María Guadalupe Álvarez Caro Del Castillo

Expediente 859/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
859/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • María Guadalupe Álvarez Caro Del Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Juicio de Amparo Directo

    La autoridad responsable acusa recibo del diverso oficio con el que se comunicó el auto que declaró consentida la determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo y se remitió testimonio de la misma. Atento al estado de autos, archívese el presente asunto en cumplimiento a lo proveído en el auto de cuatro de octubre anterior.

  2. Juicio de Amparo Directo

    SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS PROVEÍDOS DE QUINCE Y VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE PASADOS, SE NOITIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA EN EL PRESENTE ASUNTO, LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SEIS DE SEPTIEMBRE PASADO, LA CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: "En seis de septiembre de dos mil diecinueve, la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito da cuenta al magistrado presidente, con el estado procesal de los presentes autos. Conste. Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en su etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo la notificará sin demora a las partes; que a la autoridad responsable la requerirá para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia de amparo se dictó el catorce de marzo de dos mil dieciocho; posteriormente, mediante escrito presentado el nueve de abril de dos mil dieciocho la quejosa interpuso recurso de revisión contra dicha determinación; por ello, mediante oficio 2714/2018 de once siguiente, este órgano colegiado remitió el escrito de agravios y el original del juicio de amparo directo 859/2017 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente, la Subsecretaria de Acuerdos y la Secretaria Auxiliar de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante oficio 2994 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, remitió copia certificada de la sentencia dictada el trece de marzo pasado, en el amparo directo en revisión 2387/2018, donde en la materia de la revisión modificó la sentencia recurrida y concedió el amparo para efectos. Por lo anterior, una vez recibidos los autos originales del juicio de amparo directo 859/2017, en proveído de veintiséis de junio del año en curso, este órgano colegiado continuó con el procedimiento, requiriendo a la responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo, emitida por el Más Alto Tribunal. La sentencia que conlleva el cumplimiento se dictó el cinco de agosto de dos mil diecinueve. En la especie, la resolución con la que la responsable sostiene el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se hizo del conocimiento de las partes mediante notificación por lista el nueve de agosto de dos mil diecinueve. A continuación se procede a corroborar si la autoridad responsable dio exacto cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para una mejor comprensión y análisis del fallo emitido por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORIA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO a. Dictara nueva resolución, mediante la cual dejara insubsistente la reclamada; a). La autoridad responsable mediante proveído de dos de julio de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete; así mismo, solicitó se le concediera un plazo adicional de diez días para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la que le fue concedida por este órgano jurisdiccional. b. Partiera de la base que ambas partes son generadoras de violencia, atendiendo a las periciales en psicología y psiquiatría, y que existían elementos probatorios objetivos y notorios, respecto a que una de las partes era una persona con discapacidad, debiendo atender a los principios derivados del marco constitucional y convencional de los derechos de las personas con discapacidad, los que se encuentran delineados en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de las personas con discapacidad, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. b). Mediante oficio tres mil ochenta y ocho, de cinco de agosto de dos mil diecinueve, la sala responsable remitió copia certificada de la nueva sentencia dictada en esta misma fecha, en la que después de analizar los dictámenes periciales en psiquiatría y psicología que obran en autos determinó que en la relación familiar entre la actora y la demandada, existe violencia familiar bidireccional o cruzada, porque ambas son quienes generan los conflictos. Asimismo, de una constancia y del mismo dictamen pericial en psiquiatría, tuvo por acreditado que la demandante padece de ********* o *********, que es considerado como una condición de discapacidad; por ello, estimó que le es aplicable el régimen normativo especial sobre las personas con invalidez, que debe abordarse bajo un modelo social y de vigilancia de los derechos humanos, con base en los principios constitucionales y convencionales, delineados en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. c. Al dictar las medidas que, conforme al artículo 2.359 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, resultaran adecuadas para el restablecimiento de la paz y orden familiar, considerara los estándares y principios establecidos en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, en especial, atendiera los principios de igualdad, y no discriminación, accesibilidad, respecto a la dignidad y autonomía de la persona con discapacidad, la participación plena e inclusiva, así como el respeto y aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad de condiciones humanas y, bajo esos presupuestos se diseñaran las medidas apropiadas correspondientes, tanto para restablecer una sana interacción social-familiar entre las partes, cuanto para las recomendaciones e intervenciones terapéuticas que deben realizarse por expertos en psicología y/o psiquiatría, a fin de que las partes en conflicto estuvieran en posibilidades de resolver sus diferencias y gozar de un entorno familiar libre de violencia y discriminación. c). Dictó las medidas que conforme al artículo 2.