María Guadalupe Ayala Negrete
Expediente 525/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/01/2019
Partes del expediente
- María Guadalupe Ayala Negrete
Actuaciones
- Principal
RESUELVE Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 525/2018-I, promovido por María Guadalupe Ayala Negrete por su propio derecho, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en la Ciudad de México, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito de uno de diciembre de dos mil diecisiete, por los motivos expuesto en el considerando tercero de esta determinación. Segundo. En cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de la sentencia, una vez que cause ejecutoria la misma, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tercero. De conformidad con lo establecido en el considerando quinto, se ordena la captura de la sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Judicatura Federal.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable para que surta sus efectos legales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que señala en el informe y designando como delegados de su parte en términos del artículo 9 de la ley de la materia a los profesionistas que refiere en el mismo. Ahora bien, en relación a que sus autorizados puedan hacer uso de medios electrónicos, al revisar el presente expediente; se acuerda favorable lo solicitado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional y en atención a la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el dieciocho de marzo de dos mil nueve; levantándose la certificación correspondiente y debiéndose cuidar que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión está reservada por disposición legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 725, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, tomo XXIX, Marzo de 2009, materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto. "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." En consecuencia, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe, estén en posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las diez horas del veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista; la certificación secretarial que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, a la fecha no obra en autos el acuse de recibo del oficio 24925 dirigido a la autoridad señalada como responsable Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con domicilio en la Ciudad de México, que demuestre que dicha autoridad ha sido notificada del proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, por el que se le solicitó rindiera el informe justificado. En atención a lo antes expuesto, requiérase vía telegráfica a la referida autoridad responsable, para que dentro del término de veinticuatro horas al en que tenga conocimiento de este proveído, informe por esa misma vía si recibió el oficio antes citado y en su caso la fecha en que así fue, lo anterior para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda; apercibido que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, que equivale a la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos), la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las diez horas del veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho
- Principal
Ensenada, Baja California, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Visto, el escrito de demanda presentado por María Guadalupe Ayala Negrete, por su propio derecho, por la cual se le tiene solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo; fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de juzgado correspondiente bajo el número 525/2018. Sin que sea el caso tramitar el incidente de suspensión respectivo, toda vez que no fue solicitado. Se señalan las diez horas del veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable enviándole al efecto copia simple de la demanda, al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se le gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 246 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2017604, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." En otro orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte, la documental que adjunta a su escrito inicial de demanda, misma que se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Se autoriza a la secretaria de juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. Por otro lado, se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su escrito de demanda, así como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a César Armando González Hernández, Martín Morán Macías, Roxana Trinidad Cervantes, Gerardo Daniel Trujillo Méndez, Mario Jacinto Martínez Tirado, Nahúm Bautista Gallardo y Roxana Elizabeth Guadalupe Martínez Adalid, ya que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de los actuarios de este juzgado, realicen las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria. Finalmente, con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Beatriz Elena Fonseca Blancarte, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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