María Griselda Marrufo Hirales
Expediente 857/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 857/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Griselda Marrufo Hirales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, se declara firme el referido proveído. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
(CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL OCHO DE NOVIEMBRE DE 2021, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Agréguese a los autos el ocurso de la quejosa, por el que da cumplimiento al requerimiento formulado el quince de octubre pasado, y al efecto manifiesta que es su deseo señalar como responsable al Actuario adscrito al Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil de Cuantía Menor en la Ciudad de México, en ese sentido, se acuerda: SE DESECHA LA DEMANDA.I. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso ordinal 62 de la ley de la materia2, las causales de improcedencia se estudian de oficio. II. De la demanda de amparo, se advierte que la quejosa se ostenta tercera extraña al juicio 718/2019 del índice del Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil de Cuantía Menor en la Ciudad de México, y reclama todo lo actuado, particularmente, la falta de llamamiento y la orden de embargo de sus cuentas bancarias. Cabe precisar, que conforme a lo asentado en la certificación, este reclamo, guarda una identidad sustancial con lo que se atacó en el diverso asunto 557/2021 de este índice, donde el juez de la causa aclaró posteriormente que se trata de un asunto llevado ante un extinto órgano. No obstante, por volverse a intentar el proceso constitucional en los mismos términos, el suscrito considera que por congruencia y atento a su voluntad iterada de reclamar esos actos, debe mantenerse la litis tal como lo propone la quejosa, preservándose la identidad con lo reclamado en el asunto 557/2021. Al respecto se invoca la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 2 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." III. Dicho lo anterior, se colige que el acto reclamado en los términos en que lo propone la parte quejosa, torna al juicio improcedente por extemporaneidad en su planteamiento, pues no puede ignorarse la existencia del asunto previo radicado en este órgano, donde se reclamó en esencia el mismo aseguramiento, lo que actualiza la causal prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El artículo 18 de la ley de la materia prevé dos supuestos para determinar el día en que ha de iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda, los que se citan a continuación: a) A partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado; b) A partir de aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior se tiene que cuando la parte quejosa se ostente como extraña a juicio y existan elementos objetivos para determinar que tuvo conocimiento del mismo, deberá situársele en el segundo supuesto para computar el término para la presentación de la demanda de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, y que sirve de base para el cómputo del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo. Ello conforme a la jurisprudencia 5, de la Quinta Época, ene. Apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, página 6, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Es decir, debe quedar plenamente probado el momento en el que el particular tuvo conocimiento directo, pues de lo contrario se está partiendo de la presunción de que tuvo conocimiento del acto en determinada fecha sin que tal circunstancia conste fehacientemente. En el particular, la extemporaneidad de la demanda se apoya específicamente en el supuesto que contempla que el término de quince días para la presentación de la misma, se computa a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. El acto reclamado consiste en el llamamiento al procedimiento 718/2019 del índice del Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil de Cuantía Menor en la Ciudad de México, señalando todo lo actuado, particularmente, la orden de embargo de cuentas de las cuales es titular, actos que también fueron reclamados en el diverso amparo 557/2021, donde la misma quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el quince de abril de dos mil veintiuno; y con ese conocimiento de causa, presentó una primera demanda de amparo, que se radicó en este Juzgado Federal. Bajo ese contexto, aun cuando la parte accionante se ostenta tercera extraña y reclama el emplazamiento y el embargo de sus cuentas, se puede establecer fehacientemente que tuvo conocimiento total de su existencia, desde el trece de julio de dos mil veintiuno, pues en esa fecha presentó una demanda previa a la que hoy se desecha, reclamando en esencia lo mismo que trae a la contienda, iterando en ello, aún cuando desde la prevención de este asunto, se certificó la existencia del negocio previo y se le enteró de ello mediante notificación del relativo acuerdo, sin hacer manifestación al respecto, oponiéndose o desconociendo tal cuaderno, lo que permite sostener que desde entonces sabía de la existencia de lo que pretende reclamar. Al efecto se invoca por analogía, el criterio 2a./J. 5/2021 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, página 506, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." Así, el término previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, para que la quejosa promoviera su demanda, debe computarse a partir del día siguiente al en que con certeza se pueda