María Guadalupe Barrón Rodríguez

Expediente 490/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
490/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • María Guadalupe Barrón Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta, se observa que feneció el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de seis de noviembre de dos mil veinte, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por María Guadalupe Barrón Rodríguez. Con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. En relación con lo anterior, acuérdese lo relativo en los autos del incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Incidental

    Visto el estado de autos, toda vez que se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo de donde derivan los presentes cuadernos incidentales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva respecto al acto reclamado; en términos de lo que dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del presente año en el Diario Oficial de la Federación, se establece: a) Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse. Terminado el proceso de depuración se deberá transferir a la Dirección General de Archivo y Documentación. b) Con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión del presente acuerdo, previa acta correspondiente.

  3. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Agente el Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos, con sede en Celaya, Guanajuato; en atención a su contenido, se reserva proveer lo conducente, en virtud de que en proveído de seis de los actuales, se ordenó la separación de los autos, a efecto de resolver los actos reclamados de manera autónoma; por tanto, una vez que este juzgado tenga conocimiento del nuevo turno que haya correspondido al asunto, se acordará lo que en derecho corresponda.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se observa que la quejosa señaló como acto reclamado la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Al respecto, en las constancias allegadas a esta instancia por la responsable ordenadora Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, se aprecia que existen dos órdenes de aprehensión en contra de María Guadalupe Barrón Rodríguez: 1.- La primera deriva de la causa penal 1P0619-689 del índice de la responsable, por el delito de robo calificado en agravio de Alicia Reyes Retana 2.- La segunda se dictó en la causa penal 1P0619-316, por los delitos de robo calificado y homicidio en grado de tentativa en agravio de Josué Galván García. La revisión de los registros de audio y video de las audiencias celebradas el treinta y uno de mayo (causa penal 1P0619-689) y el tres de abril de dos mil diecinueve (causa penal 1P0619-316), en las cuales se giraron las órdenes de aprehensión citadas, permite advertir que los actos reclamados emanan de asuntos que no guardan vinculación entre sí, dado que los hechos que originaron cada mandamiento de captura son distintos. En efecto, los hechos de la causa penal 1P0619-689, ocurrieron el siete de septiembre de dos mil dieciocho; mientras que los hechos de la diversa 1P0619-316 sucedieron el quince de noviembre de ese año. De ahí que es necesaria la separación de los actos reclamados, a efecto de que puedan ser estudiados de manera autónoma. En efecto, cuando se reclaman actos emanados de juicios diversos desvinculados entre sí, así como existe la figura de la acumulación de juicios, también existe aquella figura que tiene por objeto separarlos, la cual, si bien no se encuentra regulada de manera específica en la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia en torno al tema. Por tanto, si en el asunto que nos ocupa los actos emanan de diversas causas penales (1P0619-689 y 1P0619-316), es por lo que resulta necesario separar los actos reclamados para que sean analizados de manera autónoma, en atención a que en los procedimientos de donde derivan no se aprecia que tengan relación entre sí, y actuar de manera contraria se caería en el absurdo de que en un juicio de amparo se emprendiera el estudio de todos y cada uno de los asuntos de los cuales la quejosa fuera parte o en su defecto le surtiera algún interés. Consecuentemente, toda vez que se colman los extremos para separar los actos derivados la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, sepárense los actos reclamados en el presente juicio de amparo, relativos a los dos procedimientos de naturaleza penal, para que se conozca de ellos, en dos asuntos diversos. Resulta pertinente precisar que este órgano jurisdiccional se avocará única y exclusivamente por lo que ve al acto consistente en la orden de aprehensión emitida en la causa penal 1P0619-689, por el delito de robo calificado en agravio de Alicia Reyes Retana, del índice del Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Celaya. Por consiguiente, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, un juego en copia certificada de la totalidad de las constancias que obran en el presente juicio, para que el juzgado que por razón de turno corresponda, se avoque al conocimiento del acto restante, esto es, la orden de aprehensión en la causa penal 1P0619-316, por los delitos de robo calificado y homicidio en grado de tentativa en agravio de Josué Galván García. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y fórmense el cuaderno respectivo, para ser enviado. Sobreseimiento fuera de audiencia. Mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el quince de octubre de dos mil vente, la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, informó que se ejecutó la orden de aprehensión girada en contra de la quejosa María Guadalupe Barrón Rodríguez, dentro de la causa penal 1P0619-689, instruida por el delito de robo calificado cometido en agravio de Alicia Reyes Retana; asimismo, que se señalaron las once horas del quince de octubre de dos mil veinte, a efecto de llevar a cabo la audiencia inicial. Posteriormente, la autoridad judicial informó que dentro de la causa penal aludida se concedió prórroga de plazo constitucional solicitada por la defensa y señalaron las nueve horas con veinte minutos del veinte de octubre del actual, a efecto de reanudar la audiencia y resolver la situación jurídica de María Guadalupe Barrón Rodríguez; asimismo, que se decretó prisión preventiva oficiosa a la imputada. Por oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno de octubre del actual, la encargada de Sala de la sede Celaya del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, informó que en la continuación de la audiencia inicial de veinte de octubre actual, se dictó auto de no vinculación a proceso en favor de la quejosa, por lo que se giró boleta de libertad por los hechos materia del citado proceso penal. Con base en los hechos narrados en párrafos precedentes, se obtiene que, respecto al acto reclamado en esta instancia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De lo anterior se concluye que cambió la situación jurídica de la promovente del amparo. Tal aseveración tiene sustento, porque el propósito fundamental de un mandamiento de captura es: "Que el inculpado quede a disposición del juez que lo mandó aprehender y se le instruya el proceso correspondiente." Por ello, en vista de que el objetivo de la orden de aprehensión se satisface en el momento en que la inculpada queda a disposición del órgano jurisdiccional que la libró o del que radica la causa penal y de que los efectos legales de la orden fenecen en el momento en que el juzgador natural resuelve la situación jurídica de la indiciada puesto a su disposición, en el plazo constitucional de setenta y dos horas (que pueden duplicarse a petición), al dictarse el auto de vinculación o no vinculación a proceso opera el cambio de situación jurídica, por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas en el presente juicio. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior se resuelve así, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, ya que estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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