María Guadalupe Almaguer Pardo

Expediente 1193/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1193/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • María Guadalupe Almaguer Pardo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y del estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, transcurrió del veintitrés al veintinueve de marzo del año en curso, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Almaguer Pardo, ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, además, este Juzgado estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Notifíquese.

  2. Principal

    Reanudación. Dado que mediante Circulares SECNO/29/2020, SECNO/01/2021, SECNO/04/2021, SECNO/06/2021 y SECNO/09/2021 la Comisión Especial en sesiones de cuatro de diciembre de dos mil veinte, ocho, dieciséis y veintitrés de enero y seis de febrero del presente año, aprobó los puntos de acuerdo relativos a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", adoptando medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, y del doce al dieciocho, del diecinueve al veinticinco ambos de enero, del veintiséis de enero al nueve de febrero y del diez al quince de febrero todos del presente año respectivamente, en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito. Dichas medidas, consisten en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; con las modalidades y salvedades previstas en dicho acuerdo, destacando como precisiones, entre otras, las siguientes: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio; y, II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en los juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, con fundamento en la Circular SECNO/10/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanuda el presente juicio de amparo. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por María Guadalupe Almaguer Pardo contra actos del Congreso de la Unión y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1193/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Acto reclamado. El "Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de noviembre de dos mil veinte. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Almaguer Pardo, ya que -como se explicara más adelante- se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Dicho precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Al respecto, es importante distinguir entre la titularidad de un interés jurídico o legítimo (cuestión de derecho) y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). La anterior distinción cobra relevancia en la medida en que existen casos en los que del análisis de la demanda y del acto reclamado, se advierte sin lugar a dudas que la parte quejosa carece de un interés jurídico o legítimo para la promoción del juicio de amparo; sin embargo, en otras ocasiones, de los elementos relatados en la demanda, pudiera desprenderse la titularidad de un interés jurídico o legítimo, en cuyo caso debe existir la posibilidad de demostrarlo durante la sustanciación del juicio de amparo. En este último caso, no es necesario que se acredite plenamente la titularidad del derecho o del interés legítimo desde la presentación de la demanda, ya que tal extremo se encuentra estrechamente vinculado con un aspecto que debe ser analizado y valorado en la sentencia que se dicte en el juicio de amparo; por tanto, basta que al proveer sobre la demanda se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés jurídico o legítimo para admitirla a trámite y darle oportunidad de demostrar esa situación. Así, el interés jurídico en el juicio de amparo se refiere a la titularidad que tiene el quejoso en relación con los derechos transgredidos y, en consecuencia, se requiere que el acto de autoridad que se reclama lesione de manera directa el derecho de que es titular el quejoso. Y por lo que respecta al interés legítimo deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Lo anterior es así, ya que uno de los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo es el denominado "agravio personal y directo", que se contempla en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de la siguiente manera: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Dicho principio es recogido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo que, en la parte que interesa, prevé lo siguiente: "5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Derivado de estas normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. Ahora bien, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el legítimo supone la existencia de un interés cualificado que deriva de una situación particular frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no es posible que se ubique en ambos. Ahora, para demostrar que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión es necesario señalar que en el caso concreto, el estándar de afectación que resulta aplicable es el de interés legítimo, toda vez que así lo señala la parte quejosa y la afectación que alega la promovente la hace depender de lo siguiente: "Considero que, como diputado federal, me encuentro en una situación jurídica identificable, que surge de una relación con una reforma legislativa que vote en sentido negativo por considerarla inconstitucional, y que tiene una relación institucional, pues como legislador, jure guardar y hacer guardar la constitución. De todo lo anterior, habré de probar en este apartado que: a) existen violaciones al segundo párrafo del artículo 29 que establece una serie de derechos inamovibles durante el estado de excepción, que merecen una protección especial durante la normalidad constitucional; b) hay también, afectaciones de diversos derechos humanos como libertad de expresión, el derecho a la vivienda, a la cultura, al medio ambiente y otros; c) al ser diputado federal, en mi esfera jurídica queda comprendido el deber de guardar y hacer guardar la constitución que establece nuestra Ley Suprema en su artículo 128." De lo antes expresado podemos advertir que no existe interés legítimo de la parte quejosa en el presente asunto, ya que sólo