María Griselda González Torres

Expediente 462/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
462/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • María Griselda González Torres
  • Junta Especial Número dos de la Local de Concilición Y Arbitraje, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de ********************, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la ******************** que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/azv

  2. Principal

    R e s u l t a n d o Primero. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el mismo día, en María Griselda González Torres, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra del acto reclamado a la autoridad responsable que a continuación se precisan: Autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad. Actos reclamados "La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, dentro del término que señala el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 5730/2017-2 PRIMERA SECRETARIA (2A), es decir, respetando los plazos y términos previstos por la Ley aplicable.." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. El veintidós de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 462/2021-VIII; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII constitucionales, 1º, 33, 35, 37, 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, dentro del juicio laboral 5730/2017-2, del índice de la Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad. Tercero. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, toda vez que así se desprende de su informe justificado. Cuarto. No obstante la existencia del acto reclamado, no se analizará su constitucionalidad, ya que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de Ley de Amparo. En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado, lo que acontece cuando aquellos se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Ahora, en el caso en concreto, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, dentro del juicio laboral 5730/2017-2, del índice de la Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad. Luego, de las constancias remitidas por las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, mediante oficio con número de registro 18225, al que se le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Pleno de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, relativa al incidente de reposición de autos promovido por la quejosa dentro del juicio laboral 5730/2014-2A, del índice de la autoridad responsable, se declaró repuesto el expediente en mención y se señalaron las trece horas del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada. En ese contexto, dado que posteriormente a la presentación de la demanda de amparo -veintiuno de junio de dos mil veintiuno- la autoridad responsable Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, señaló día y hora para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, dentro del juicio laboral 5730/2017-2, de su índice, es inconcuso que han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la probable violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación de derechos fundamentales alegados, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales condiciones, ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, consistente en la omisión de dar señalar fecha y hora para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, dentro del juicio laboral 5730/2017-2, del índice de la Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Griselda González Torres, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones precisadas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese.Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/azv

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexo que remite el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Asimismo, se tienen como pruebas las documentales que anexa, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. De igual forma, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias anexadas al oficio que se atiende, a fin de que se impongan del contenido de éstas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, no obran las constancias solicitadas a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, relativas al incidente de reposición de autos promovido por la propia quejosa. Atento a lo anterior, toda vez que la autoridad responsable, informó que señaló las trece horas con treinta minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno, a fin de que tuviera verificativo la audiencia del incidente de reposición de autos antes señalada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable antes mencionada, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído o una vez que se resuelva el incidente aludido, remita copia certificada completa y legible de las constancias respectivas a la reposición de autos, o bien manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello, toda vez que resultan necesarias para la resolución del presente juicio, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia y se fijan las doce horas con treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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