional. En efecto, en virtud de la prohibición al gobernado respecto de la auto-tutela de sus derechos, el Estado se encuentra obligado a administrar justicia PRONTA completa e imparcial y de manera gratuita. Así mismo nos encontramos ante una paralización manifiesta del procedimiento consistente en una violación del mismo, por lo que nos encontramos en la hipótesis de excepción de la última parte de la tesis Registro 2011580 rubro AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE El INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN El JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISION DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON El JUICIO, Al TRATARSE DE UNA VIOLACION INTRAPROSECAL QUE NO AFECTADERECHOS SUSTANTIVOS. La que permite que el Juez de amparo pueda considerar la mencionada violación procesal alegada en el presente juicio pueda considerar la mencionada violación procesal alegada en el presente juicio si sea materia de amparo, lo que acontece en la especie al ser la única actuación de las responsables necesaria para que el juicio termine, ya que la omisión de la que se duele la aquí recurrente es la de diligenciar y devolver el desahogo de la Inspección Ocular ofrecida dentro del escrito de pruebas de la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social dentro del juicio natural en los términos señalados lo que se traduce en una paralización del proceso, así mismo la tesis con Registro 2013301 y rubro DILACION PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACION DEL PROCEDIMIENTO "O "PARALIZACION · TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCION A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 107, FRACCION V, DE LA LEY DE LA MATERIAS la que señala que deben analizarse la dilación procesal considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional. Además, la actuación de la Responsable me impide el goce a un procedimiento que en términos de la ley de manera efectiva, sencilla y económica constituya un verdadero recurso mediante oficio número J.E.55/1726/2021, enviado el día cinco de julio del dos mil veintiuno por la JUNTA ESPECIAL NUMERO CINCUENTA Y CINCO, DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓNY ARBITRAJE, con sede en esta ciudad Juárez, Chihuahua, dentro de los autos del juicio laboral 190/2017 lo cual ha retrasado en mi perjuicio que se administre justicia de una forma pronta imparcial y gratuita Segundo. Por auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de que se trata, la que fue registrada como juicio de amparo 839/2021-IV; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, se inició al tenor del acta que antecede, por lo que, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados, al ser omisiones, carecen de ejecución, por lo que la competencia, en términos del artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, recae en la autoridad ante quien se haya presentado la demanda, que en el caso lo es el suscrito, por razón de turno. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son: De la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: -La omisión de diligenciar y en resolver lo referente a la Rendición del Peritaje Médico, como prueba ofrecida por la parte actora, habiéndose remitido los estudios solicitados por el perito médico, mediante oficio J.E.55/1726/2021 con fecha cinco de julio del dos mil veintiuno De la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México: -La omisión de enviar a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el dictamen en materia de medicina legal ofertado como prueba por la parte actora, aquí quejoso, dentro del juicio laboral 190/2017. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades, Presidente de la Junta Especial de Conciliación Arbitraje Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en la Ciudad de México, pues así lo aseveraron al momento de rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con la copia certificada del expediente 190/2017, remitida por la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con asiento en esta ciudad de Chihuahua; al que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria conforme a lo establecido en el numeral 2°, de la Ley de Amparo, de donde se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintinueve de octubre de dos mil veintiuno-, si bien, no se había desahogado la pericial ofertada por la parte actora en dicho juicio, ello deriva de que la ahora quejosa ha sido omisa en cumplir con el requerimiento de exhibir la interconsulta a ortopedia que le fuera requerido por el perito tercero en discordia desde el día trece de mayo de dos mil veintiuno, por ende, la omisión acontecida en el juicio de origen no es imputable a las autoridades responsables, sino a la propia quejosa. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa quejoso no aportó prueba que desvirtuara tal negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a la omisión de acordar la promoción presentada el trece de mayo de dos mil veintiuno, por la parte actora aquí quejosa. