Maria Grisela Ulloa Sanchez

Expediente 821/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
821/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
24/04/2018

Partes del expediente

  • Maria Grisela Ulloa Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en el que solicita una prórroga para dar cumplimiento al fallo protector; agréguese a los autos y no ha lugar a proveer de conformidad toda vez que la autoridad oficiante no acreditó llevar a cabo algún tipo de gestión posterior a las ya informadas para el acatamiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, visto el estado de autos, se advierte que la Tesorería Municipal de Guadalajara, Jalisco, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante los requerimientos realizados por este Juzgado de Distrito. Cierto, mediante ejecutoria terminada de engrosar el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: "a) En relación al numeral 44, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2017; I) Para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación de cubrir el pago del derecho por refrendo de licencia para giros dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los términos previstos por la fracción VIII del artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2017, en lo presente y en lo futuro hasta en tanto subsista el vicio de constitucionalidad que motiva la concesión del amparo, y se le haga extensiva la tarifa más benéfica establecida para los giros de su misma categoría, contenida en la fracción XVII de ese precepto, por el monto de $3,251.00 (tres mil doscientos cincuenta y un pesos). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 192846, de título: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". Todas vez que se trata de la prestación de un servicio por parte del Municipio, como lo es el refrendo de licencia, mismo al que corresponde el pago de un derecho; el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar al quejoso del entero relativo en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación en la parte declarada inconstitucional, ya que el vicio de constitucionalidad analizado es atinente a la proporcionalidad y equidad de la contribución, pero no afecta su legalidad. b) En relación los artículos 6, fracción II, y 44, fracción XVIII, inciso a), ambos de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2017; Para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación de cubrir el pago relativo al impuesto para la conservación y mejoramiento del medio ambiente en lo presente y en lo futuro, hasta en tanto subsista el vicio de constitucionalidad que motiva la concesión de amparo". En proveído de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete causó ejecutoria la sentencia en comento y se solicitó el cumplimiento puntual a la autoridad competente para ello: la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. Asimismo, se requirió al Presidente del referido Ayuntamiento, en su calidad de superior jerárquico, para que le ordenara acatar la sentencia de amparo. Tal requerimiento se reiteró en distintas ocasiones, la última de ellas el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, sin que al día de hoy la autoridad demostrara haber realizado gestiones eficaces para cumplimentar la sentencia, denotando una actitud evasiva y contumaz. En el entendido de que en múltiples proveídos se le requirió para que demostrara que acudió a distintos mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, y por otra, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, puede establecer obstáculos al cumplimiento de una sentencia de amparo, por lo que no era suficiente con que acreditara haber realizado su solicitud ante el órgano legislativo competente para que se aprobara la ampliación del presupuesto respectivo, así como distintas medidas incentivas para generar un mayor flujo de efectivo en caja con motivo del ingreso recaudatorio de los contribuyentes. Sin embargo, como se dijo, la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia fue omisa en acatar los lineamientos trazados por este Juzgado Federal. Por tanto, se actualiza el notorio incumplimiento dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193 de la Ley de la materia, dado que la autoridad no justificó la causa del retraso en el cumplimiento de la ejecutoria conforme al tercer párrafo de dicho numeral, sino que, se limitó a reiterar gestiones insuficientes para acatar el fallo constitucional. Efectivamente, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, ha utilizado como argumento principal para la evasión del cumplimiento de mérito primeramente el hecho de que se encuentra agotado el monto aprobado en la partida presupuestal para el pago de sentencias y resoluciones judiciales, y después ha hecho referencia a que no existe un flujo de efectivo en caja que se genere en el momento del ingreso recaudado, el cual se dará durante el transcurso del ejercicio fiscal, razón por la cual no está en aptitud de hacer frente al pago de la condena judicial decretada en autos. Por consiguiente, en acuerdos de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se indicó a la autoridad encargada del cumplimiento que las circunstancias alegadas no le excusan de acatar una ejecutoria de amparo, ni pueden tener el alcance de dejar incólume la violación de derechos ocasionada a la parte quejosa, y se le conminó a tramitar un ajuste en sus partidas presupuestales para destinar recursos específicamente para el pago al quejoso, concediéndole un plazo considerable para que demostrara las gestiones conducentes, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, con apoyo en la tesis aislada P. XXI/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 187078, de título: "SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JEFES DELEGACIONALES DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁN FACULTADOS PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS PARA ASUMIR LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO"; así como diversa con número P. XIX/2002, sustentada por la misma Instancia, con registro 187084, de rótulo: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, COMO CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE AQUÉLLAS, NO ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE GESTIONE Y OBTENGA LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE". Así las cosas, a la fecha en que se emite el