Maria Guadalupe Acero Armendariz
Expediente 466/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Acero Armendariz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de quince de enero del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que el proveído que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo que se desechó, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, dos de febrero de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta suscrita por el actuario adscrito a este juzgado, por medio de la cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa Banco Nacional de México Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero Banamex, a través de su Apoderada Legal María Guadalupe Acero Armendáriz, el auto de quince de enero de la presente anualidad, por las razones que expone. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista de acuerdos el presente proveído, el auto de quince de enero de la presente anualidad, así como los subsecuentes, aún los de carácter personal, hasta en tanto señalen nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, quince de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que debido a los contagios generados por el virus denominado COVID-19, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte, acordó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, periodo durante el cual, con las salvedades previstas en el citado esquema, se suspendieron los plazos y términos procesales. Posteriormente, de conformidad con la Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional y demás que integran el Vigésimo Circuito es nuevamente el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, que regía hasta antes de la suspensión. Por otra parte, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, a través de su apoderada legal María Guadalupe Acero Armendáriz, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta, volumen un mil doscientos noventa y seis, pasada ante la fe del notario público número uno del entonces Distrito Federal, licenciado Roberto Núñez y Bandera, promovida contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas. 2. Delegado de Hacienda, con sede en Tonalá, Chiapas. 3. Ejecutor adscrito a la Secretaría de Hacienda, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 466/2020. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y de sus anexos, este juzgado advierte que respecto del acto reclamado por el quejoso, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En el caso, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional esencialmente lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO: La omisión de notificar personalmente a mi representada el acuerdo que ordena la multa impuesta a mi representada, el que de acuerdo al documento denominado Requerimiento de Pago y/o Embargo de fecha 20 de Noviembre de 2020, deriva del expediente número 834/2018, por concepto de desacato a un mandato judicial, sin que mi mandante haya tenido la oportunidad de conocer dicho acto y de defenderse en su caso. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA: Del Delegado de Hacienda, con residencia en Tonalá, Chiapas, reclamo la orden de requerimiento de pago y/o embargo de fecha 20 de Noviembre de 2020, mediante la que requiere a mi representada el pago por la cantidad de $869.00 pesos, por concepto de multa estatal no fiscal impuesta por la autoridad que refiere, más gastos de ejecución, sin que haya otorgado a mi poderdante el plazo a que se el propio Mandamiento de Ejecución al referir textualmente que: en virtud de que a la fecha no ha cubierto la multa descrita con anterioridad", a fin de que mi mandante estuviera en la posibilidad de impugnarla a partir de su legal notificación, así como la falta de fundamentación y motivación para ordenar el cobro contenido en el documento que adjunto a la presente demanda de garantías. Del Ejecutor dependientes de la Delegación de Hacienda reclamo la SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS en agravio de mi representada, llevando consigo un Citatorio de espera fechado el 24 de Noviembre del año en curso, para el efecto de que el representante legal de la Institución estuviese presente al día siguiente, habiendo adjuntado el requerimiento de pago y/o embargo de fecha 20 de Noviembre de 2020, y 4 hojas en blanco del Acta de Notificación Estatal y Acta de Requerimiento de Pago y/o embargo Estatal, sin firmas, únicamente con sellos en las dos últimas fojas, pero que omiten concluir el acto de la notificación." Analizado el contexto de la demanda, se llega a la consideración de que el juicio que ahora se promueve es improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, del análisis íntegro que se realizó a la demanda de que se trata, se advierte que en el capítulo de Antecedentes, la parte quejosa refiere: "1.- Con fecha 24 de Noviembre del año en curso, el Ejecutor de la Delegación de hacienda SIMULO notificar a mi representada el requerimiento de pago y/o embargo de fecha 20 de Noviembre de 2020 que adjunto, SIN haber llenado las hojas inherentes al Acta de Notificación Estatal y Acta de Requerimiento de Pago y/o Embargo Estatal, el que dejó totalmente en blanco y sin firmas.". En ese contexto, lo anterior, es suficiente para acreditar que al desde el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado. Por lo tanto, el término para interponer la demanda amparo transcurrió del veinticinco de noviembre al quince de diciembre de dos mil veinte, con exclusión de los días veintiocho y veintinueve de noviembre, así como, cinco, seis, doce y trece de diciembre de dos mil veinte, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, si la parte quejosa promovió la demanda de amparo hasta el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, según se advierte de la evidencia criptográfica que obra al final de la demanda de cuenta, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo. Es así, pues desde el día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado (veinticuatro de noviembre del año en curso), hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo (diecisiete de diciembre del actual), transcurrieron más de quince días. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama; sin embargo, al no hacerlo la misma resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece en la página 652, Primera Parte, precedentes, del Apéndice en consulta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXV, mayo de 2007, materia común, página 286, registro electrónico 172550 que al efecto reza: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, a través de su apoderada legal María Guadalupe Acero Armendáriz. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea De igual manera con fundamento en la fracción XIX, del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto se señala en el escrito de demanda; asimismo se tienen como autorizados de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 párrafo segundo de la Ley de Amparo a Cinthya Armendáriz Victorio y Erwin Gerardo Domínguez Amador, puesto que sus cédulas no se encuentran inscritas en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus denominado "COVID19".
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