determinar que tuvo conocimiento de lo reclamado, considerando la fecha de presentación de la demanda que originó el diverso 557/2021 de este índice por tanto el término previsto en el ordinal aludido, transcurrió del quince de julio3 al ocho de septiembre, ambas datas de dos mil veintiuno. Al respecto, es aplicable, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Primera Parte, página 71, séptima época, en materia común, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." El computo que se hace, considera desde luego los días inhábiles correspondientes a los días que se trabajó en el fuero común a puerta cerrada, más las vacaciones y los inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Día en que los órganos pares, como sería el juzgado responsable, laboraron a puerta abierta. Al efecto se invoca la tesis I.11o.C.149 C (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, en Materias(s): Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, página 4885, que establece: "NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SÓLO PUEDEN SURTIR EFECTOS LOS DÍAS HÁBILES EN LOS QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LABORE A PUERTA ABIERTA, DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). Hechos: Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió el Acuerdo 05-19/2020, en el cual se estableció que para la atención al público en los órganos jurisdiccionales, éstos funcionarían todos los días hábiles, en forma alternada y sucesiva, por lo cual, un día su actividad se ejecutará a puerta abierta, con atención al público en general y, al siguiente, a puerta cerrada. Se precisó que en las actividades a puerta cerrada, los órganos jurisdiccionales se dedicarían a desarrollar el trabajo judicial y, por regla general, sin atención al público. Con motivo de ello, se autorizó que los términos y plazos procesales correrían normalmente, en el entendido de que si se vencieran cuando el órgano jurisdiccional se encontrara laborando a puerta cerrada, deberían presentar la promoción, escrito o libelo ante la oficialía de partes común respectiva después del horario de labores de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, mediante el diverso Acuerdo V-31/2020, se determinó la suspensión de términos procesales en las Salas Civiles y Familiares, Juzgados Civiles y Familiares de Proceso Escrito y Proceso Oral, así como en los Juzgados Civiles de Cuantía Menor de la Ciudad de México, única y exclusivamente en los días en los que esos órganos jurisdiccionales laboren y desarrollen sus actividades a puerta cerrada; en el entendido de que en los días que se labore a puerta abierta, los términos procesales correrán de forma normal. Derivado de lo anterior, la actora presentó una demanda en la vía oral mercantil y el juzgado respectivo le formuló una prevención; la notificación del acuerdo respectivo se practicó mediante Boletín Judicial en un día en que el órgano jurisdiccional respectivo laboró a puerta abierta. El Juez de origen determinó que la prevención se desahogó en forma extemporánea, pues el escrito respectivo se presentó un día después de fenecido el plazo concedido, en virtud de que la notificación del auto de prevención surtió efectos al día siguiente al en que se practicó; esto es, en un día en el que ese órgano jurisdiccional laboró a puerta cerrada. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las notificaciones en materia civil sólo pueden surtir efectos los días hábiles en los que el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Ciudad de México labore a puerta abierta, durante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Justificación: Lo anterior, pues conforme al artículo 1068 del Código de Comercio, las notificaciones que no deban ser personales de las resoluciones que se emitan en los procedimientos jurisdiccionales mercantiles, se deberán practicar al día siguiente de aquel al en que se emitan. Por otra parte, el artículo 1069 del mismo ordenamiento concede a las partes que intervienen en los procedimientos jurisdiccionales la prerrogativa de designar autorizados que contarán con facultades, entre otras, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Las notificaciones por Boletín Judicial están previstas en el artículo 1068, fracción II, del Código de Comercio y, es aplicable, en forma supletoria, el artículo 125 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, pues el Código Federal de Procedimientos Civiles no regula las notificaciones por Boletín Judicial. Así, conforme al último precepto citado, en conjunción con lo previsto en el artículo 1075, párrafos primero y segundo, del Código de Comercio, las partes, sus autorizados o sus procuradores, tienen el derecho de acudir al tribunal o juzgado a notificarse personalmente el mismo día en que se dicten las resoluciones, y sólo que no lo hagan, el órgano jurisdiccional las mandará publicar en el Boletín Judicial y dicha notificación surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación. Además, conforme a los artículos 1064, 1075 y 1076, primer párrafo, del Código de Comercio, las actuaciones judiciales sólo se pueden llevar a cabo en días y horas hábiles y, de igual forma, los plazos procesales únicamente pueden transcurrir en días hábiles. Lo cual evidencia que si la actividad judicial y los plazos procesales sólo pueden tener lugar en días hábiles, las notificaciones también deberán surtir efectos en días hábiles, pues lo contrario implicaría ir en contra de esa regla general prevista