Maria Guadalupe Baltazar Cruz

Expediente 388/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
388/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
04/07/2016

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Baltazar Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    II. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no recurrieron la sentencia de catorce de junio del año en curso, donde se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, devuélvanse las constancias que remitió la PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, deberá conservarse la demanda y sentencia respectivas (punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual manera se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente; hágase del conocimiento a las partes que la sentencia dictada en el presente asunto fue signada por el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, no así por el Juez Tercero de la especialidad y residencia indicadas; lo anterior, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    APERTURA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Toluca, Estado de México, a las diez horas con quince minutos del catorce de junio de dos mil dieciséis, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional, relativa al juicio de amparo indirecto 388/2016-II, promovido por María Guadalupe Baltazar Cruz por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, en audiencia pública Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Nicolás de Luna González, que autoriza, firma y da fe, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente procedió a celebrarla, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia por el Juez, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis de la Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, visible en la página 185, cuyo rubro es: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes. PERIODO PROBATORIO. Enseguida, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se abre el período probatorio y el Secretario hace constar: que la presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México remitió las constancias consistentes en el juicio laboral J2/26/2013. Asimismo, la quejosa en su escrito inicial de demanda ofreció como medio de prueba la presuncional en su doble aspecto -legal y humana- y la instrumental de actuaciones. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos, admitidos y desahogados los medios de convicción relatados, sin necesidad de diligencia previa dada su propia y especial naturaleza, debiendo tomarse en consideración al momento de resolver el presente asunto, según el valor probatorio que merezcan. Sin más que actuar, se cierra el período probatorio en que se actúa. PERIODO DE ALEGATOS. Se da apertura el periodo de alegatos, y el Secretario hace constar: Que las partes no los hicieron valer, sin más por actuar se cierra el periodo en que se actúa. CIERRE DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No habiendo escrito pendiente de acordar, se da por concluida esta audiencia y el Juez procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 388/2016-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. María Guadalupe Baltazar Cruz por propio derecho, mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se mencionan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo es la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA. IV. ACTO RECLAMADO. El auto de fecha VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS dictado por la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA en el expediente laboral J.2/26/2013, mediante el cual desecha de plano el incidente de previo y especial pronunciamiento de liquidación de impuestos que promueve la actora por notoriamente improcedente". SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados, los establecidos en los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. Recibida que fue la demanda de amparo ante este órgano de control constitucional, por auto de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se radicó el expediente bajo el número 388/2016-II y se admitió a trámite; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, párrafo primero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 55, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al reclamarse una determinación atribuida a un tribunal del trabajo cuya residencia se encuentra dentro del territorio donde este órgano de control constitucional tiene competencia. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ante todo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que los actos reclamados se hacen consistir en: El auto de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó por improcedente el incidente de liquidación de impuestos dentro de los autos de juicio laboral J.2/26/2013, dictado por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. TERCERO. ANTECEDENTES De la revisión efectuada a las constancias de autos, del expediente J.2/26/2013 destacan los siguientes: 1. El catorce de enero de dos mil trece María Guadalupe Baltazar Cruz demandó en la vía laboral a Wal Mart Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable diversas prestaciones laborales, el cual fue admitido mediante proveído de esa data, bajo el expediente J.2/26/2013, ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México. 