Maria Gricelda Rivera Ramirez

Expediente 1305/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1305/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Maria Gricelda Rivera Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Juicio de Amparo 1305/2021-VII-C En catorce de julio de dos mil veintidós, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de julio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio y negó la protección constitucional, que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se aperturó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con diez minutos del once de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jerson Roberto Jara Flores, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito, y las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO 296/2021 PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, remitido a este Juzgado Federal, María Gricelda Rivera Ramírez, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "III. Autoridades Responsables.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza.--- Gobernador Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila dé Zaragoza.--- Administrador Fiscal del Estado, de la Administración Fiscal General, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza con residencia en la ciudad de Saltillo.--- Administrador Local de Recaudación de Torreón, de la Administración Fiscal General órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.--- IV. Actos Reclamados. --- 1) Del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza se reclama la aprobación y expedición del Decreto número 923, por el que se reformaron los artículos 54 fracción II, y 60 fracción II numeral 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza el 30 de diciembre de 2020 así como la aprobación y expedición del Decreto 541, por lo que respecta a los artículos 186, 187 y Tercero Transitorio por el que se creó la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza el 25 de noviembre de 2011, artículos que también se tildan de inconstitucionales. --- 2) Del C. Gobernador Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se reclama la promulgación del, Decreto número 923, por el que se reformaron los artículos 54 fracción II, y 60 fracción II numeral 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza el 30 de diciembre de 2020 así como la promulgación del Decreto 541, por lo que respecta a los artículos 186, 187 y Tercero Transitorio por el que se crea la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza el 25 de noviembre de 2011, artículos que se tildan de inconstitucionales. --- 3) Del C. Administrador Fiscal del Estado, de la Administración Fiscal General, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila, se reclama la posible ejecución, cobro y recibo del pago de los derechos de registro; en base a la aplicación de los artículos 54 fracción II, y 60 fracción II, numeral 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente al momento del pago, artículos relativos a los servicios prestados por el Registro Público relativos a la propiedad, por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, por el periodo 2021, conceptos, 1521407, y 1521414, que según la manifestación verbal de la autoridad responsable en mención, corresponde al artículo, fracción y numerales antes mencionados de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza descrito como "Inscripción o Transmisión y/o Inscripción o Modificación de Crédito", así como la aplicación de los artículos 186, 187 y TERCERO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. --- Así mismo se le reclama la participación directa o indirecta en la determinación del importe a pagar de conformidad a las cantidades que arroja el quejoso en el sistema de la autoridad y éste desglosa el "Importe Contribuyente". --- 4) Del C. Administrador Local de Recaudación de Torreón, de la Administración Fiscal General Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, se reclama la posible ejecución, cobro y recibo del pago de los derechos de registro; en base a la aplicación del artículos 54 fracción II, y 60 fracción II, numeral 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente al momento del pago, artículos relativos a los servicios prestados por el Registro Público relativos a la propiedad, por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, por el periodo 2021, conceptos 1521407 y 1521414 que según la manifestación verbal de la autoridad responsable en mención, corresponde al artículo, fracción y numerales antes mencionados de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza descrito como " Inscripción O Transmisión y/o Inscripción o Modificación de Credito así como la aplicación de los artículos 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. --- Así mismo se le reclama la participación directa o indirecta en la determinación del importe a pagar de conformidad a las cantidades que arroja el quejoso en el sistema de la autoridad y éste desglosa el "Importe Contribuyente". --- Autoliquidación de los Derechos de Registro en base al artículo artículos 54 fracción II, 60 fracción II numeral 3), 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila vigente al momento del pago, relacionado con los decretos señalados con antelación en los numerales ." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto se violaron, son los contenidos en los artículos 14, 16, y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1305/2021-VII, asimismo, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación, entre otras cosas. