Maria Guadalupe Adame Guzman

Expediente 378/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 23 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
378/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Adame Guzman
  • Director del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municipios del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dos de octubre de dos mil ampara y protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Se requiere cumplimiento. Ahora, en la sentencia se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa en los términos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la misma ley, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el caso, es evidente que no es factible restituir en el goce del derecho violado a la parte quejosa, en cuanto al pago retrasado del mes de enero de dos mil veintiuno, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicios que durante ese lapso sufrió la agraviada, al no recibir el pago oportuno, y a consecuencia de esa conducta de las responsables, existe inminencia de que se seguirán desfasando, lo que implica deducir que el pago de las pensiones no se realizará de forma normal y puntual. Por tanto, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas violaciones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos de pensión subsecuentes, se realicen al agraviado en tiempo, en virtud de que de ésta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de la or tanto, debe concederse el amparo para el efecto de que las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California realicen los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado instituto. Para lo cual, deberán girar los oficios necesarios a los departamento correspondientes de ese instituto, a fin de que se asegure el pago oportuno de la pensión, incluso podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. Sobre este aspecto, es aplicable por analogía, la tesis 2a./J. 139/2017 (10a.)1 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos de la protección constitucional únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder extenderlos respecto de actos futuros, pues ello es propio del juicio de amparo contra normas generales. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo." Ahora bien, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone que el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, de manera razonable y estrictamente determinado, se procede a delimitar los efectos de la protección constitucional otorgada, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la presente sentencia. 1 Visible en la página 941, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Para ello, debe tomarse en consideración, que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, imposibilitaría a la suscrita tener por cumplida la ejecutoria de amparo, quedando el expediente en trámite de ejecución por tiempo indefinido. Por lo que a fin de evitarlo, se estima que el plazo de cuatro meses, es razonablemente correcto, para que se vigile que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la sentencia concesoria, y luego de agotado ese lapso, podrá emitirse pronunciamiento sobre si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En la inteligencia que, de declararse cumplido el fallo protector, e incurrir las autoridades nuevamente en el retraso de pago de la pensión, el agraviado tendrá expedito su derecho para agotar los recursos previstos en la Ley de Amparo, para lograr el cumplimiento en el mismo amparo, sin necesidad de instar uno nuevo. Apoya las consideraciones anteriores, por identidad jurídica, ya que se trata de un amparo indirecto, la jurisprudencia 2a./J. 33/2014 (10a.)2 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Tratándose del juicio de amparo indirecto, para garantizar que las autoridades responsables tengan el tiempo suficiente para analizar y materializar debidamente los alcances de las sentencias concesorias, esto es, sin excesos ni defectos, conforme al artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el diverso numeral 193, párrafo tercero, de la propia ley, instituye una atribución para aquellos casos en los que las autoridades demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, o bien justifiquen la causa del retraso, supuestos en los cuales podrá ampliarse cualquiera de los plazos inicialmente otorgados por una sola vez. Ahora, si bien dicha disposición está dirigida a normar la actuación de los Jueces de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, nada impide que los Tribunales Colegiados de Circuito, con la misma finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de sus sentencias, también gocen de la facultad para prorrogar discrecionalmente los plazos que de inicio hubiesen otorgado para ello, sobre todo porque es un hecho notorio la frecuencia con la que se dictan ejecutorias en los juicios de amparo directo en las que la variedad y complejidad de las pretensiones planteadas en el juicio natural exigen de los tribunales comunes un análisis de fondo acucioso, cuyo tiempo de estudio difícilmente puede programarse a priori, sin el riesgo de incurrir en una previsión insuficiente para acatar con exhaustividad y profesionalismo la protección constitucional obtenida, ya que la premura con la que éstos deben actuar tampoco puede ni debe restar calidad al cumplimiento. Menos aún resulta factible prever con precisión el tiempo en que podría llevarse a cabo la reparación integral de las diversas violaciones procesales que, en muchos casos, son la fuente de la concesión del amparo, pues algunas de ellas se realizan en más de una sola diligencia, y tratándose de la restitución en el goce de la oportunidad defensiva, por lo común se 2 Visible en la página 926, libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación requiere de fases de preparación y desahogo de pruebas, que suelen enfrentar vicisitudes procesales imprevistas que retrasan de manera justificada el procedimiento. En consecuencia, con el fin de robustecer no sólo el oportuno cumplimiento de las sentencias estimatorias, sino también su observancia puntual en forma reflexiva y, en su caso, procesalmente completa y satisfactoria de los intereses de las partes, debe admitirse que los Tribunales Colegiados de Circuito están facultados para extender con prudencia el plazo del cumplimiento conforme lo exijan las circunstancias propias de cada asunto y en correspondencia a esa discrecionalidad, dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que en tal sentido les formulen las autoridades responsables, antes de declarar que han incurrido en desacato". Requerimiento a las responsables. Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiéranse a las autoridades responsables Director y Jefe del Departamento de Nominas, Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, den cumplimiento al fallo protector, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias con las que acrediten fehacientemente tal circunstancia. Apercibimiento. Apercibidas que de no cumplir con lo ordenado, tener una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, en turno, que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." En la inteligencia de que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a la autoridad señalada, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberá atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten, para cuidar que se observe la concesión que se otorga al impetrante, en el entendido de que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de diversas autoridades ligadas por cualquier motivo a las autoridades responsables, éstas deberán, dentro del término que les ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal. Una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MARIA GUADALUPE ADAME GUZMAN POR LISTA DE ESTRADOS LA SENTENCIA DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMA QUE EN SUS RESOLUTIVOS QUEDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Guadalupe Adame Guzmán, respecto a los actos reclamados al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y al Jefe del Departamento de Nóminas, Pensiones y Jubilaciones del referido instituto, precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos establecidos en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuenta. El trece de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta con el oficio y anexo registrado con el número 1813. Conste.Tijuana, Baja California, trece de febrero de dos mil veintitrés. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el oficio que remite la Delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, sin que sea el caso dictar mayor proveído, toda vez que en auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se acordó sobre su contenido. Cúmplase.

  4. Principal

    Cuenta. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el oficio registrado con el número 1187. Conste.Tijuana, Baja California, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio que remite la Delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, remite copias certificadas de las constancias relativas a la totalidad de los pagos realizados en el dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Pruebas. Por tanto, con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas como prueba de su parte en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que adjunta al oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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