expresa su situación frente a la norma, en este caso, como Diputado Federal, es decir, que realizó diversas cuestiones para que no fuera aprobada, que tiene un deber de guardar y hacer guardar la constitución, entre otras. Además, si bien señala que la norma en cuestión se establece o tutela algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, que el acto reclamado transgrede ese interés difuso, no señala de que forma el acto reclamado le causa una afectación directa y aunque señala que es un acto que podría afectar a la colectividad no expresa que el pertenezca a esa colectividad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), que lleva por rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Así, se actualiza de manera manifiesta e indudable, por relacionarse con cuestiones de derecho que pueden advertirse desde el inicio del juicio sin requerir un análisis minucioso o exhaustivo, tal y como acontece en el caso. Por ende, este órgano jurisdiccional estima que en contra de tal concesión se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que por su naturaleza, no es susceptible de afectar el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Resulta ilustrativa la tesis 3a. XXXVIII/91, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. DEBE SER ACTUAL". En conclusión, es evidente que el acto en cuestión no modifica, restringe ni extingue situación jurídica alguna en perjuicio de Maria Guadalupe Almaguer Pardo, por lo que carece de interés jurídico para combatirlo, ni por su situación jurídica particular frente al mismo, esto es el ser Diputado Federal, porque aunque señala que la aprobación del acto reclamado afecta diversos derechos humanos de ciertos grupos en específico, no expresa ser parte de esa colectividad, entonces el acto en cuestión no le genera una afectación, por lo que también carece de interés legítimo para combatirlo. En mérito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por ausencia de interés jurídico o legítimo. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) el acto reclamado se tiene a la vista, pues forma parte de los anexos; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos; (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza de los actos reclamados no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta, mientras el acto reclamado siga siendo el que se analiza. Lo anterior implica que la causa de improcedencia en cuestión no se presume ni se basa en indicios, sino que se encuentra plenamente acreditada a partir de la propia demanda y sus anexos, de los cuales se desprende fehacientemente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. LXXI/2004, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO." Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al advertirse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por María Guadalupe Almaguer Pardo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Ahora bien, como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación a actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Finalmente se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, en términos de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de junio de dos mil veinte. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    se notifica por medio de lista a la parte quejosa el acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno Reanudación. Dado que mediante Circulares SECNO/29/2020, SECNO/01/2021, SECNO/04/2021, SECNO/06/2021 y SECNO/09/2021 la Comisión Especial en sesiones de cuatro de diciembre de dos mil veinte, ocho, dieciséis y veintitrés de enero y seis de febrero del presente año, aprobó los puntos de acuerdo relativos a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", adoptando medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, y del doce al dieciocho, del diecinueve al veinticinco ambos de enero, del veintiséis de enero al nueve de febrero y del diez al quince de febrero todos del presente año respectivamente, en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito. Dichas medidas, consisten en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; con las modalidades y salvedades previstas en dicho acuerdo, destacando como precisiones, entre otras, las siguientes: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio; y, II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en los juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, con fundamento en la Circular SECNO/10/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanuda el presente juicio de amparo. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por María Guadalupe Almaguer Pardo contra actos del Congreso de la Unión y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1193/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Acto reclamado. El "Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de noviembre de dos mil veinte. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Almaguer Pardo, ya que -como se explicara más adelante- se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Dicho precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Al respecto, es importante distinguir entre la titularidad de un interés jurídico o legítimo (cuestión de derecho) y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). La anterior distinción cobra relevancia en la medida en que existen casos en los que del análisis de la demanda y del acto reclamado, se advierte sin lugar a dudas que la parte quejosa carece de un interés jurídico o legítimo para la promoción del juicio de amparo; sin embargo, en otras ocasiones, de los elementos relatados en la demanda, pudiera desprenderse la titularidad de un interés jurídico o legítimo, en cuyo caso debe existir la posibilidad de demostrarlo durante la sustanciación del juicio de amparo. En este último caso, no es necesario que se acredite plenamente la titularidad del derecho o del interés legítimo desde la presentación de la demanda, ya que tal extremo se encuentra estrechamente vinculado con un aspecto que debe ser analizado y valorado en la sentencia que se