Maria Guadalupe Aguilar Mendoza

Expediente 1689/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1689/2015
Año
2015
Actuaciones
16
Última actuación
17/12/2015

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Aguilar Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de diciembre de dos mil quince. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1689/2015-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintitrés de noviembre de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción, sin embargo los cuadernos incidentales se declaran susceptibles de depuración, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva. Finalmente, en caso de que la autoridad responsable, se encuentre gozando del segundo periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6655/2015 de veintitrés de noviembre de dos mil quince, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de diciembre de dos mil quince. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual la Actuaria de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido del auto de veintitrés de noviembre de dos mil quince, a la parte tercera interesada Eugenio Lorenzo Aguilar Oviedo, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con treinta y cuatro minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince, estando en audiencia pública el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el presente juicio de garantías 1689/2015-IV, promovido por MARÍA GUADALUPE AGUILAR MENDOZA, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la presencia de las partes. DECLARADA ABIERTA LA AUDIENCIA, el Secretario realiza una relación oral de todas y cada una de las constancias que obran en los presentes autos. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la quejosa en su escrito de demanda de amparo consistentes en las impresiones de los comprobantes fiscales digitales con número de folio 314, 245, 286 y 265, expedidos por Condominio Villas Santa Fe Cuernavaca AC; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; asimismo, se da cuenta con las constancias que remitió la Juez Tercero en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos consistentes en copia certificada del exhorto 208/2015; asimismo, se da cuenta con las constancias que remitió el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, consistentes en copia certificada del juicio de amparo 1655/2015-V y copia certificada del juicio de amparo 1604/2015-IV. Enseguida el Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por los artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, tienen por desahogadas las documentales relatadas por el Secretario las cuales se desahogan por su propia naturaleza y que se tomarán en consideración al dictarse la sentencia definitiva. CERRADO EL PERIODO DE PRUEBAS Y ABIERTO EL DE ALEGATOS, el Secretario da cuenta con los escritos de alegatos del tercero interesado Eugenio Lorenzo Aguilar Oviedo, presentados el cuatro y nueve de noviembre de dos mil quince; asimismo, se hace constar que las demás partes no formularon alegatos y el Agente del Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento alguno. En relación con lo anterior, el Juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos del referido tercero interesado, los que se tomarán en consideración al momento de dictar la sentencia y al no existir cuestión alguna pendiente de proveer, se da por concluida la etapa de alegatos y se procede a dictar la resolución definitiva. Doy fe. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1689/2015-IV, promovido por MARÍA GUADALUPE AGUILAR MENDOZA, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado el siete de septiembre de dos mil quince a este Juzgado Federal, MARÍA GUADALUPE AGUILAR MENDOZA, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuario adscrito al Juzgado Tercero en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Por auto de ocho de septiembre de dos mil quince, se admitió la demanda, se requirió a las autoridades responsables a fin de que rindieran su informe justificado; además, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO.- Mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil quince, se requirió al quejoso a efecto de que manifestara dentro del plazo de tres días, si señalaba como autoridad responsable al Juez Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal, apercibiéndolo que de no hacer manifestación alguna se le tendría por desinteresado en el señalamiento de dicha autoridad responsable. CUARTO.- Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil quince, se amplió el plazo otorgado a la quejosa a quince días para que manifestara si señalaba como autoridad responsable al Juez Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal. QUINTO.- En acuerdo emitido el veinte de octubre de dos mil quince, en virtud de que transcurrió el plazo otorgado a a la impetrante sin hubiese señalado como autoridad responsable al Juez Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal, se tuvo como autoridades responsables las señaladas en su escrito de demanda. Se continuó con el trámite correspondiente, desahogándose la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción, I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, menciona que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ejercerán jurisdicción en el territorio que conforma dicha entidad federativa; además, el acto reclamado es atribuido a autoridades que residen dentro de tal territorio, en el que, además, tiene ejecución. