María Guadalupe Ana Sánchez González y Otros.
Expediente 613/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 613/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Karina Gutiérrez Sánchez y Otros.
- María Guadalupe Ana Sánchez González y Otros.
- María Guadalupe Ana Sánchez González
- Karina Gutiérrez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio suscrito por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Uruapan, mediante el cual solicita la devolución del original la controversia constitucional PRCE-4/2018 y se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo. ...Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el dieciocho de febrero del presente año, se celebró la audiencia constitucional en los autos del juicio de amparo 613/2018, reservándose los autos para dictar la sentencia correspondiente; por tanto, a fin de no dejar promociones pendientes por acordar, fórmese cuaderno provisional. Ahora bien, debe decirse, que el escrito de cuenta fue recibido en este juzgado con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional llevada a cabo el dieciocho de febrero del año en curso. Bajo ese contexto, el artículo 119 de la Ley de Amparo indica entre otras cosas que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que la misma Ley disponga otra cosa, razón por la cual es menester destacar que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 del señalado ordenamiento; de tal manera que las exhibidas con posterioridad a la misma no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad procesal de dicha actuación, concebida como una secuencia continua en la que se ofrecen pruebas, se desahogan, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia. De ahí que, admitir la prueba documental que ofrece el quejoso una vez concluido el período para ello, atentaría el derecho de igualdad entre las partes, pues la recepción a uno de los contendientes de pruebas fuera de la audiencia constitucional, implicaría dejar a su contraparte en estado de indefensión, que sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal. Sin soslayarse el supuesto de excepción a la regla general prevista en el numeral 119 de la Ley de Amparo, al decir, "salvo que esta Ley disponga otra cosa", pues dicho ordenamiento no prevé la hipótesis de admitir pruebas documentales una vez concluida la audiencia constitucional. Lo que es más, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la regla general para el ofrecimiento y desahogo de pruebas debe atemperarse, toda vez que no puede considerarse que exista infracción por tomar en cuenta para el dictado de la resolución, documentales aportadas fuera de tiempo, si es que el o los documentos que se presenten, concluido el periodo probatorio correspondiente, acreditan una hipótesis de sobreseimiento en el juicio de amparo, ya que no se establece limitación alguna sobre el particular; de ahí que se concluyó que sí es posible que el Juez de Distrito, al momento de dictar su sentencia, tome en cuenta pruebas documentales rendidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, siempre que de éstas acrediten alguna de las hipótesis de sobreseimiento del juicio de amparo, cuando aparezca probada o sobrevenga acreditada una causa de improcedencia. En el caso que nos ocupa, la documental exhibida por el promovente no revela causa alguna de sobreseimiento, pues con dicha documental únicamente se advierte la existencia de diversos juicios de amparo promovidos en otros órganos jurisdicciones, que considera servirán de orientación para este Juzgador. Notifíquese.
- Principal
Vista el acta de emplazamiento de veintiséis de diciembre del año pasado, practicada por el actuario de la adscripción, se advierte que se emplazó a la tercera interesada María Citlalli Cotés Martínez, por tanto, en términos del artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene legalmente emplazado, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por María Citlalli Cortés Martínez; en atención a la primera de sus peticiones, se le tiene señalando como domicilio para recibir notificantes el ubicado en calle Jalisco, número 45, colonia Ramón Farías, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán y autorizado en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo a Marcelo Contreras Zavala, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, por lo que ve a la primera de las autorizadas que señala la promovente en su escrito de cuenta, dígasele que deberá aclarar el nombre de la misma, en virtud de que únicamente menciona el nombre y el primer apellido. De igual forma, en atención a la tercera de las peticiones, consistentes en que ya existe antecedentes de diversos Juicios de amparo tramitados ante los Juzgados de distrito, en los cuales se ha concedido el amparo y protección de la justicia federal, a diversos sentenciados, mencionando alguno de los mismos, sin embargo, los datos asentados en los mismo son insuficientes para poder requerir las constancias correspondientes. En tales condiciones, a fin de que la autoridad responsable se encuentre en condiciones de cumplir con la ejecutoria de amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, aclare su escrito de cuenta, mencionando de que ciudad es cada uno de los órganos jurisdiccionales que señala, para encontrarnos en condiciones de requerir las constancias correspondientes. Po otra parte, glósese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por el Juez de ejecución de Sanciones Penales, Uruapan, mediante el cual en atención a lo solicitado por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, remite el expediente original de la controversia jurisdiccional PR-CE-4/2018 formado con motivo de la solicitud que planteó María Citlalli Cotes Martínez, así como tres discos que contienen la videograbación a la audiencia oral. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se deja a la vista de las partes dichas constancias para que se impongan de su contenido. Notifíquese; y personalmente a la tercera interesada María Citlalli Cotés Martínez.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el INFORME JUSTIFICADO que rinde el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término legal necesario para que se impongan de su contenido, así como de las constancias adjuntas al mismo, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional del juicio. Por otra parte, glósese a sus autos para que obre como legalmente corresponde la copia del oficio suscrito por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, del que se advierte que requiere al Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Uruapan, a fin de que remita a este órgano jurisdiccional, los registros (tres discos compactos relativos al audio y video de la audiencia oral de primera instancia), así como la controversia de ejecución número PRCE-4/2018 y el índice cronológico correspondiente, lo anterior, a fin de acreditar lo asentado en el informe justificado requerido a dicha sala; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, este órgano jurisdiccional queda a la espera de las constancias de referencia a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Ahora bien, de autos se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de enero de dos mil diecinueve, para el verificativo de la audiencia constitucional. Por tanto, desde este momento la celebración de la audiencia constitucional programada para la fecha antes indicada se difiere anticipadamente y en su lugar se señalan las diez horas con diez minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado que se acuerda. Notifíquese.
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