en la legislación adjetiva, la cual se encuentra dirigida a salvaguardar las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acceso a la justicia de los particulares. Por tanto, si el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió acuerdos generales con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), para dar claridad y certeza jurídica a los justiciables y, por ello, determinó que los días en que los órganos jurisdiccionales civiles y familiares laboren a puerta cerrada no debían correr los plazos procesales, es evidente que, por mayoría de razón, los mismos días en que el órgano jurisdiccional laboró a puerta cerrada no pueden surtir efectos las notificaciones practicadas, en cualquier forma, el día anterior. Ello, pues conforme a la citada normativa administrativa, el día en que un órgano jurisdiccional civil o familiar labora a puerta cerrada, para el público justiciable se equipara a un día inhábil, al no poder comparecer al local del juzgado o tribunal a ejercer sus derechos o consultar los expedientes. Por tanto, el hecho de que conforme a la citada disposición administrativa, los funcionarios y empleados judiciales puedan emitir resoluciones y laborar los días en que el órgano jurisdiccional funciona a puerta cerrada, no puede tener el alcance de estimar que en esos días puedan surtir efectos las notificaciones que ese órgano hubiere practicado el día anterior, pues ello sería en demérito de las formalidades esenciales del procedimiento, del derecho de acceso a la justicia y del principio de certeza jurídica consagrados en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la citada normativa administrativa se debe interpretar de acuerdo con los aludidos postulados constitucionales, a fin de salvaguardar el derecho de audiencia de las personas que intervienen en un procedimiento judicial, pues las disposiciones de tipo administrativo que se emiten con motivo de la referida contingencia sanitaria o su interpretación, no pueden tener el alcance de limitar ni demeritar los derechos procesales de las partes, máxime cuando de los referidos acuerdos generales claramente se advierte que su intención fue salvaguardar esos derechos y generar certidumbre a los justiciables." De tal suerte que si del sello fechador estampado por la oficina de correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se advierte que ésta se recibió hasta el trece de octubre de dos mil veintiuno; esto es, después de que feneció el término que la ley confiere a la parte quejosa para la interposición de su demanda, por lo que es claro que su presentación es extemporánea, actualizando la causal de improcedencia respectiva. En consecuencia, por notoriamente improcedente, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al ser extemporáneo su reclamo, de conformidad con el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Al respecto se cita la tesis III.2o. P.255 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, página 3028, con registro 163630, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." Sin que sea óbice a lo anterior, que la quejosa ofrezca otra narrativa de eventos en relación al conocimiento e la orden de aseguramiento de sus cuentas, pues lo cierto es que en los términos que hizo su reclamo en el antecedente 557/2021 y en este caso, se revela que conocía ya de dicho embargo, sin que sea dable renovar la oportunidad para comparecer a la presente instancia, pues se estaría fomentando una ventaja indebida al desconocer el asunto que obra en este órgano. Al efecto se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 6/98 de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, en Materia(s): Común, Página: 95, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." Así como el diverso criterio I.3o.C.94 K (10a.) de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, en Materia(s): Común, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO. SU LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SURGE CON EL PRIMER ACTO JUDICIAL QUE AFECTA SU ESFERA JURÍDICA Y NO SE REGENERA CON ACTOS POSTERIORES. Quien se ostenta como tercero extraño al juicio natural puede promover amparo contra el procedimiento judicial que afecta su esfera jurídica, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, una sola vez, y tiene derecho a que se tramite su acción para que se determine la existencia y tutela del derecho que ostenta; en el entendido de que si lo promueve una vez, con ello agota el derecho a promover otro juicio de amparo con esa calidad, y de no demostrar en la audiencia constitucional, que es donde tiene el derecho a ofrecer pruebas y alegar en los plazos señalados en la ley citada, no lo podrá volver a ejercer; esto es, su legitimación como tercero extraño, para promover el juicio de amparo indirecto, surge con el primer acto judicial que afecta su esfera jurídica y no se regenera con actos posteriores." En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve., por propio derecho, contra actos del Juez, Secretario de acuerdos y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil de Cuantía Menor en la Ciudad de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.".
- Principal
Agréguese el oficio del Juez Vigésimo Sexto Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde informa lo relativo al procedimiento 718/2019 de su índice, el cual se ordena reservar hasta en tanto la quejosa desahogue la prevención decretada en autos. NOTIFÍQUESE.
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