2. Seguido en sus etapas procesales, el veintisiete de agosto de dos mil catorce, se dictó el laudo correspondiente; y en contra de dicha determinación la quejosa promovió amparo directo, del cual correspondió del conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, quien lo radicó bajo el expediente DT 1009/2014, y mediante sesión de trece de marzo de dos mil quince resolvió: "ÚNICO. Para los efectos precisados en el considerando que antecede, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MARÍA GUADALUPE BALTAZAR CRUZ, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, que hizo consistir en el laudo pronunciado de veintisiete de agosto de dos mil catorce, en el expediente laboral J.2/26/2013, seguido por la quejosa en contra de Operadora Wal Mart, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable" 3. En cumplimiento a dicha ejecutoria, la autoridad responsable en quince de mayo de dos mil quince, emitió el laudo cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Se emite la presente resolución en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en el Amparo Directo DT 1009/2012 (sic), de fecha trece de marzo de dos mil quince. SEGUNDO. La parte actora acreditó parcialmente la procedencia de su pretensión y la demandada de igual forma justificó sus defensas y excepciones. TERCERO. Se condena a la persona moral demandada OPERADORA WAL MART S.DE R.L. DE C.V., con domicilio ubicado en Avenida Leona Vicario número 502, colonia Purísima, Metepec, Estado de México, a pagar a la actora María Guadalupe Baltazar Cruz lo que esta le reclamó en su demanda en concepto de salarios vencidos, vacaciones y prima vacacional de los periodos comprendidos del 14 de septiembre de 2010 al 2 de enero de 2013; días de descanso obligatorios del periodo comprendido del 14 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2012 y del 16 de junio al 30 de noviembre de 2012; así como el relativo al 25 de diciembre de 2012 y 1 de enero de 2013, prima dominical de los periodos comprendidos del 14 de enero de 2012, 15 de marzo de 2012, del 1 de mayo al 15 de junio de 2012, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2012, del 16 al 30 de octubre de 2012 y del 16 de diciembre de 2012 al 02 de enero de 2013; vales recibidos para artículos de primera necesidad del periodo comprendido de 14 de enero de 2012 al 02 de enero de 2013; tiempo extraordinario, del periodo comprendido del 14 de enero de 2012 al 02 de enero de 2013; así como a entregar al actor las constancias de aportación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y Fondo de Ahorro para el Retiro (AFORE). Absolviéndosele del pago a la actora de indemnización constitucional, aguinaldo del año 2012, toda vez que en términos de la prueba de inspección se acredita que dicha prestación le fue cubierta, días de descanso obligatorio por el periodo comprendido del 1 al 15 de junio de 2012 y del 1 al 15 de diciembre de 2012, prima dominical de los periodos comprendidos del 16 de marzo al 31 de marzo de 2012; del 16 al 30 de junio de 2012, del 1 al 15 de octubre de 2012, del 1 al 15 de noviembre de 2012, del 16 al 30 de noviembre de 2012 y del 1 al 15 de diciembre de 2012, vacaciones y prima vacional del periodo comprendido del 13 de septiembre de 1994 al 14 de enero de 2010, aguinaldo del 13 de septiembre de 1994 al 2011, días de descanso obligatorio, tiempo extraordinario, prima dominical y vales recibidos para artículos de primera necesidad de años anteriores al 14 de enero de 2012. Por lo que hace a la prima de antigüedad, se dejan a salvo los derechos del actor para que los haga valer en el momento procesal oportuno. Lo que se hace en términos del último considerando que antecede. (.)" 4. Mediante auto de veintinueve de junio de dos mil quince, la autoridad responsable atento a lo solicitado por la demandada concedió la suspensión del acto reclamado, y fijó una garantía a la parte demandada por un monto de $151,370.92 (ciento cincuenta y un mil trescientos setenta pesos 92/100 moneda nacional), y en caso de no presentarla en el término establecido, se procedería a la ejecución del laudo. 5. En proveído de seis de agosto de dos mil quince, la Junta responsable emitió auto de ejecución de laudo, hasta por la cantidad de $151,370.92 (ciento cincuenta y un mil trescientos setenta pesos 92/100 moneda nacional), por lo que comisionó al actuario de su adscripción para dar cumplimiento a dicha determinación. 6. En nueve de octubre de dos mil quince, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, resolvió el amparo directo promovido por la parte demandada en contra del laudo dictado en quince de mayo de dos mil quince, en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal; y en consecuencia en auto de dieciocho de noviembre siguiente, previa petición de la actora en el principal, se dictó nuevamente auto de ejecución de laudo. 7. Mediante escrito de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, el apoderado legal de la demandada, exhibió un cheque número 4387922, por la cantidad de $110,663.60 (ciento diez mil seiscientos sesenta y tres pesos 60/100 moneda nacional), ello con la finalidad de dar cumplimiento al laudo; asimismo, solicitó se le concediera una prórroga para exhibir la constancia de retención de impuestos. 8. La actora por ocurso de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, solicitó la apertura del incidente de previo y especial pronunciamiento de liquidación de impuestos, dado la excesiva retención que realizó la parte demandada. 9. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis, la autoridad responsable determinó declarar improcedente dicha incidencia en virtud de que consideró que carecía de facultades para determinar si fue o no correcto el monto retenido por la demandada; amén de que la actora el veinticinco de enero del año en curso recibió el cheque expedido a su favor. Acto reclamado que en esta vía constitucional se combate. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con las constancias que remitió al rendir dicho informe, consistentes en expediente J.2./26/2013, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2 de la Ley de Amparo. