María Guadalupe Baltazar Méndez
Expediente 878/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 878/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raquel Jiménez Vega
- María Guadalupe Baltazar Méndez
Actuaciones
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio número 5763, signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad y anexos, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 878/2019 y un tomo de pruebas, e informa que que dentro de la improcedencia administrativa número 176/2019, de su índice, relativa al presente juicio de amparo, la parte recurrente María Guadalupe Baltazar Méndez y Raquel Jiménez Vega, no interpuso recurso de reclamación en contra del proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual la Presidencia de ese tribunal colegiado de circuito desechó por improcedente el recurso de revisión hecho valer por la referida; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, declaró firme dicha resolución; acúsese recibo y comuníquese a las partes dicha determinación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes y tomando en consideración que el mismo está integrado por copias de las principales constancias del juicio en que se actúa, de lo que se sigue que resulta innecesario que éstas se agreguen al presente expediente; por tanto, glósese únicamente al presente asunto, las constancias practicadas dentro de dicho cuaderno de antecedentes y no así las copias simples con las que se formó. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental, en consecuencia, hágase del conocimiento de la partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Finalmente, devuélvase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
Agréguese el oficio 5166, signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso 12577, con el que se remitió el original del juicio de amparo número 878/2019, así como el escrito original de agravios y copia simple del mismo, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer, por la parte quejosa contra el auto que desechó la demanda de amparo; informando además que se desechó por improcedente dicho medio de impugnación; lo anterior para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee: SE RECIBEN AUTOS. Téngase por recibido el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo directo laboral 367/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Baltazar Méndez y otra, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; consistente en el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, pronunciado en el juicio laboral 657/2016, que negó la admisión del incidente de nulidad de actuaciones que interpuso la parte actora. Toda vez, que declaró carecer de competencia legal para conocer de dicha demanda, ya que el acto reclamado no se trata de una sentencia definitiva que haya decidido el juicio en lo principal, como lo prevén los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 12, 37, 41, 45, 170, de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo que no encuadra en alguno de los supuestos en los que es procedente un juicio de amparo directo. Ante esa circunstancia, ordenó enviar la demanda en mención con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo correspondiente de acuerdo a sus atribuciones. Asimismo, téngase adjuntando la citada autoridad responsable, copias certificadas del juicio laboral número 657/2016. Fórmense por separado un cuaderno de prueba; con el expediente que fue enviado como complemento del informe justificado por la autoridad responsable; lo anterior, para tener un mejor manejo del expediente. AVOCAMIENTO. Con fundamento en los numerales 33, 35 y 45, del ordenamiento jurídico en consulta, este Juzgado Federal acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de mérito; acúsese recibo. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese expediente y regístrese bajo el progresivo 878/2019, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del escrito de demanda, así como del ocurso de cuenta, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172 fracción V, todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; [.]." De acuerdo con lo transcrito, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, se atiende a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la parte quejosa, la imposición de una multa, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En relación con el tópico en estudio, la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó y precisó los alcances de la disposición contenida en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, mismos que se encuentran en el 107, fracción V, de la vigente ley señalada e indicó que son actos de imposible reparación aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal a través de las garantías individuales. En el contexto expuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo procederá contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Por su parte, la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción V, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de "imposible reparación", entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto actual, aún señala que el amparo procede contra actos cuya ejecución es de imposible reparación, es decir, no hace una distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales. Sin embargo, la ley de la materia sí los distingue, pues señala que un acto de imposible reparación es aquel que afecta materialmente derechos sustantivos consagrados en Ley Suprema y los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte. En ese sentido, se concluye que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuando afectan derechos sustantivos exclusivamente, por lo que todos aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal deberán reclamarse en su momento y, en todo caso a través del amparo directo o del amparo adhesivo. