María Guadalupe Alcantar Camarena
Expediente 213/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 213/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Guadalupe Alcantar Camarena
- No Existe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de seis de enero de dos mil veintitrés, se requirió por última ocasión a la parte quejosa para que manifestara si se encontraba recibiendo el servicio de atención médica de manera gratuita, sin que hubiere realizado pronunciamiento alguno sobre el particular. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado al respecto y este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos por las autoridades responsables. Mediante sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a ********************, para los siguientes efectos: "(.) Por lo tanto, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proporcionarle atención médica, en específico de brindarle el tratamiento de hemodiálisis, así como otorgarle los insumos e instrumentos necesarios para tal efecto; con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado para que las autoridades responsables continúen otorgando el tratamiento completo y servicios que requiere la peticionaria de amparo para el padecimiento de insuficiencia renal crónica que le aqueja." En cumplimiento a lo anterior, y a los requerimientos formulados el veintiuno de junio y veintiséis de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio de cuatro de noviembre del propio año, y recibido en este juzgado el siete de noviembre siguiente, el apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán, solicitó prórroga para dar cumplimiento al fallo protector, la cual se le concedió por tres días hábiles. Posteriormente, en atención al requerimiento formulado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por oficio de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable informó que a fin de que la quejosa reciba la atención médica respecto a su insuficiencia renal crónica y reciba sus sesiones de hemodiálisis de forma gratuita, determinó brindarle el tratamiento dialítico que requiere de manera subrogada en la clínica particular denominada Torre Victoria en la Unidad de Hemodiálisis. Asimismo, indicó que en caso de que la quejosa requiera algún medicamento diverso, deberá comparecer al nosocomio señalado, para que un médico valore si lo requiere o no, y una vez que se le generé la receta, podrá pasar al área de farmacia a recoger el medicamento prescrito, por lo que solicita se informe lo anterior a la quejosa a efecto de que reciba el tratamiento indicado; de lo que se hizo del conocimiento de la parte quejosa para que reciba la atención médica que requiere. De igual forma, se requirió a la autoridad responsable para que informara el estado de salud actual de la quejosa, y por oficio de seis de diciembre de dos mil veintidós, recibido en este juzgado el ocho siguiente, informó que el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la quejosa acudió a consulta en la que refirió que se encontraba con ansiedad, además acudió al servicio de heridas y señaló asistir a sesiones de hemodiálisis, adquiriendo una nueva cita en tres meses para seguimiento. Asimismo, señaló que el trece de noviembre de dos mil veintidós, la citada quejosa acudió al área de urgencias a solicitar atención médica por presentar un dolor abdominal, siendo su último registro. Finalmente, informó que quedó quedado cubierto el pago a la clínica particular denominada Torre Victoria en la Unidad de Hemodiálisis, lugar donde se le brinda el servicio dialítico a la quejosa; dándose vista a la quejosa para que informara si está recibiendo sus sesiones de manera subrogada, sin que haya hecho manifestación alguna. No obstante lo anterior, por auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se requirió por última ocasión a la quejosa para que informara lo anterior, sin que lo haya hecho. Atento lo anterior, se observa que la peticionaria de amparo se presentó por última ocasión el trece de noviembre de dos mil veintidós, en el área de urgencias, por lo que se estableció que la concesión de amparo también le obliga a asumir las obligaciones que a ella le corresponden, esto es, presentarse puntualmente a sus consultas y realizar las gestiones pertinentes para el suministro del tratamiento indicado en éstas. De modo que, si bien la sentencia ejecutoria declaró la violación de derechos definitiva a su favor para que le sea proporcionada la atención médica adecuada y le sean suministrados los medicamentos por parte de las autoridades responsables, así como para que se le otorgue el tratamiento integral, simultáneamente constituye a la accionante del amparo el deber reciproco de contribuir en la parte que a ella le corresponde, para acudir oportunamente cuando sea citada. Lo anterior quiere decir que, la quejosa está obligada a participar y contribuir en los cuidados, medidas y hábitos que deba adoptar, a fin de acceder en su mayor amplitud posible a la restauración de su estado físico de salud. En consecuencia, este juzgado estima que las autoridades responsables han dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce de la garantía violada y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. No obstante, los derechos de la aquí quejosa quedan a salvo para que, de considerarlo necesario, promueva diversa demanda de amparo para defender su derecho a la salud contemplado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese por lista; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el doce y veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles, manifestara si efectivamente se encuentra recibiendo el servicio de atención médica de manera gratuita, sin que a la fecha haya informado algo al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la referida ley, requiérase por última ocasión a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo anterior; apercibida que de no hacerlo se le tendrá conforme con la atención y el tratamiento médico otorgados por las responsables. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que en auto de doce de los actuales, se tuvo al apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán, y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, informando que el veintisiete de septiembre del presente año, la quejosa acudió a consulta en la que refirió que se encontraba con ansiedad, además acudió al servicio de heridas y señaló asistir a sesiones de hemodiálisis, adquiriendo una nueva cita en tres meses para seguimiento. Posteriormente, que el trece de noviembre del año en curso, la quejosa acudió al área de urgencias a solicitar atención médica por presentar un dolor abdominal, siendo su último registro. Asimismo, informó que había quedado cubierto el pago a la clínica particular denominada Torre Victoria en la Unidad de Hemodiálisis ubicado en Avenida Acueducto número 2800, Lomas de Hidalgo, de esta ciudad, lugar donde se le brinda el servicio dialítico a la quejosa, y solicitó se requiera a ésta para que informe si está recibiendo sus sesiones de manera subrogada, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a dicho requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase nuevamente a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, manifieste si efectivamente se encuentra recibiendo el servicio de atención médica de manera gratuita. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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