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México consideró que resultaban adecuados para el restablecimiento de la paz y orden familiar, las cuales consistieron en lo siguiente: - En virtud que en el juicio natural se decretó la exclusión del domicilio de la demandada, como presunta generadora de violencia; la responsable levantó esa medida de protección, restableciendo la convivencia cotidiana de la actora con su contraparte; con la prevención de que ambas se abstuvieran de causarse daños y agresiones en su integridad física o psicológica. Con esto se busca iniciar el proceso de resolución del conflicto familiar, sobre la base del principio de accesibilidad, contenido en el Protocolo de Actuación. - Como estrategia de restablecimiento de la paz y orden familiar, estimó que deben intervenir especialistas en psicología y psiquiatría; estos deberían llevar la encomienda siguiente:  Imponerse de las actuaciones judiciales, en donde constan los dictámenes periciales;  Llevar a cabo nueva entrevista semiestructurada y valoración a las partes, para identificar en concreto: el perfil psicológico de las partes de acuerdo a su personalidad; el origen de la rivalidad que ocasiona la relación disfuncional; las barreras de actitud negativas existentes de la demandada hacía la actora, por la condición de talla baja de esta, que impidan la interacción; el grado de comprensión de la demandada respecto a la necesidad de adaptar la vivienda, por la condición de talla baja de la demandante, porque de no existir ello limita el quehacer de esta.  Luego, los especialistas deberán informar el tipo de terapia o programa psicoterapéutico y la duración; necesaria para lo siguiente: la actora supere el trastorno afectivo que padece; la demandada modifique su personalidad que obstaculizan una relación familiar asertiva, derivado de su perfil psicológico; ambas identifiquen el origen de su rivalidad y puedan resolverlo; reconozcan sus impulsos inconscientes de esa rivalidad y sus defensas; modifiquen la situación de su relación familiar; superen la crisis, para modificar la psicodinámica disfuncional de su estructura familiar, para fomentar la paz; cambien las dinámicas familiares disfuncionales y el patrón que las provocan, pero potencializando las que sean positivas y las fortalezas funcionales de las partes; que estas logren un proceso de comunicación, asignen roles, la necesidad de cambio de estos y la estructura clara familiar, así como los límites que les permitan o cohíban el proceso de comunicación, la negociación en los conflictos, sin llegar a establecer relaciones de poder; la demandada reconozca y comprenda las dificultades de la actora, pero también sus capacidades; se comuniquen mediante diálogos asertivos, donde prevalezca la consideración, solidaridad y respeto recíproco; los especialistas también expresarán la conveniencia de que el proceso psicoterapéutico pueda realizarse simultáneamente a un proceso de restauración familiar, o justifiquen la inconveniencia de ello; por otra parte, el juzgador sometió a las contendientes a un proceso de justicia restaurativa familiar, que permitirá disminuir la problemática, mediante las herramientas y elementos necesarios que admita restablecer la comunicación e interacción entre las involucradas, la solución eficaz de los conflictos pacíficamente; fomentar la cultura de la paz, del perdón, la renovación y restauración de las relaciones interpersonales y sociales para una mejor calidad de vida; a efecto de prevenir futuras desavenencias; además, para garantizar el principio de accesibilidad, contenido en el Protocolo de Actuación, referente al respeto y facilidad de la movilidad de la actora, el operador jurídico, con un especialista inspeccionará las condiciones físicas y materiales, sometiendo a consideración de la actora las adaptaciones, remodelaciones o mejoras que requiera, para la realización inmediata de sus tareas ordinarias de acuerdo a su diversidad funcional, las cuales serán a su costa; además, ordenó prevenir a la enjuiciada se abstenga de dañar, afectar o quitar dichas adaptaciones, remodelaciones o mejoras, de lo contrario se le impondrán medidas de apremio. d. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, en lo demás diera respuesta conforme a sus atribuciones. d). Revocó la sentencia recurrida, sin condenar en costas. En esas condiciones la sala responsable, cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo; sin que este tribunal advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Por tanto, la sala responsable cumplió cabalmente con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada. Así lo acordó y firma el magistrado Ricardo Romero Vázquez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante la secretaria con quien actúa, licenciada María de la Luz Flores González. Doy fe."

  4. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación de cuenta, en cumplimiento al Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que en lo que interesa establece que corresponde a esta presidencia proveer sobre el cumplimiento que la responsable dio a la ejecutoria de amparo, se hace saber a las partes que el plazo concedido para que manifestaran lo que a su derecho convenga ha fenecido.

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