María Guadalupe Ávila Leal
Expediente 380/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- María Guadalupe Ávila Leal
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado de los autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de cinco de abril de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de abril de dos mil veintidós. 1. Recepción de demanda. Fórmese expediente con el escrito de demanda presentada a nombre de María Guadalupe Ávila Leal, contra el acto del magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; y otra autoridad responsable, regístrese bajo el número que le corresponda en el Libro Uno de Juzgado relativo a Registro de Juicios de Amparo. 2. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, del estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: La omisión de vigilar y dictar las medidas necesarias para que se concrete la ejecución y cumplimiento tanto del laudo de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, así como la resolución interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en la que se resolvió el incidente de liquidación de aquel laudo. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por ende, debe desecharse conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es así, pues se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo; dispositivo legal que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]". De la transcripción que antecede, se desprende que son tres los requisitos exigidos para que opere la causa de improcedencia relativa, comúnmente denominada litispendencia, a saber: a) Que la norma general o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o no haya causado esta ejecutoria; y, c) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el propio quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por identidad de actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, al haberse realizado una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte un diverso juicio de amparo en trámite actualmente, radicado en mismo órgano jurisdiccional, con el número de juicio 62/2022, el cual fue promovido por el propio quejosa María Guadalupe Ávila Leal, en contra de los mismos actos y autoridad responsable que se señala en la presente demanda. Asimismo, al traer a la vista como hecho notorio el citado juicio de amparo, al ser susceptible de invocarse para decidir en el presente asunto lo que en derecho corresponda, se observa que la demanda que dio origen al juicio de amparo aludido, fue presentada a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora; y turnada a este Juzgado, en donde se admitió a trámite por acuerdo de veinte de enero de dos mil veintidós. En dicha demanda de amparo, radicada con el número de juicio de amparo 62/2022, la aquí quejosa reclamó substancialmente, los mismos actos que aquí opuso como reclamo constitucional, es decir, la omisión de que se concrete la ejecución y cumplimiento tanto del laudo de fecha de once de noviembre de dos mil dieciséis, así como la resolución interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en la que se resolvió el incidente de liquidación de aquel laudo. Además, cabe señalar que mediante sentencia de treinta de marzo de dos mil veintidós, se concedió a la aquí quejosa el amparo y protección de la justicia federal, misma que hasta este momento no ha causado ejecutoria. Los anteriores datos constituyen un hecho notorio y su invocación cuenta con eficacia probatoria plena, puesto que se trata de información recabada de un expediente radicado ante este propio órgano y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), instaurado de forma obligatoria en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en donde se estableció que los Juzgados y Tribunales de la Federación, están constreñidos a registrar y mantener actualizados los movimientos atinentes a cada asunto de su conocimiento. En ese orden de ideas, se concluye que el acto reclamado en el juicio en que se actúa, es materia del diverso juicio de amparo 62/2022, actualmente en trámite (pues como se dijo, a pesar de que el día treinta de marzo del año en curso, se dictó sentencia definitiva, esta no ha quedado firme) del índice de este órgano jurisdiccional, el cual fue promovido por el aquí quejoso contra la misma autoridad responsable y, substancialmente, por los mismos actos que aquí opuso como reclamo constitucional. En ese contexto, existe imposibilidad jurídica para que se analice el acto reclamado en el presente caso, pues en consideración a que la constitucionalidad del acto reclamado se analiza en el procedimiento constitucional atinente al referido juicio de amparo que ya se encuentra en trámite y pendiente de emitir resolución, lo que torna incuestionable que se materializa la causa de improcedencia en estudio. Una conclusión en diverso sentido; es decir, en la que se aceptara la procedencia del juicio de amparo, permitiría la promoción interminable de la acción constitucional reparando, en cada ocasión, las omisiones en las que se hubiera incurrido previamente por parte del justiciable, lo que resulta jurídicamente inaceptable. Por tanto, al actualizarse como indudable la causal de improcedencia derivada de la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113 de ese cuerpo normativo, procede desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo a "Registro de Juicios de Amparo" y las capturas correspondientes en el Sistema de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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