presente acuerdo, no existe evidencia de que la responsable hubiere realizado adecuaciones en sus partidas presupuestales con el fin de obtener los recursos necesarios para hacer frente a la sentencia dictada por el tribunal superior, no obstante que se le ha requerido para ello en diversas ocasiones. Por el contrario, las manifestaciones de la autoridad denotan su renuencia de acatar puntualmente el fallo protector. Se dice lo anterior, ya que si bien el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, ha informado que no existe un flujo de efectivo en caja que se genere en el momento del ingreso recaudado, el cual se dará durante el transcurso del ejercicio fiscal, por lo que no cuenta con la suficiencia presupuestal requerida para enfrentar el pago de emolumentos a la parte quejosa; lo cierto es que las circunstancias anotadas de ninguna manera le excusan de cumplir el requerimiento hecho por este Juzgado de Distrito, pues, se insiste, no puede dejarse incólume la violación de derechos ocasionada con su actuar. Máxime, al haberse establecido en este asunto los lineamientos precisos para obtener una cantidad líquida, cierta y determinada, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, lo cual se traduce en una obligación lisa y llana, cuyo cumplimiento y eficacia no se encuentran condicionados a que la autoridad responsable gestione y obtenga la partida presupuestal destinada específicamente para su pago, ni que exista un flujo de efectivo en caja para cubrir con dichos pagos, ni a que los órganos encargados autoricen dichos recursos. Es así, porque existe una responsabilidad del Estado en la satisfacción de los deberes esenciales para restituir al gobernado en el goce de los derechos fundamentales transgredidos. Entendido esto como la obligación ineludible de un órgano del poder público de restituir el perjuicio patrimonial o económico causado a uno de sus gobernados con motivo del indebido ejercicio de la actividad que desempeña, responsabilidad que va más allá de los trámites efectuados para obtener una asignación presupuestaria específica a fin de obtener el pago del débito, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades, sino al imperio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De no ser así, bastaría con que las responsables gestionaran debidamente ante las autoridades competentes (vinculadas al cumplimiento) el otorgamiento de la partida presupuestal correspondiente, para quedar exoneradas de la aplicación de las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la propia Constitución Federal, aunque aquella no se otorgara, lo cual permitiría tanto a la autoridad obligada al pago como a aquella que debe autorizar el presupuesto de una oficina gubernamental (vinculada), encontrar un mecanismo para evadir el cumplimiento de una resolución que condene a pagar ciertas cantidades, al grado de que ésta quedara permanentemente incumplida, en detrimento del servicio de administración de justicia y de los derechos fundamentales de los gobernados. Sin duda, bajo tal perspectiva ha sido improcedente tener a la autoridad acatando puntualmente la sentencia de amparo, dado que sus efectos aún no están acabados, ni tampoco ha sido procedente desvincularla del cumplimiento, porque en razón de sus funciones le compete realizar los actos tendentes a dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios y pagar a la parte quejosa las prestaciones determinadas en la resolución pronunciada por este Juzgado de Distrito. Entonces, las manifestaciones que hasta el momento ha realizado la autoridad responsable y la renuencia a cumplir lo solicitado por este Juzgado Federal, denotan una actitud evasiva y contumaz para dar cumplimiento al fallo protector, lo que evidencia el notorio desacato dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193 de la Ley de la materia; sin que sea excusable el retraso del cumplimiento conforme al tercer párrafo de dicho numeral, sino que, la autoridad se niega expresamente a hacerlo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se hacen efectivos los apercibimientos decretados en los proveídos de veintiocho de septiembre y veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, y se ordena remitir los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para la tramitación del INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA correspondiente. Además, se impone al Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, así como al Presidente Municipal del Ayuntamiento de ese municipio una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la ley de la materia. Ahora bien, para continuar procurando el cumplimiento de la ejecutoria, como lo ordenan los artículos 192 y 193, quinto párrafo, de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada al cumplimiento Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, demuestre el cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello. Con el apercibimiento que de no acatar lo anterior, en el lapso indicado, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a la cantidad señalada en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194, de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, superior jerárquico de la autoridad vinculada al cumplimiento, para que le ordene cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita constancia fehaciente de que lo hizo. Apercíbase que de no hacerlo así, esto es, no demostrar que dio la orden, dentro del plazo indicado, sin causa justificada, se hará efectiva la multa impuesta en los términos señalados en el párrafo que antecede. A efecto de practicar las actuaciones subsecuentes, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas de las constancias suficientes para su debida integración.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y, en atención a lo que solicita, remítansele los tomos de prueba formados en el presente asunto, así como copia certificada del oficio SEA/CAR/AR-ZAP/2279/2017; lo anterior, a efecto de que esté en posibilidades de resolver la queja 27/2018 de su índice.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual realiza manifestaciones respecto del requerimiento de uno de marzo de dos mil dieciocho; agréguese a los autos para que obre como corresponda y dígasele que deberá de estarse a lo acordado en auto de doce de marzo de dos mil dieciocho en el que se le hizo diverso requerimiento.

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