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Las partes no hicieron valer causa de sobreseimiento o improcedencia, ni este Juzgado de Distrito advierte alguna otra de oficio, razón por la cual se procede a examinar las cuestiones de fondo del presente asunto. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y FIJACIÓN DE LA LITIS. La accionante constitucional en su único motivo de disenso aduce que la autoridad responsable al no dar trámite al incidente de previo y especial pronunciamiento de liquidación de impuestos, transgredió su derecho fundamental de garantía de audiencia, consagrado en el artículo 14 de la Ley Fundamental, ya que no se le concedió la oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, se le dejó en estado de indefensión. Conforme a lo anterior, se precisa que la litis se constriñe a determinar, si fue correcto o no que la autoridad responsable desechara el incidente de liquidación de impuestos, en ejecución de laudo, promovido por la quejosa. SÉPTIMO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Precisado lo anterior, este juzgador procede a analizar de fondo el presente asunto. Son infundados los conceptos de violación que hace valer la impetrante del amparo, los cuales no serán suplidos en su deficiencia, al no encontrarse en los supuestos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales se analizarán de manera conjunta. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia VI.2o.C.J/304, visible en la página 1677, Tomo XXIX, del Mes de Febrero de 2009, con número de registro electrónico 167961, de los Tribunales Colegiados de Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación que es de contenido y rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso". No asiste razón al accionante del juicio constitucional respecto que previo a desechar de plano el incidente de previo y especial pronunciamiento de liquidación de impuestos la autoridad responsable debió otorgarle su garantía de audiencia y conforme a ello, encontrarse en aptitud de ofrecer pruebas y alegatos; con el objeto de sustentar tal aserto, es pertinente puntualizar lo siguiente: Los artículos 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo establecen: "Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley". "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes". De la transcripción de los preceptos normativos, se colige que se tramitaran en vía incidental las cuestiones de nulidad, competencia, personalidad, acumulación y excusas; los cuales se substanciaran en términos del numeral 763 de la ley de la materia; sin embargo, tratándose de incidentes que no tengan una tramitación especial se podrán resolver de plano oyendo a las partes. Por tanto, fue correcto que la Junta responsable desechara de plano el incidente planteado por la quejosa, pues los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto sobre la renta derivado de una relación laboral y tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos derivados de la condena impuesta en el laudo en cantidad líquida, por lo que al momento de efectuar el pago correspondiente, por concepto de indemnizaciones, prima de antigüedad y otros conceptos, son considerados como responsables solidarios de aquellos, hasta por el monto del tributo y deben enterarlo ante la autoridad hacendaria, en tanto tienen el carácter de auxiliares de la administración (pública o federal) en la recaudación de impuestos. Así, si la autoridad responsable determinó desechar el incidente planteado por la quejosa, es preciso establecer que en relación con el procedimiento de ejecución de los laudos, los numerales 940, 946 y 949 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita". "Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo". "Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo". Conforme a lo dispuesto por el artículo 940 de la ley citada, la ejecución de los laudos corresponde a los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Asimismo, el dispositivo 946 de la legislación mencionada, prevé que la ejecución deberá despacharse para el cumplimiento del pago de cantidad líquida, expresamente señalada en el laudo, entendiéndose por ésta la cuantificación del mismo. Por lo que una vez que se ha decretado en el laudo el importe líquido de una condena, en la etapa de ejecución de laudo, la autoridad laboral tiene la ineludible obligación de vigilar su cumplimiento. En dicha etapa de ejecución, es cuando el patrón debe realizar el pago de las cantidades líquidas a las cuales resultó condenado en el laudo, y si al momento de exhibir la liquidación manifiesta retener el impuesto correspondiente a los conceptos de indemnización, salarios caídos y prima de antigüedad a los que resultó condenado, para efecto de que la autoridad laboral tenga la posibilidad de vigilar que el laudo quede debidamente cumplido, bastará con observar que la parte patronal exhiba el recibo de liquidación en el que aparezca con claridad el desglose de los conceptos y coincidencia de las cantidades a las que resultó condenada, así como de aquellas retenida por concepto de impuesto de dichos conceptos, sin que resulte necesario que la autoridad laboral examine el exacto cálculo de la cantidad a enterar, pues tal determinación corresponde a la autoridad fiscal. En efecto, la autoridad para tener por cumplido el laudo sólo debe examinar que en el recibo de liquidación aparezcan los conceptos y cantidades materia de la condena y de las diversas que el demandado manifieste retener por impuestos a esos conceptos, sin necesidad de revisar si el cálculo del entero fue o no correcto, con la exhibición del documento en el que acredite la