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. Se invoca, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, enero de 2003, página 324, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) En ese sentido, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Del Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo. 1. La aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de los artículos 54, fracción II, 60, fracción II, inciso 3), 186, 187 , y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021. Del Administrador Fiscal General y del Administrador Local de Recaudación con residencia en esta ciudad. 2. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenidos en los recibos electrónicos con números de referencia 765630016 y 765629992, fechado el tres de octubre de dos mil veintiuno, a nombre de la peticionaria de amparo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos. La autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de Torreón, por sí y en suplencia del Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila, aceptó la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aplicación de las normas impugnadas. En el caso, aunque dichas autoridades reconocieron los actos en cuestión, tal afirmación se desvirtúa con la propia naturaleza de dichos actos, ya que estos estriban sobre el cobro de derechos, lo que, desde luego, no derivó de las facultades de las precitadas autoridades sino de la voluntad de la parte quejosa al momento de pagar los derechos por inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad. Se dice esto, pues la erogación realizada por la parte quejosa fue espontánea, sin que ello implicara la participación de las mencionadas autoridades responsables, en uso de sus facultades de verificación, inspección y requerimiento en materia de contribuciones o de la exigibilidad de un crédito fiscal en forma coactiva, ya que el pago por concepto de derechos obedece a las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente derivada de la propia ley, y no de algún requerimiento formulado por las autoridades en comento, es decir, la parte quejosa simplemente se autoaplicó los dispositivos cuestionados, pues su reclamo es de naturaleza heteroaplicativa. Cuestión que se corrobora con los recibos electrónicos con números de referencia 765630016 y 765629992, documentales cuyo valor probatorio es pleno, en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, materia común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". Es aplicable la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, página 433, tomo VI, julio de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Bajo esa óptica, deben tenerse como inexistentes los actos reclamados a las autoridades referidas en este considerando, sin que deba desestimarse ese hecho para acreditar la aplicación de las leyes impugnadas, ante la salvedad precisada, debe decretarse el sobreseimiento del juicio respecto de ellas, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, al rendir sus correspondientes informes justificados, reconocieron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de los preceptos cuestionados, respectivamente, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Ahora, con relación a la existencia de los dispositivos que la parte quejosa tilda de inconstitucionales, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por lo anterior, al no haber duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de la legislación y su aplicación atacada por la parte quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, las autoridades responsables Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, y Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, al rendir sus informes justificados invocaron la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues aducen que las pruebas de la parte quejosa no son idóneas para acreditar el acto de aplicación de la norma, dado que exhibieron formatos de pago y no los comprobantes de liquidación en institución bancaria. Al respecto, son infundados los motivos de improcedencia invocados por las autoridades en comento, pues basta observar las constancias del juicio para advertir que los quejosos sí exhibieron documentos idóneos para justificar el acto de aplicación, pues en el caso, allegaron los recibos electrónicos con números de referencia 765630016 y 765629992, expedidos por la Administración General de Recaudación, los cuales cuentan con la clave de autorización estatal que garantiza la procedencia de los mencionados recibos digitales, como si se trataran de los documentos con firmas autógrafas, según lo dispone el artículo 16 del Código Fiscal del Estado de Coahuila; por ende, los indicados recibos tienen plena validez para acreditar el pago de las contribuciones reclamadas, por lo que gozan de valor probatorio en términos de los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis I.7o.A.410 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXII, octubre de 2005, página 2471, que dice lo siguiente: "RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión." En otro entorno, este juzgador advierte oficiosamente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, concerniente al acto de aplicación de los artículos 186, 187 y Tercero Transitorio, todos de la legislación fiscal, toda vez que no se demostró su aplicación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, por lo que debe entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad. La