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia , que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que el acto que se reclama en esta instancia constitucional es el acuerdo de once de agosto de dos mil quince, emitido por al Juez Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal, en el juicio 319/07, a través del cual ordenó poner al actor en posesión del inmueble rematado, esto es, de acuerdo a las constancias de autos, casa 21 del condominio Villas Santa Fe, localizado en avenida Álvaro Obregón número 807, inmueble identificado como lote 62 de la manzana 70 Zona I del poblado de Tlaltenango, Cuernavaca Morelos, ordenando el lanzamiento del demandado. SEGUNDO.- Es cierto el acto reclamado consistente en el acuerdo de once de agosto de dos mil quince, emitido por al Juez Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal, en el juicio 319/07, a través del cual ordenó poner al actor en posesión del inmueble rematado, esto es, de acuerdo a las constancias de autos, casa 21 del condominio Villas Santa Fe, localizado en avenida Álvaro Obregón número 807, inmueble identificado como lote 62 de la manzana 70 Zona I del poblado de Tlaltenango, Cuernavaca Morelos, ordenando el lanzamiento del demandado; lo cual está demostrado con las copias certificadas del exhorto 208/2015, remitidas por el Juez Tercero en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. A dicho documento, por ser un documento público, al haber sido expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones, se le concede eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, son ciertos los actos de ejecución atribuidos al Juez Tercero en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuario adscrito al mencionado Juzgado, en virtud de que así lo aceptaron al rendir sus informes justificados. TERCERO. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferencial, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede a analizar, de oficio, si se actualiza alguna. En ese orden de ideas, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" El primero de los dispositivos legales contempla que, si en relación con los actos que se reclaman a través del juicio de garantías, exista un precepto legal del cual resulte la improcedencia, así debe declararse. En ese sentido, el artículo 5, fracción II, establece que son autoridades responsables para efectos del juicio de garantías, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y, a su vez, el diverso 108, fracción III, establece el deber del quejoso de señalar a la o las autoridades a quienes atribuya los actos reclamados. En ese sentido, debe decirse que el acto que se reclamó en esta instancia constitucional, se trata del acuerdo de once de agosto de dos mil quince, emitido por al Juez Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal, en el juicio 319/07, a través del cual ordenó poner al actor en posesión del inmueble rematado, esto es, de acuerdo a las constancias de autos, casa 21 del condominio Villas Santa Fe, localizado en avenida Álvaro Obregón número 807, inmueble identificado como lote 62 de la manzana 70 Zona I del poblado de Tlaltenango, Cuernavaca Morelos, ordenando el lanzamiento del demandado. Ahora bien, de autos se advierte, específicamente de la copia certificada del exhorto 208/2015, remitido por el Juez Tercero en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que fue el Juez Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal, quien emitió el acuerdo reclamado. Sin embargo, a pesar de que por autos de veintidós de septiembre de dos mil quince y ocho de octubre de dos mil quince, se requirió a la impetrante para el efecto de que manifestara si señalaba como autoridad responsable al Juez Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal, quien fue la autoridad que emitió el acto reclamado, no lo hizo dentro del plazo concedido, razón por la cual, mediante auto dictado el veinte de septiembre de dos mil quince, se tuvieron únicamente como autoridades responsables a las señaladas en el escrito de demanda de amparo. En mérito de lo anterior, debe sobreseerse en el juicio, en virtud de no ser posible analizar la constitucionalidad del acuerdo reclamado al no haber sido designado como responsable la autoridad que lo emitió, precisamente porque al no ser llamada a juicio, no existe posibilidad de que pueda defender la constitucionalidad de tal acto. Es aplicable la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 113 del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así mismo, apoya a lo anterior, en lo conducente la tesis XV. 1o. 31 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, página 283 del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. El artículo 11 de la Ley de Amparo dispone que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado; ahora bien, cuando a virtud de encontrarse el domicilio del demandado en el extranjero, el juez de la causa ordena el respectivo emplazamiento a través de carta rogatoria, resulta que para efectos del amparo, es autoridad ordenadora el juez civil de primera instancia y autoridad ejecutora el Canciller del Consulado Mexicano en el país que efectúe materialmente el emplazamiento y no el actuario adscrito al Juzgado del conocimiento, de tal manera que si en la demanda de garantías que se promueva sólo es señalado este último como autoridad ejecutora, jurídicamente no procede analizar la constitucionalidad de los actos efectuados por el Canciller mexicano en el extranjero si no fue llamado a juicio ni oído como autoridad responsable del emplazamiento reclamado, por lo que en tal caso procede sobreseer en el juicio de garantías correspondiente. También resulta aplicable en lo conducente la tesis XX.31 K emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 199, página: 512 del texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTIAS SI EN LA DEMANDA SE SEÑALA A UNA AUTORIDAD DIFERENTE DE LA QUE EMITIO EL. Si el quejoso interpone una demanda de amparo, señalando como autoridad responsable ordenadora a una que no emitió el acto reclamado y sin que conste que ésta tuviese jurisdicción