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución interlocutoria dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 657/2016, que negó la admisión del incidente de nulidad de actuaciones que interpuso la parte actora. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable; en tanto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de los promoventes, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, para advertir que la parte quejosa se duele de la determinación de la responsable en la que negó la admisión del incidente de nulidad de actuaciones que interpuso la parte actora; por lo que, resulta indudable que se trata de un acto meramente intraprocesal. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; esto es, al resolverse en definitiva el juicio laboral 657/2016; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso al interés del aquí quejoso, de manera que mientras éste no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la promovente del amparo. Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación. Resulta aplicable la tesis I.4º.C. J/18, publicada en la página 732 Tomo V, segunda parte-2, enero a junio de 1990, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "VIOLACIONES PROCESALES RECLAMABLES EN AMPARO DIRECTO CONTRA ACTOS QUE PONEN FIN AL JUICIO. En el nuevo régimen constitucional y legal por el que se norma el juicio de garantías desde el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en el que son reclamables en el amparo directo, tanto la sentencia definitiva como las resoluciones que ponen fin al juicio, lo que puede dar lugar a que respecto de una misma controversia jurisdiccional se promuevan diversos juicios de amparo directo, debe hacerse una clara distinción de las violaciones de procedimientos que son reclamables en cada caso, para lo cual, el elemento determinante radica en la exigencia de que tales infracciones trasciendan al resultado del fallo. Así, cuando el acto reclamado sea la sentencia definitiva, se podrán impugnar todos los actos procesales que tengan una relación directa con las cuestiones resueltas en ese fallo, de manera tal que al ser reparadas se pudiera llegar a emitir una determinación que en alguna forma favoreciera las pretensiones del peticionario, en la controversia de origen, como podría suceder, verbigracia, cuando no se le hayan recibido las pruebas que legalmente haya ofrecido o no se hayan recibido conforme a la ley, o cuando se le haya declarado ilegalmente confeso, si el posible resultado de aquellas pruebas puede tener como consecuencia el cambio o modificación de la forma en que se apreciaron las acciones, o las defensas o excepciones que se consideraron acreditadas o se desestimaron, o si la confesión aludida fue un elemento primordial para acreditar las pretensiones de la parte contraria. En cambio, cuando se reclame una resolución que ponga fin al juicio, exclusivamente serán reclamables las violaciones que tuvieron relación directa e inmediata con el sentido concreto en que se emitió esa resolución, por lo que mutatis mutandi, si se reclama la resolución que declaró la caducidad de la instancia o la que declaró desierto el recurso de apelación contra el fallo de fondo de primer grado, no podrán combatirse en esa controversia constitucional, las infracciones procedimentales relativas a actuaciones ajenas a la determinación reclamada, como serían la ilegal declaración de confeso al quejoso o de la recepción de sus pruebas, relacionadas con el fondo del negocio de origen, toda vez que, evidentemente, éstas se encuentran desvinculadas del resultado a que se ha llegado en el juicio natural, ya que si se dieron los presupuestos requeridos por la ley, la caducidad o la deserción apuntadas, deben subsistir, con independencia de que se hubieran recibido bien o mal las pruebas de las partes, y si no se dan tales supuestos y por ello se concede la protección de la Justicia Federal, la consecuencia será que se reanude el procedimiento del que proviene el acto reclamado, y estas violaciones de procedimiento pueden atacarse cuando se reclame la sentencia definitiva, ya que hasta entonces es factible precisar si trascienden o no esta resolución." De Igual forma, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, consultable en la página 1944, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO INCIDENTAL. PROCEDE COMBATIRLAS EN EL AMPARO EN QUE SE RECLAME LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE. De acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente es similar al de un juicio, y las instituciones juicio e incidente, deben decidir una cuestión planteada. Luego entonces, en su generalidad son similares y, trae consigo que iguales razones deban regir para ambos, por tanto, en el campo de la similitud existente, el momento de reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y en otro debe ser el mismo, es decir, aquel en que se combate la resolución respectiva que pone fin al juicio o al incidente (sentencia definitiva o interlocutoria), a través del juicio de amparo; siempre que esta última (la interlocutoria correspondiente) sea susceptible de reclamarse mediante dicho juicio; consistiendo la diferencia sólo en la vía en que se debe promover la demanda constitucional (biinstancial o uniinstancial)." Asimismo, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 12, Noviembre de 1992, Octava Época, que textualmente dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta." Asimismo, es aplicable, la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, página 256, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), y 172 fracción V; todos de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Raquel Aguilar Vázquez, ya que acredita tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; mientras que los restantes que señala únicamente podrán recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma el Licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la Secretaria Licenciada Janette Pérez García, con quien actúa y da fe.
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