procedencia del juicio de amparo en contra de una disposición general, desde el momento mismo de su expedición, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, la presencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Pues bien, la parte quejosa reclama:  La inconstitucionalidad de los artículos 54, fracción II, 60, fracción II, inciso 3), 186, 187 y Tercero Transitorio, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en los recibos de pago de tres de octubre de dos mil veintiuno, identificados con los números de referencias 765630016 y 765629992, correspondiente a la inscripción de una operación de transmisión de dominio de bien inmueble y otras de registro de crédito; documentales que se adjuntaron a la demanda de amparo. No obstante ello, las referidas documentales únicamente acredita la incidencia en la esfera jurídica de la parte quejosa, respecto de los artículos 54, fracción II y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, esto es, el pago de derechos por inscripción de las operaciones mencionadas en el párrafo que precede. Sin que al efecto se advierta la aplicación de las hipótesis contenidas en los artículos 186, 187 y Tercero Transitorio de la legislación fiscal en comento, en tanto que dichos numerales se refieren a diversas contribuciones que no aparecen aplicadas en los precitados recibos de pago. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, y por ende, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, respecto a los artículos 54, fracción II, 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 3ª./J. 9/94, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo 76, abril de 1994, página 17, que señala lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica". Toda vez este juzgador no advierte otra causal de improcedencia, ni otra hecha valer por las autoridades responsables, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Pues bien, la parte quejosa expone medularmente los siguientes conceptos de violación: 1) La cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) establecida en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, para el ejercicio 2021 contienen un elemento ajeno al costo que representa al estado el servicio que otorga, por lo que violan los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. 2) Que para determinar una parte del costo del servicio de inscripción de documentos se toma en cuenta el tipo de operaciones a registrar, lo que genera diversas cuotas por un mismo servicio, por lo que no se atiende al costo real del servicio prestado por el Estado. 3) Que la cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) por servicios del Registro Público, es desproporcional y excesivo con relación al costo del servicio. Son inoperantes e infundados los anteriores motivos de disenso, cuyo examen atenderá principalmente a la temática que plantea cada uno de ellos, de conformidad con los siguientes apartados. I. INTRODUCCIÓN DE UN ELEMENTO AJENO PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL PAGO DEL DERECHO. En efecto, son infundados los dos primeros argumentos hechos valer por la promovente del amparo, consistentes en que los numerales impugnados de la Ley de Hacienda de Coahuila, contemplan un elemento ajeno para la determinación del derecho por el servicio de inscripción de documentos. Para demostrar esa aseveración, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos deben fijarse de acuerdo con el costo que para el Estado represente el servicio administrativo que presta a los particulares, de modo que las cuotas impuestas para los derechos deben ser fijas e iguales para todos aquéllos que reciban el mismo servicio. Dicho razonamiento se encuentra inmerso en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen 169-174, Primera Parte, página 23, registro digital 232409, con rubro: "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS." De tal manera que, cuando la cuota correspondiente no atienda exclusivamente a la relación entre el costo del servicio y la cuota misma, sino a un elemento extraño al servicio -monto de la operación, medidas de un bien, tipo de documento a registrar, entre otras-, se estaría en presencia de la violación a los principios de proporcionalidad y equidad. Pues en tal situación fáctica, los contribuyentes enterarían mayor o menor cantidad de numerario en dependencia directa de ese elemento extraño incorporado a esa relación de correspondencia íntima entre el costo del servicio y la cuota, originando que por un mismo servicio se cobren cantidades distintas. Situación que en el presente asunto no se actualiza, pues atento al contenido de los numerales 54 fracción II, inciso 1), y 60 fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, correspondiente el ejercicio fiscal de 2021, se advierte que dichos preceptos no introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho, (como es el valor de lo que ha de inscribirse), toda vez que el legislador local estableció expresamente una cuota fija para el cobro por derechos del servicio de inscripción de documentos relativos a la propiedad y créditos de cualquier clase, a razón de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). Para mayor ilustración, se transcribe el aludido precepto cuyo tenor es el siguiente: "ARTÍCULO 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado." "ARTÍCULO 60. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (.) II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: (.) 