alguna en el asunto por impedimento, excusa o cualquier otra causa, es evidente que ante tal circunstancia opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 11, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el juicio constitucional, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es que se sobresea en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Juez Tercero en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y al Actuario adscrito a dicho Juzgado, en virtud de que no se reclamaron por vicios propios, sino su inconstitucionalidad se hizo depender del acuerdo reclamado. Por lo expuesto, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 2º, 73, 74, 75, y 124 de la Ley de Amparo; y 1º, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR MARÍA GUADALUPE AGUILAR MENDOZA, contra el acuerdo de once de agosto de dos mil quince, emitido por el al Juez Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal, en el expediente 319/07 y su ejecución, que se reclamó al Juez Tercero en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuario adscrito a dicho Juzgado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Asimismo, en cumplimiento del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de los sentenciados; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy veintitrés de noviembre de dos mil quince, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido, el oficio 4524/2015, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de cinco de noviembre de dos mil quince, dictado en el juicio laboral 01/391/14-III de su índice; de la que se advierte que comisionó al actuario adscrito a fin de emplazar a la parte demandada a juicio, lo anterior en aras de acreditar que dicha autoridad se encuentra realizando actos tendientes para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Ahora bien, tomando en consideración que la autoridad responsable se encuentra en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo procedente es requerir a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de DIEZ DÍAS, que será computado legalmente, remita copia certificada del emplazamiento correspondiente, o informe las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por el cual informa que de acuerdo a las dificultades financieras del municipio, le impide cumplir con el pago requerido, debido a que se ha agotado el recurso con que cuenta ese Ayuntamiento, además de que ante la terminación del periodo de administración municipal que corre, ya no se están entregando los fondos y recursos municipales suficientes, solicitando un plazo razonable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención a que se encuentra realizando actos necesarios y para acreditar lo anterior, remite copia certificada de lo siguiente: Oficio SH/02012-2/2015, de fecha siete de octubre del año en curso, expedido por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por el cual informó a la Presidenta y Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, que no es posible dar trámite favorable, toda vez que no se cuenta con partida presupuestal destinada al otorgamiento de dichos apoyos financieros extraordinarios. Acta de sesión extraordinaria de Cabildo del Gobierno Municipal de Emiliano Zapata, celebrada el veintiuno de septiembre del año en curso, por la cual como resultado de la votación la Presidenta Municipal declaró aprobado por unanimidad de votos la modificación al presupuesto de egresos para asignar una partida presupuestal para el pago de ISABIS de acuerdo a los procedimientos por la diferentes instancias judiciales. Oficio PM/214/9-2015 de fecha treinta de septiembre del año en curso, dirigido al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, por el cual solicitó respaldo económico con recursos extraordinarios debido al estado que guarda la administración municipal; y en contestación al referido oficio la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, informó entre otras cosas que lo que respectaba a la solicitud de aportación extraordinaria de recursos no era posible dar trámite favorable a su solicitud toda vez que no se contaba con partida presupuestal destinada al otorgamiento de dichos apoyos financieros extraordinarios. Por consiguiente, toda vez que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Danira Santana Barrera, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, con domicilio ubicado en la Plaza diez de abril sin número Centro de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, siguientes a la que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, devuelva a la quejosa la cantidad de $8,375.00 (ocho mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se continuará con el trámite del incidente de inejecución de sentencia, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Olga Castillo Montesinos), con domicilio ubicado en la Plaza diez de abril sin número Centro de Emiliano Zapata, Morelos, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los CIEN A LOS MIL DÍAS DE SALARIO mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Finalmente, se tiene por recibido el oficio de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, y del Ayuntamiento por conducto de los integrantes del Cabildo, por el cual informan que giró oficio a la Tesorera Municipal Danira Santana Barrera para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y realizara el pago por la cantidad que fue condenado el Ayuntamiento, anexando la constancia para acreditar lo anterior; agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia oficial, autorizada mediante circular CCJ/ST/6021/2015, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el tres de noviembre de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón que autoriza y da fe.

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