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Previo al estudio de fondo del asunto deben analizarse las causales de improcedencia, pues por ser una cuestión de orden público merecen estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu; toda vez que a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no le asiste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, como se verá más adelante. Artículos que disponen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos trascritos se evidencia que la procedencia del juicio de amparo está supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o convenciones reclamados provengan de autoridad, entendiéndose como tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias, que con base en disposiciones legales o de hecho pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. Así, de una interpretación del artículo 5°, fracción II, de la citada legislación, se desprende que, para efectos del juicio de amparo, la autoridad a quien se le imputa un acto reclamado es aquella de la que emana directamente, lo ejecuta o trata de ejecutar. Esto es, la autoridad responsable es la parte contra la cual se demanda la protección de la Justicia Federal, el órgano del estado de quien proviene el acto reclamado, entendiéndose esto como la actividad u omisión realizada por la autoridad y revestida con las características inherentes a su estatus público, a saber, unilateralidad, imperatividad y coercitividad, de modo que el acto que reclame el gobernado no requiere de su colaboración ni depende de su voluntad, pero sí se encuentra obligado a respetarlo. Por ello, sólo podrá ser considerada legalmente autoridad la que actúa con imperio, cuyo acto satisfaga las características de unilateralidad e imperatividad, en una relación de supra a subordinación, es decir, en el momento que el ente público actúa con poder para imponer su decisión con o sin voluntad del gobernado. Cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado lo que se debe considerar por autoridad para los efectos del amparo, concluyendo que tiene tal carácter el ente que, con fundamento en una norma legal, a través de un acto unilateral, extingue una situación jurídica que atenta la esfera legal del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni obtener el consenso del afectado. Como se ve, tal concepto sigue conservando como características del acto de autoridad el de unilateralidad e imperatividad, ya que se emite sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni obtener el consenso del afectado, al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad, lo que de alguna manera se reconoce la relación de supra a subordinación. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, registro digital 199459, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En ese contexto, del contenido del artículo 28, fracciones VII y XVII, del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierten, entre otras cosas, las funciones que le asisten a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, respecto del auxilio a diversas autoridades laborales, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 28. Corresponde a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias: [.] VII. Organizar y evaluar el proceso para la atención de los requerimientos de las o los peritos de parte actora o tercero en discordia en materias distintas a la especialidad en medicina del trabajo, que le formulen las Juntas Especiales, otras unidades jurídicas o administrativas de la Junta; [.] XVII. Apoyar en la tramitación y desahogo de los exhortos que se reciban de las Juntas Especiales con residencia en las entidades federativas, así como los del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; [.]." Así, en el caso, no se advierte que la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, esté investida con facultad o poder de decisión o ejecución, toda vez que a dicha Secretaría únicamente le concierne colaborar con la diversa Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para realizar las gestiones necesarias a efecto de que el perito médico designado rinda el dictamen en materia de medicina legal, ofertado por la parte actora, aquí quejosa, como medio de convicción de su parte. De ahí que únicamente le concierne auxiliar en la tramitación y desahogo de los exhortos remitidos por dicha Junta Especial de la Federal ante quien se lleva a cabo la substanciación del juicio laboral 190/2017, siendo ésta a quien le corresponde vigilar que las controversias puestas a su disposición no permanezcan inmóviles y se tramiten con la mayor celeridad posible. En virtud de lo anterior, la omisión atribuida a la Secretaría, ahora señalada como responsable, no constituye un hecho propio de autoridad para los efectos del juicio de amparo; ello, en razón de que conforme a los preceptos citados con anterioridad, únicamente actúa en auxilio de las juntas laborales. De ahí que opere la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al haber operado la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, atendiendo al sentido del fallo no se analizan los conceptos de violación, debido a los efectos jurídicos que provoca el sobreseimiento. Resulta aplicable, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis consultable en la página 93, Volumen 86, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Séptima Época, (registro: 254008), de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Guadalupe Bedoy Prieto, contra las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos señalados en los considerandos tercero y cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene a la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la localidad, dando cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, mediante auto de ocho de febrero del presente año. Asimismo, téngasele remitiendo copia certificada del auto de diez de febrero del año en curso, dictado dentro del expediente laboral ********************de su índice. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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