María Guadalupe Aguilar Guerrero
Expediente 859/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 859/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Guadalupe Aguilar Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído de dos de diciembre del año en curso, en el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio de la Jueza Tercero Menor Civil de esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado, ello de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Del informe rendido por la oficiante y las constancias allegadas por la misma como sustento de su informe justificado, se obtiene que: En el Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil número ***********, promovido por *************, compareciendo en su carácter de endosatario en propiedad, en contra de *******************, deudoras principales. Que en fecha ocho de julio de dos mil veintiuno, la actuaria adscrita al juzgado tercero menor civil de esta ciudad, en compañía de **************, endosatario en propiedad, se constituyó en el domicilio ubicado en ****************, quejosa en el presente juicio, la cual se identificó con credencial para votar número ****************, como se advierte de constancias, así como en el diverso ************** de esta ciudad, este último de la también deudora *******************, identificándose con credencial para votar número ***************, a fin de notificarles la admisión de la demanda en su contra, en la que se les ordenó para que en el término de ocho días hábiles acudieran a ese órgano jurisdiccional hacer el pago por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos m.n.); asimismo, para que se opusieran a la ejecución si tuvieran excepciones legales que hacer valer; además, se les apercibió que en caso de no hacerlo, señalaran bienes suficientes para cubrir el monto, sin dar acceso al domicilio. En dicha diligencia, se advierte que la quejosa en el presente, ******************, manifestó que reconoce que debe esa cantidad que se le debe a *********************, no al actor, pero que trataría de llegar a un acuerdo con el deudor, sin dar acceso al domicilio. Mediante acuerdo de doce de julio del año en curso, la responsable autorizó el uso de la fuerza pública y cerrajero a efecto de llevar a cabo la diligencia de embargo y emplazamiento ordenada en auto de radicación. El cinco de agosto de dos mil veintiuno, el actuario adscrito al Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, en compañía de ***************, endosatario en propiedad, se constituyó en el domicilio de la quejosa **************, de esta ciudad, a fin de señalar bienes para cubrir el monto solicitado por la autoridad responsable, la cual dió acceso al actuario y endosatario a ese domicilio. De los referidos medios de convicción a los cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa esencialmente reclama: El emplazamiento, citación notificación o llamamiento a juicio o cualesquiera nombres que se le haya dado, que SUPUESTAMENTE hicieron a la suscrita ***************** en el juicio ejecutivo mercantil *************** radicado en el Juzgado tercero menor de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato, pues nunca la suscrita ha sido emplazada, notificada o llamada al proceso indicado, ni ha sabido por ningún otro motivo del juicio ejecutivo mercantil que se señala. Pues como se apreciará más adelante, la suscrita nunca ha sido emplazada, notificada o llamada a proceso, a pesar de todo llevaron a cabo el juicio, sin que a la suscrita se le hiciera de su conocimiento del mismo. Como se desprende de lo anterior, de igual manera se reclama la consecuencia de todo el proceso seguido sin el conocimiento de la suscrita, ya que desconoce el estado procesal en el que se encuentra el juicio ejecutivo mercantil ****************." Sin embargo, de las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil ************ del índice del Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, en especial de la diligencia que se llevó a cabo el ocho de julio del año en curso, en el domicilio de la quejosa y entendida con ésta," se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que desde ocho de julio de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento del acto que ahora reclama. Es decir, a partir de la diligencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, en que la quejosa fue notificada de la demanda que se entabló en su contra y se le realizó el requerimiento de pago, resultó sabedora de esa circunstancia legal, por lo que a partir de esa temporalidad estuvo en aptitud legal de combatir esa determinación. Debe precisarse que, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del doce al treinta de julio del año en curso, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que tuvo conocimiento del acto de autoridad, a saber, el doce de julio del año que trascurre. II. Fueron inhábiles los días diez y once de julio del año en curso, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, como el acto que reclama la parte quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y se promovió la demanda que se estudia hasta el veintidós de noviembre del año en