Maria Guadalupe Aguilar Aguilar y Otros.
Expediente 982/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2022
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Aguilar Aguilar y Otros.
- Maria Guadalupe Aguilar Aguilar
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de julio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó el presente asunto (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia emitida en el presente asunto, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, no fue recurrida por la parte a la cual pudiera perjudicar; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En ese sentido, toda vez que la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que las autoridades responsables Director General del Instituto de Salud del Estado de México y Secretario de Salud del Estado de México, realicen lo siguiente: "1. Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente resolución, las autoridades responsables incluyan a las menores quejosas, de acuerdo con su edad acreditada, en el grupo etario correlativo de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención de la COVID 19 en México", con independencia de que cuente con comorbilidades o no. 2. De acuerdo con lo anterior, y previo otorgamiento de consentimiento informado por parte de los padres, o quien ejerza la patria potestad de las menores, realicen las gestiones necesarias para que se les aplique el esquema completo de la vacuna contra la COVID-19, del laboratorio Pfizer-BioNTech de acuerdo con el manual de aplicación de la vacuna. Lo anterior, siempre y cuando la responsable dentro de sus facultades considere factible la inoculación respectiva, es decir, que no exista restricción o prescripción médica para hacerlo; en el entendido que de ser procedente la aplicación de la citada vacuna, será bajo las condiciones y las medidas establecidas por las autoridades sanitarias correspondientes; quedando bajo su más estricta responsabilidad la salud y seguridad de las menores quejosas; luego, es responsabilidad de las autoridades de salud respectivas seguir los protocolos médicos establecidos. Ahora, en caso de que la responsable conforme a sus atribuciones estime que los menores no son aptos para recibir la vacuna y/o no es procedente su inoculación, atendiendo a las restricciones o prescripciones médicas correspondientes, deberá justificar tal circunstancia y remitir las constancias que sustenten su dicho. Precisando que el presente asunto quedará cumplido una vez que se acredite que se aplicaron las dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, a las menores quejosas, o bien, de ser el caso, la responsable justifique de manera fundada y motivada, que las menores no son aptas para recibir dicha vacuna, ello en atención a las restricciones médicas que en su caso la responsable o autoridad competente determinen; y con las constancias que sustenten su dicho." Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que el uno de junio del año en curso, se recibió el escrito signado por Berenice Antonio Jaramillo, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual informó que el día veintisiete de mayo del año en curso, se llevó a cabo la inoculación con la segunda dosis a las menores quejosas de iniciales S.S.M. y A.S.M., contra el virus SARSCoV-2, que origina la enfermedad conocida como COVID-19; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "-La omisión de integrar a las menores de iniciales S.S.M. y A.S.M. al grupo etario de cinco a once años de edad, en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de COVID-19 en México; y, como consecuencia, la negativa a ser vacunada con el biológico autorizado." Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta de mayo de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se resolvió: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Yuridia Mojica García, en representación de las menores de identidad reservada de iniciales S.S.M. y A.S.M, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de México y otras autoridades, en términos del considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Yuridia Mojica García, en representación de las menores de identidad reservada de iniciales S.S.M. y A.S.M, contra actos del Secretario de Salud del Estado de México y otras autoridades, para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución." En esta fecha ha causado ejecutoria la sentencia de referencia, no obstante no ha lugar a requerir el cumplimiento toda vez que mediante escritos registrados con folios 7145 y 9948; la promovente de amparo Yuridia Mojica García y Berenice Antonio Jaramillo, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, informaron que los días veintiséis de abril y veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se llevaron a cabo las inoculaciones de la primera y segunda dosis a las menores quejosas en este asunto, contra el virus SARS-CoV-2, que origina la enfermedad conocida como COVID-19. Lo precedente revela que no obstante las responsables no han exhibido las constancias relativas a la aplicación del esquema de vacunación a la parte quejosa, con las documentales aportadas por la propia promovente del amparo y su autorizada, se acredita que acataron el efecto de la ejecutoria, pues el veintiséis de abril y veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se llevaron a cabo la inoculación de la primera y segunda dosis a las menores quejosas de iniciales S.S.M. y A.S.M.; de ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra totalmente cumplida. En consecuencia, se puede concluir que las autoridades responsables no incurrieron en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrieron en exceso, ya que no se extralimitaron de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el oficio de cuenta por el que el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, Almoloya de Juárez, Estado de México, realiza diversas manifestaciones en torno al requerimiento formulado el trece de junio del año en curso. Ahora, en atención a las aseveraciones formuladas por la autoridad oficiante, dígase que el nombre correcto y completo de los aquí quejosos es Paulino Flores Vargas y Emmanuel Mendoza Hernández, tal y como se le hizo saber desde el auto admisorio y durante la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, lo cual se corrobora de los informes que ha rendido en este expediente. Por otra parte, tocante a la manifestación en el sentido de que a la parte quejosa le recae la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia de los actos reclamados, debe decirse que el requerimiento formulado en autos es en acatamiento a la ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el amparo en revisión 230/2021. Motivo por el cual, atendiendo a los lineamientos expuestos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, y a fin de allegarse de todos los elementos necesarios para resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la Materia, se requiere nuevamente al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, Almoloya de Juárez, Estado de México, para que en el término de tres días, remita copias certificadas de las bitácoras, exámenes médicos y psicológicos, así como del expediente clínico de los quejosos Paulino Flores Vargas y Emmanuel Mendoza Hernández, haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Con el apercibimiento que de continuar con su conducta contumaz y no remitir las constancias solicitadas, se hará efectivo con el que se conminó en auto de trece de junio del año en curso, y se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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