María Griselda Mora Fernández

Expediente 221/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
221/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
01/04/2019

Partes del expediente

  • María Griselda Mora Fernández

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Autoridad responsable remite constancias con las que acredita dar cumplimiento a requerimiento efectuado en autos; dese vista al quejoso con dichas constancias.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: " Xalapa, Veracruz, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho y en representación del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pacho Viejo, Veracruz y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 221/2019/V-B. SEPARACIÓN DE JUICIOS De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la aquí quejosa **********, Síndica Única Municipal, por sí y en representación del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, reclama lo siguiente: Por derecho propio. a) La orden de detención y/o presentación emitida en su contra por los Jueces Primero y Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, y su ejecución. En representación del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz. b) La orden de corte y/o suspensión de suministro de energía eléctrica, que atribuye a las autoridades responsables denominadas **********, Suministradores de Servicios Básicos en la Zona Comercial Veracruz, División Comercial Oriente y Zona Comercial Xalapa, respectivamente, así como su ejecución. Lo anterior, pone de manifiesto que se reclaman actos completamente desvinculados entre sí, atribuidos distintas autoridades, emitidos en perjuicio de diversos quejosos, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, resulta procedente la separación material de juicios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, Tomo VI, del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197671, de rubro siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA". En consecuencia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo, únicamente por el acto reclamado reclamado en representación del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, precisado en el inciso b). Ahora bien, respecto del acto reclamado señalado en el inciso a), para el efecto de la separación material de autos, obténgase copia certificada de las constancias necesarias, a efecto de que se estudie por separado en diverso juicio de amparo. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones la tesis jurisprudencial P./J. 78/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento diecisiete, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197669 bajo el rubro siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA." Gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, para que asigne el número de ingreso del asunto que fue motivo de esta separación de juicios, y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, conforme a lo que en seguida se expone. Sirve de apoyo la tesis I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso, contra los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los dispositivos 1, fracción I y 5, fracción II, de la ley de la materia, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad o autoridades responsables teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)" De los artículos citados, se desprende que el juicio de garantías, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que; por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares a excepción de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad con los que se afecten los derechos del quejoso y esas funciones están determinadas en la ley. Precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. Sirve de apoyo, la tesis P. XXVII/97, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de mil novecientos noventa y siete, página ciento dieciocho, Novena Época, que refiere lo siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De lo anterior, se obtiene que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada, como ya se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, y que por tal se entiende como aquella que con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar, el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Lo anterior tiene sustento en la tesis XXXVI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, página trescientos siete, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Ahora bien, en el caso el acto reclamado lo constituye la orden de corte y/o suspensión de suministro de energía eléctrica en agravio del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, que reclama de las autoridades denominadas **********, Suministradores de servicios Básicos en la Zona Comercial Veracruz, División Comercial Oriente y Zona Comercial Xalapa, respectivamente, y su ejecución. En ese sentido, quien esto resuelve concluye que tal reclamo no es un acto de autoridad para efectos del amparo, porque no existe la relación de supra a subordinación, sino que el acto combatido es consecuencia de la misma relación contractual relativa al servicio de energía eléctrica, cuya relación entre los intervinientes es de coordinación. Respecto al tema en controversia el doce de enero de dos mil dieciocho, se publicó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual al resolver la contradicción de tesis 250/2017, sostenida entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, determinó que contra los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público relativa es procedente la vía ordinaria mercantil, por ser actos derivados de una cuestión contractual. En apoyo a lo expuesto se trae a colación la parte de la ejecutoria de la cual se generó la jurisprudencia en comento, que en lo que interesa, dice: "QUINTO.- Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación: La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.(7) Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014.(8) La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 75. La ley reputa actos de comercio:. V. Las empresas de abastecimientos y suministros;. XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa-Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual.(9) Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." De acuerdo con el contenido de la ejecutoria en análisis, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Es de esa manera, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, derivan de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de servicios. De lo expuesto derivó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) que a continuación se transcribe: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." No obsta a lo anterior que la parte quejosa sea un Ayuntamiento, porque al suscribir el contrato de energía eléctrica actúa en su carácter de particular y no de autoridad. Por lo tanto, si el corte o suspensión del suministro de la energía eléctrica, deriva del requerimiento de pago, es inconcuso que tal acto deriva directamente de la relación contractual existente entre el Ayuntamiento usuario y la institución federal. Cabe mencionar que tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. De esta manera, la relación que prevalece entre ambas partes es de coordinación, ya que los derechos y obligaciones contraídas de forma recíproca, tienen como origen el contrato suscrito para la obtención del suministro de energía eléctrica. Por tal motivo, no se encuentran satisfechos los requisitos necesarios para determinar que el reclamo constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues la relación que guardan las partes (usuario y el organismo) es de coordinación y no de supra a subordinación, dado que se ubican en un mismo plano como partes contratantes con la finalidad, por un lado, de prestar el servicio y por otro, de obtener el suministro de energía eléctrica. En tales condiciones, al haberse acreditado el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación, con número de registro **********. Y únicamente en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, debido a que no cuenta con cédula registrada en el sistema citado en el párrafo que antecede y a **********, por así haberlo solicitado. PETICIONES Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, así como en el "Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico", publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, los cuales sientan los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza a **********, el ingreso a dicho sistema electrónico con clave de usuario **********, para efectos de consulta en el juicio de amparo en términos amplios; lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable.... "

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