curso; es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio de la Jueza Tercero Menor Civil de esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado, ello de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Del informe rendido por la oficiante y las constancias allegadas por la misma como sustento de su informe justificado, se obtiene que: En el Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil número ***********, promovido por *************, compareciendo en su carácter de endosatario en propiedad, en contra de *******************, deudoras principales. Que en fecha ocho de julio de dos mil veintiuno, la actuaria adscrita al juzgado tercero menor civil de esta ciudad, en compañía de **************, endosatario en propiedad, se constituyó en el domicilio ubicado en ****************, quejosa en el presente juicio, la cual se identificó con credencial para votar número ****************, como se advierte de constancias, así como en el diverso ************** de esta ciudad, este último de la también deudora *******************, identificándose con credencial para votar número ***************, a fin de notificarles la admisión de la demanda en su contra, en la que se les ordenó para que en el término de ocho días hábiles acudieran a ese órgano jurisdiccional hacer el pago por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos m.n.); asimismo, para que se opusieran a la ejecución si tuvieran excepciones legales que hacer valer; además, se les apercibió que en caso de no hacerlo, señalaran bienes suficientes para cubrir el monto, sin dar acceso al domicilio. En dicha diligencia, se advierte que la quejosa en el presente, ******************, manifestó que reconoce que debe esa cantidad que se le debe a *********************, no al actor, pero que trataría de llegar a un acuerdo con el deudor, sin dar acceso al domicilio. Mediante acuerdo de doce de julio del año en curso, la responsable autorizó el uso de la fuerza pública y cerrajero a efecto de llevar a cabo la diligencia de embargo y emplazamiento ordenada en auto de radicación. El cinco de agosto de dos mil veintiuno, el actuario adscrito al Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, en compañía de ***************, endosatario en propiedad, se constituyó en el domicilio de la quejosa **************, de esta ciudad, a fin de señalar bienes para cubrir el monto solicitado por la autoridad responsable, la cual dió acceso al actuario y endosatario a ese domicilio. De los referidos medios de convicción a los cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa esencialmente reclama: El emplazamiento, citación notificación o llamamiento a juicio o cualesquiera nombres que se le haya dado, que SUPUESTAMENTE hicieron a la suscrita ***************** en el juicio ejecutivo mercantil *************** radicado en el Juzgado tercero menor de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato, pues nunca la suscrita ha sido emplazada, notificada o llamada al proceso indicado, ni ha sabido por ningún otro motivo del juicio ejecutivo mercantil que se señala. Pues como se apreciará más adelante, la suscrita nunca ha sido emplazada, notificada o llamada a proceso, a pesar de todo llevaron a cabo el juicio, sin que a la suscrita se le hiciera de su conocimiento del mismo. Como se desprende de lo anterior, de igual manera se reclama la consecuencia de todo el proceso seguido sin el conocimiento de la suscrita, ya que desconoce el estado procesal en el que se encuentra el juicio ejecutivo mercantil ****************." Sin embargo, de las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil ************ del índice del Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, en especial de la diligencia que se llevó a cabo el ocho de julio del año en curso, en el domicilio de la quejosa y entendida con ésta," se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que desde ocho de julio de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento del acto que ahora reclama. Es decir, a partir de la diligencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, en que la quejosa fue notificada de la demanda que se entabló en su contra y se le realizó el requerimiento de pago, resultó sabedora de esa circunstancia legal, por lo que a partir de esa temporalidad estuvo en aptitud legal de combatir esa determinación. Debe precisarse que, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del doce al treinta de julio del año en curso, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que tuvo conocimiento del acto de autoridad, a saber, el doce de julio del año que trascurre. II. Fueron inhábiles los días diez y once de julio del año en curso, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, como el acto que reclama la parte quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y se promovió la demanda que se estudia hasta el veintidós de noviembre del año en curso; es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Incidental
ÚNICO. Se concede a ****************, la suspensión definitiva que solicita en los términos señalados en el considerando tercero de la presente interlocutoria.
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