3). La inscripción actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración." En efecto, los preceptos transcritos revelan que el legislador coahuilense estableció el costo de $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional) como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de inscripción de documentos relativos a la propiedad de inmuebles y registro de créditos, siendo que dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio. Por tanto, al fijar una cantidad para todos los casos en donde se solicite el registro de alguna de las hipótesis contempladas en los numerales impugnados, se cubrirá la misma cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.). Lo que se afirma al analizar los recibos de pago 765630016 y 765629992 de tres octubre de dos mil veintiuno, expedidos a nombre de los quejosos, de los que se aprecia que se estableció como cuota fija la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de "INSCRIPCIÓN O TRANSMISIÓN ART. 54 FRACC II LEY DE HACIENDA", e "INSCRIPCIÓN O MODIFICACIÓN DE CRÉDITO ART 60, FRACC II LEY DE HACIENDA." En efecto, la parte quejosa parte de una premisa equivocada, puesto que, se insiste, de la lectura de los citados preceptos, se advierte que el derecho por servicios de inscripción de documentos relativos a la propiedad y el comercio no se cobra con base en algún elemento ajeno, sino que el legislador estableció una cuota fija. De tal manera que si la tarifa que se le cobró a la parte quejosa como derecho por el servicio de inscripción de documentos referentes a la propiedad de inmuebles y registro de créditos, no atiende a un elemento ajeno para la cuantificación del citado pago, como es el valor de lo que ha de inscribirse, es inconcuso que los preceptos impugnados no adolecen del vicio de inconstitucionalidad aducido por la promovente. En las condiciones anotadas, como se mencionó son infundados los dos primeros conceptos de violación en que señalan que dichas contribuciones transgreden los referidos principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL ESTABLECER LA CUOTA PARA EL PAGO DE DERECHOS POR SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS. Por otra parte, es inoperante el concepto de violación reseñado en el numeral 3, referente a que el costo por el servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad es desproporcional y excesivo, al no presentar prueba alguna que acredite su manifestación. En el caso, los solicitantes del amparo fueron omisos en aportar medios de convicción, a fin de acreditar que el monto por el servicio de inscripción de documentos, previsto en los preceptos 54 fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda de Coahuila, es superior al costo que tiene en el mercado, pues únicamente exhibieron como probanzas las documentales consistentes en los recibos electrónicos 765630016 y 765629992, los cuales, si bien tienen valor probatorio al contener el sello digital que acredita su autenticidad, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, no son la prueba idónea para que en el presente juicio se configure un parámetro que permita a este juzgador determinar si, efectivamente, existe o no un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio. En efecto, como lo señala el máximo Tribunal del país la sola afirmación de que el monto por el servicio del derecho es desproporcionado no basta para que este juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar si el argumento en que sustenta el quejoso su solicitud de amparo resulta cierto o no, pues no es acorde con la función jurisdiccional. El referido criterio fue sustentando por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2005254, con el contenido siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen." En consecuencia, toda vez que los conceptos de violación expresados por la parte quejosa fueron calificados como inoperantes e infundados, es que, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, para el ejercicio fiscal 2021. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por María Gricelda Rivera Ramírez, por los motivos expuestos en el considerando tercero y la parte conducente del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Gricelda Rivera Ramírez, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado porque no obran las constancias de notificación practicadas a las autoridades foráneas, respecto del acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, por el que se reactivó la secuela de este procedimiento. Imposibilidad. En ese sentido, considerando que la reanudación no puede surtir efecto hasta que todas las partes estén debidamente notificadas de la misma, se estima que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día hoy. Ello, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual no aparece notificado para las autoridades responsables. Diferimiento. Por tal motivo y para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las nueve horas con diez minutos del once de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a tres de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra en autos la constancia de notificación de la quejosa María Gricelda Rivera Ramirez, respecto del proveído de diecinueve enero de dos mil veintidós. En tales condiciones, instrúyase al actuario adscrito a este juzgado para que realice de inmediato la diligencia correspondiente. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las once horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese.

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