dicte en el juicio de amparo; por tanto, basta que al proveer sobre la demanda se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés jurídico o legítimo para admitirla a trámite y darle oportunidad de demostrar esa situación. Así, el interés jurídico en el juicio de amparo se refiere a la titularidad que tiene el quejoso en relación con los derechos transgredidos y, en consecuencia, se requiere que el acto de autoridad que se reclama lesione de manera directa el derecho de que es titular el quejoso. Y por lo que respecta al interés legítimo deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Lo anterior es así, ya que uno de los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo es el denominado "agravio personal y directo", que se contempla en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de la siguiente manera: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Dicho principio es recogido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo que, en la parte que interesa, prevé lo siguiente: "5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Derivado de estas normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. Ahora bien, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el legítimo supone la existencia de un interés cualificado que deriva de una situación particular frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no es posible que se ubique en ambos. Ahora, para demostrar que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión es necesario señalar que en el caso concreto, el estándar de afectación que resulta aplicable es el de interés legítimo, toda vez que así lo señala la parte quejosa y la afectación que alega la promovente la hace depender de lo siguiente: "Considero que, como diputado federal, me encuentro en una situación jurídica identificable, que surge de una relación con una reforma legislativa que vote en sentido negativo por considerarla inconstitucional, y que tiene una relación institucional, pues como legislador, jure guardar y hacer guardar la constitución. De todo lo anterior, habré de probar en este apartado que: a) existen violaciones al segundo párrafo del artículo 29 que establece una serie de derechos inamovibles durante el estado de excepción, que merecen una protección especial durante la normalidad constitucional; b) hay también, afectaciones de diversos derechos humanos como libertad de expresión, el derecho a la vivienda, a la cultura, al medio ambiente y otros; c) al ser diputado federal, en mi esfera jurídica queda comprendido el deber de guardar y hacer guardar la constitución que establece nuestra Ley Suprema en su artículo 128." De lo antes expresado podemos advertir que no existe interés legítimo de la parte quejosa en el presente asunto, ya que sólo expresa su situación frente a la norma, en este caso, como Diputado Federal, es decir, que realizó diversas cuestiones para que no fuera aprobada, que tiene un deber de guardar y hacer guardar la constitución, entre otras. Además, si bien señala que la norma en cuestión se establece o tutela algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, que el acto reclamado transgrede ese interés difuso, no señala de que forma el acto reclamado le causa una afectación directa y aunque señala que es un acto que podría afectar a la colectividad no expresa que el pertenezca a esa colectividad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), que lleva por rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Así, se actualiza de manera manifiesta e indudable, por relacionarse con cuestiones de derecho que pueden advertirse desde el inicio del juicio sin requerir un análisis minucioso o exhaustivo, tal y como acontece en el caso. Por ende, este órgano jurisdiccional estima que en contra de tal concesión se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que por su naturaleza, no es susceptible de afectar el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Resulta ilustrativa la tesis 3a. XXXVIII/91, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. DEBE SER ACTUAL". En conclusión, es evidente que el acto en cuestión no modifica, restringe ni extingue situación jurídica alguna en perjuicio de Maria Guadalupe Almaguer Pardo, por lo que carece de interés jurídico para combatirlo, ni por su situación jurídica particular frente al mismo, esto es el ser Diputado Federal, porque aunque señala que la aprobación del acto reclamado afecta diversos derechos humanos de ciertos grupos en específico, no expresa ser parte de esa colectividad, entonces el acto en cuestión no le genera una afectación, por lo que también carece de interés legítimo para combatirlo. En mérito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por ausencia de interés jurídico o legítimo. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) el acto reclamado se tiene a la vista, pues forma parte de los anexos; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos; (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza de los actos reclamados no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta, mientras el acto reclamado siga siendo el que se analiza. Lo anterior implica que la causa de improcedencia en cuestión no se presume ni se basa en indicios, sino que se encuentra plenamente acreditada a partir de la propia demanda y sus anexos, de los cuales se desprende fehacientemente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. LXXI/2004, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO." Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al advertirse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por María Guadalupe Almaguer Pardo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Ahora bien, como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación a actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Finalmente se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, en términos de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de junio de dos mil veinte. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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