deducción del impuesto para justificar el monto deducido o la exhibición de la constancia de que enteró la cantidad que retuvo al trabajador como impuesto del producto del trabajo, pues en caso de que el cálculo resulte defectuoso, no se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria, la devolución de las cantidades que le haya retenido el patrón en forma indebida. Como ya se dijo, los particulares, por imperativo de ley tienen la obligación de retener el impuesto a cargo de terceros y enterarlo ante la autoridad hacendaria, en tanto tienen el carácter de auxiliares de la administración pública (federal o local) en la recaudación de impuestos y la autoridad hacendaria posteriormente actuará en su revisión. De las consideraciones anteriores, se puede establecer que si el veinticinco de enero de dos mil dieciséis la parte demandada en el juicio de origen presentó ante la responsable el cheque expedido a favor de la quejosa por la cantidad de $110,663.60 (ciento diez mil pesos seiscientos sesenta y tres pesos 60/100 moneda nacional) el cual fue cobrado por ésta, tal como se aprecia de las constancias de autos, se puede observar que se dio cumplimiento a la ejecución del laudo; amén de que la demandada solicitó un término a fin de exhibir la constancia de retención de los impuestos en cumplimiento al laudo respectivo; lo cual realizó el ocho de marzo siguiente; consecuentemente, fue correcto que la responsable desestimara el incidente promovido por la accionante constitucional al argumentar que carecía de facultades para establecer si fue o no excesiva la retención de los impuestos enterados a la autoridad hacendaria por el patrón, pues precisó que tal circunstancia debía realizarse ante la autoridad fiscal competente, aunado a que la actora cobró debidamente el cheque que exhibió la demandada. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.136/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 171728, del Tomo XXVI, del Mes de Agosto de 2007, visible en la página 543, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de tenor siguiente: "LAUDO. PARA TENERLO POR CUMPLIDO ES INNECESARIO QUE EL PATRÓN EXHIBA LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS CONCEPTOS MATERIA DE LA CONDENA O EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA DEDUCCIÓN RELATIVA, PUES BASTA CON QUE EN EL RECIBO DE LIQUIDACIÓN EXPRESE LAS CANTIDADES SOBRE LAS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN. Conforme a los artículos 109, 110, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, salvo los casos de excepción, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto de referencia a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos a los que resulten condenados en el laudo con motivo de la terminación de la relación laboral. En ese sentido, una vez que se ha determinado en el laudo el importe líquido de la condena y el patrón al exhibir su cuantificación manifieste haber retenido el impuesto correspondiente, para que la autoridad laboral tenga posibilidad de vigilar el cumplimiento del laudo, bastará con que aquél exhiba el recibo de liquidación en el que pueda observarse con claridad el desglose y coincidencia de los conceptos y cantidades a las que resultó condenado en el laudo, así como las cantidades retenidas por concepto del impuesto, sin necesidad de que la autoridad laboral proceda a examinar si el cálculo del entero fue o no correcto, pues en caso de que resulte defectuoso, no se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida y corresponderá a la autoridad fiscal su revisión, consecuentemente no es requisito indispensable para efecto de tener por cumplido el laudo que el patrón exhiba el documento en el que acredite la deducción del impuesto para justificar el monto de las prestaciones que debió pagar al trabajador, o la constancia de que enteró la cantidad que retuvo al trabajador como impuesto del producto del trabajo". En consecuencia, al resultar ineficaces las argumentaciones vertidas por la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 76, 77 y 78, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a María Guadalupe Baltazar Cruz, contra el acto y autoridades que quedaron precisados en los considerandos tercero y cuarto, por los motivos asentados en el último considerando de la presente determinación. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario Nicolás de Luna González, que autoriza y da fe. Karen Userralde

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta mediante el cual la PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, en cumplimiento al requerimiento formulado el seis de mayo del año en curso, remite copia certificada del tomo III del expediente laboral J.2/26/2013; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, agréguese a los presentes autos a fin de que surta los efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación de las mismos al momento de la celebración de la audiencia constitucional y, dada su voluminosidad fórmese el anexo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido del Secretario Nicolás de Luna González, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad responsable JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, mediante proveído de seis de los cursantes, a fin de que remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias dictadas en el juicio laboral J.2/26/2013, incluyendo lo actuado del dos mil dieciséis. En esas condiciones, a fin de dar oportunidad a que se integre debidamente el presente expediente la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se difiere y para su celebración se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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